Andalucía

El negocio con los menores en las pateras

  • El Defensor coordina los trabajos para dar visibilidad a los niños que llegan de manera irregular a las costas andaluzas.

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Doris llegó a las costas españolas en una patera tras haber pasado cuatro años en Marruecos. Allí dio a luz a sus dos gemelos, Emmanuel y Lucky. Cuando dejó Nigeria no pensaba que en en el norte de África su única forma de subsistencia sería la mendicidad. Un día un hombre le propuso pagar su viaje y el de sus bebés a España a cambio de que uno de los pequeños viajara en brazos de Joy, otra mujer que iba a viajar en la misma patera. Doris accedió y al llegar a España las dos mujeres, cada una con un bebé, fueron separadas y enviadas a centros de acogida diferentes.

Días después, Doris recibió la llamada de una mujer, que decía ser la hermana de Joy, que le dijo que tenía que ir a recoger a Lucky a una ciudad del sur de España. Poco después recibió otra llamada de la misma mujer que le decía que su hijo estaba ahora en otra ciudad muy alejada de la anterior. Doris tuvo miedo, pensó que nunca volvería a ver a su bebé y decidió contar la verdad a la asociación que se hizo cargo de ella a su llegada a la península, quienes la acompañaron a presentar una denuncia en la Comisaría de Policía.

Ésta es una de las historias reales que recoge el informe del Defensor del Pueblo estatal La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, un documento que vino a estudiar y denunciar una práctica que afecta, especialmente, a la inmigración irregular que llega a las costas andaluzas y en el que los menores son los eslabones más frágiles de esta cadena.

Aunque este documento tiene fecha de 2012, las denuncias de las ONG que trabajan día a día con muchos de los subsaharianos que entran por la frontera sur, caso por ejemplo de Cruz Roja se remontan a 2008. Por fortuna, los trabajadores de estos centros, que cuentan con plazas concertadas con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la acogida humanitaria de personas en situación irregular, entre ellas madres y menores a su cargo o los llamados MENA (Menores Extranjeros No Acompañados), han sido los testigos de la evolución de la inmigración en España (de la afluencia magrebí a la migración subsahariana) y los primeros que han indentificado a las víctimas de las mafias de trata que operan en España.

Desde finales de 2007, con la llegada de las primeras pateras con mujeres y menores -antes, fundamentalmente sólo migraban varones- "Cruz Roja alertó que esos niños que entraban en el país no estaban siendo reseñados, entendiendo por esto el registro de una huella, una fotografía, la asignación de un NIE (un número de identificación de extranjeros) o la filiación con el adulto que lo trae", explica Rosa Flores, coordinadora de Cruz Roja y referente nacional en la trata de menores. "Vimos situaciones muy preocupantes: madres que venían a los centros reclamando niños que supuestamente habían cruzado en pateras con otras mujeres o mujeres que no reconocían quién era su hijo cuando había grupos grandes en los centros... Y todo ello con el agravante de que estos niños no existían para España porque no se le estaba registrando a su llegada y por tanto su suerte era desconocida".

Esta invisibilidad ha sido así hasta el año 2013. Cinco años de llamadas y reuniones por parte de varias ONG con el Defensor del Pueblo y la Fiscalía dieron como resultado que la existencia de estos niños quedara reflejada en el informe Víctimas Invisibles que, en buena medida, ha servido de guía para corregir este agujero del sistema social y prevenir gravísimas amenazas para los menores como la de ser objeto de malos tratos, explotación sexual, pornografía infantil o adopciones ilegales, entre otros peligros.

Por pura naturaleza geográfica, Andalucía, junto con Ceuta y Melilla, es hoy un punto caliente de entrada de inmigración, de ahí que haya sido uno de las comunidades que más ha trabajado por coordinar el diálogo entre administraciones para dar una respuesta clara y de alguna forma para establecer unas buenas prácticas sobre la que puedan trabajar otras comunidades, explican desde la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz que dirige Jesús Maeztu, encargado también de la Defensoría del Menor.

