El Presupuesto de la Junta de 2024 apenas cubre el gasto de personal comprometido en el proyecto enviado al Parlamento. Esta debilidad es, especialmente, grave en el caso de la Consejería de Salud, ya que debe atender a los incrementos salariales previstos, a un aumento de plantilla de 5.101 plazas y al exceso de gasto arrastrado en 2023. Hasta el mes de agosto de este año, el conjunto de la Junta se ha visto obligado a modificar su presupuesto de personal en 200 millones de euros más. Salud es el segundo departamento de la administración autonómica en materia de personal, son 101.000 trabajadores que se contratan, en su casi totalidad, a través del SAS.

Hasta agosto de 2023, fecha del último informe de la Intervención General del Estado, la Junta había tenido que gastar 200 millones de euros más en personal, un dinero que se obtuvo de modificaciones presupuestarias a costa de otras partidas. Ésta, que es una práctica común en años de escasez, se suele hacer a costa de capítulos como la inversión. Suelen ser gastos que se consolidan y que, por tanto, influyen en el presupuesto siguiente, de no ser que se recorte plantilla.

El proyecto de la Junta no incluye una reducción de personal en la Consejería de Salud, sino una ampliación por consolidación de 5.100 sanitarios. Además, hay un aumento salarial previsto para toda la plantilla del 2%, al que se sumará otro 0,5%, ambos son un cumplimiento obligado del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. Sólo esos dos conceptos llevarían a Salud a tener que aumentar su gasto en un 5,3%, según varios expertos en redacción presupuestaria consultados por este medio. El porcentaje podría ser, incluso, más alto si se tuviesen en cuenta los excesos de gasto de 2023. Pero lejos de eso, el presupuesto del personal sanitario sólo sube un 3%, inferior al del conjunto de la Junta. El total de la administración andaluza, sin embargo, sube al 5,4%.

La Junta tendrá contratados en 2024 a 209.000 personas, el gasto de las nóminas asciende a 15.591,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4%. Sin embargo, el incremento del personal sanitario sólo es del 3%, a pesar del aumento prometido, y presupuestado, de la plantilla. A la pregunta de cómo se encajará eso en las cuentas, algunos expertos sostienen que sólo hay dos formas: o la ampliación de plantilla no es real o el dinero se obtendrá de otras partidas de la administración andaluza. Los sindicatos suelen tener bastante información de los puestos de SAS; de hecho, son ellos quienes ha explicado que hay hasta 7.000 empleos derivados del Covid que no tienen reflejo en las cuentas, por lo que es poco probable que la ampliación de los 5.100 no se produzca.

Salud tendrá contratados en 2024 a 101.000 empleados, en su mayor parte adscritos al SAS. Es la segunda consejería en número de trabajadores, ya que Educación llegará a los 107.000 docentes. En este caso, el Presupuesto sí recoge que el número de docentes bajará en 540 personas, a pesar de que el Gobierno andaluz ha anunciado que contratará a 1.150 nuevos maestros. Sea como fuere, el proyecto de ley no contempla una ampliación de la plantilla en ese número.

El Gobierno andaluz viene cumpliendo con las exigencias de déficit marcado o sugeridos por el Ejecutivo central, por lo que las ampliaciones de gasto se han realizado a costa de quitar dinero de otras partidas. Para 2024, el déficit previsto es del 0,1% e, incluso, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que podría cerrar con un superávit del 0,6% debido al aumento de los ingresos.

Para cumplir con el pago de las nóminas y sus subidas, algo que no entra en discusión, el Gobierno andaluz tendrá que detraer fondos de otras partidas. Por lo general, el capítulo de inversión suele ser el más afectado en caso de apuros y eso explica en muchas ocasiones por qué la ejecución de estas partidas suele ser tan baja. 

El proyecto de Presupuesto de 2024 ya ha sido enviado al Parlamento andaluz. Se debe aprobar antes de que finalice el mes de diciembre próximo, para lo que el PP no tendrá ningún problema porque goza de una mayoría absoluta en la Cámara. Como no hay proyecto a nivel estatal ni techo de gasto aprobado, las comunidades autónomas han tenido que calcular el aumento de los ingresos por medio del incremento del 2% previsto de la economía española. La Airef ha validado este incremento en el caso andaluz, que también es de dos puntos porcentuales.