Andalucía

Tres nuevos imputados por los "contratos irregulares" de la Faffe

  • El ex director de Consultoría Pública y un ex gerente provincial, entre los nuevos investigados

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La juez María Núñez Bolaños, que investiga las presuntas irregularidades en la macrocausa de los cursos de formación, ha citado a declarar para el mes de octubre a otras tres personas en relación con los contratos "irregulares" que por importe de 9.465.332 euros realizó la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). En esta causa, en la que están imputadas actualmente 23 personas, la instructora ha citado a declarar el próximo 11 de octubre a Juan Carlos Díaz Macías, que fue director de Consultoría Pública en la Faffe, y a José Antonio Vargas Reyes, ex gerente provincial de Faffe en Sevilla, mientras que el tercer investigado es José Cervilla Real, según una providencia de la magistrada que tiene fecha del 4 de abril y en la que atiende a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción en este sentido.

En la misma resolución, la juez acuerda reclamar a la Dirección General de Formación para el Empleo el expediente digitalizado de los distintos reintegros incoados contra la Faffe, y así como que informe de los trabajos de justificación y liquidación previo a la integración de la Faffe en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). También solicita a esta misma dirección que informe sobre el "estado en el que se encuentran las subvenciones y del resultado de la revisión de los mismos por parte del grupo de trabajo formado en la propia dirección general y que fue acordado" en un auto de enero de 2015.

Con anterioridad, Bolaños había imputado ya a 23 personas en la investigación de la Faffe, entre las que se encuentran el ex director general de la Faffe Fernando José Villén Rueda; el ex director de organización y sistemas de la Faffe Joaquín Morales Martínez; el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado; o el ex alcalde de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres García (PSOE), todas ellas también a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que aprecia delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

A juicio de la Fiscalía Anticorrupción, del informe elaborado por la Guardia Civil se desprende "con carácter de probabilidad o verosimilitud que la fundación habría adjudicado la mayoría de los contratos tramitados entre los años 2008, 2009 y 2010 mediante procedimientos de adjudicación simplificados, adjudicación directa, general y simplificados con y sin publicidad, que según la norma tendría carácter excepcional".

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