En junio de 2013, se realizó la primera reunión en Madrid, con la Oficina de Soledad Becerril, en la que intervinieron también los técnicos de Ceuta y Melilla a la que siguieron equipos de trabajo con la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Junta de Andalucía, las Corporaciones locales y las ONG. Estos esfuerzos derivaron en marzo de este año, según el Defensor andaluz, "en un perfil de protocolo muy definido de lo que debía trabajar cada uno y el margen de maniobra" y aunque todavía está pendiente de aprobación por parte de los máximos responsables de estas administraciones "la voluntad de aunar esfuerzos está" y, de hecho, desde que se inició este trabajo coordinado los niños que entran por una frontera no habilitada "están perfectamente reseñados y no son invisibles", celebran desde el departamento de Maeztu. Esto incluye el registro dactilar, la activación del NIE y la vinculación paterno-materno filial a través de las pruebas de ADN (por extracción de saliva), de manera que "no se dé por bueno sin más que alguien que diga ser el padre/madre de un niño que llegan en patera se lo lleve", apunta Flores. Por contra, si la prueba de ADN es positiva aunque la inmigrante y su hijo no estén regularizados sí que podrán contar con un certificado de maternidad, "que sirva de garante de los derechos de la madre y su hijo a efectos de colegios o servicios sanitarios", aclara la trabajadora de Cruz Roja, que ejerce su labor a diario en Puente Genil.

Tan avanzado está este protocolo marco en Andalucía que "ya se ha declarado la situación de riesgo en algunos menores y a otros se les ha aplicado la situación de desamparo, tras la cual la madre ha confesado que es víctima de trata", explican desde la Defensoría del Pueblo en Andalucía sobre casos que ya está en conocimiento de la Fiscalía, la Policía y el servicio de Protección de Menores.

Ése es el gran reto y donde, según Flores, "queda mucho trabajo por hacer", porque "el protocolo no busca sólo combatir el tráfico de menores sino el de sus madres, que son víctimas de explotación sexual", porque "aunque las pruebas de ADN fueran positivas, cuando la red reclama el pago de la deuda, esas mujeres van a tener que ejercer la prostitución. Si las madres están en las calles, ¿dónde están esos niños? Están con las redes, a cargo de una madame ", eso, cuenta Flores, es lo que nos llega de la Policía y de otras mujeres víctimas que han estado o están en el mercado de la prostitución.

E insiste en la vinculación contra su voluntad de estas mujeres con las mafias. "No es cuestión de criminalizar a estas madres, de decir si son buenas o malas con sus hijos. El problema es que están siendo chantajeadas y que ellas no son las que deciden, nunca lo han hecho, ni en su país de origen, ni en el tránsito de la migración ni ahora: es la red la que le dice ahora cruza, ahora quédate embarazada, ahora aborta en la frontera de Marruecos y ahora te volvemos a dejar embarazada", insiste sobre los relatos de agresiones sexuales que lleva escuchado de estas inmigrantes todos estos años.

Las respuestas ante un drama nuevo -complejo y cambiante como son las redes de tratantes- no son automáticas y mucho menos son rápidas cuando se trabaja con los tiempos y los corsés de la Administración. Y aunque en el informe Víctimas invisibles se indica que "se ha podido constatar un creciente compromiso de las autoridades públicas", el testimonio de una víctima incluido en este documento da la medida de lo alejada que está todavía la respuesta pública ante el drama: "Cuando denuncié era viernes y no tenían dónde meterme". Flores lo resume: "Debemos articular mecanismos flexibles y ese es un reto. La Administración está acostumbrada a trabajar con un marco muy garantista para los menores pero no da respuesta ágil a este tipo de situaciones".

Para ello, según la Oficina del Defensor, se quiere trabajar especialmente la respuesta que deben dar los técnicos de asuntos sociales de las corporaciones locales de las ciudades en las que Cruz Roja -gran motor de esta movilización contra la trata- tiene centros de ayuda humanitaria: Utrera, Sevilla, Algeciras, Puente Genil y Motril.

Para atajar esta falta de respuesta y analizar los casos, el jueves 26 se celebra en Sevilla (Centro Cultural Cajasol) la jornada de Concienciación y sensibilización sobre la trata de menores, una actividad organizada por el Área de Menores y Educación del Defensor del Pueblo andaluz que contará con la participación de la citada coordinadora de Cruz Roja, Rosa Flores, para hablar junto a responsables de Unicef y Andalucía Save the Children del papel de las ONG en la protección de los menores. La estrategia europea sobre los derechos de la infancia, el tránsito migratorio de mujeres y menores en situación de trata o el papel de las administraciones son algunos de los temas que se abordarán con varios expertos que tienen un mismo objetivo que aquí resume Rosa Flores: "Como sociedad de un estado de derecho que somos debemos ser garantes de que esos niños van a estar en un entorno seguro". Ése es el reto.

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