¿Qué protocolo forense se sigue para la identificación y entrega de cadáveres en Andalucía?

La Consejería de Justicia ha abierto una investigación por la confusión de dos cadáveres en el Instituto de Medicina Legal y Forense (IML) de Cádiz. Allí fue llevado el cuerpo de Antonio González, un malagueño que sufrió un infarto cuando se encontraba en casa de una familiar en Jerez de la Frontera hace unos días. La voluntad de su familia era inhumarlo en el cementerio de Rincón de la Victoria junto a su madre, según declaraciones de su hija Alba para Málaga Hoy, sin embargo, su cuerpo fue incinerado al confundirse su cadáver con el de una mujer.

Un error en la cadena de custodia ha dado lugar a esta situación, por el que la Junta de Andalucía ha pedido disculpas a la familia a través de un comunicado. Tras la apertura de un expediente de información previa en la Delegación territorial de Cádiz, la familia interpondrá una denuncia para esclarecer dónde se produjo el error. A este respecto, cabe preguntarse: ¿qué protocolos se aplican en los Instituos de Medicina Legal y Ciencias Forenses?

Número único de identificación y todas las actuaciones deben registrarse

La Junta de Andalucía tiene delegadas las competencias en materia de justica y, por tanto, se encarga de organizar y supervisar a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses que de ella dependen. En cualquier caso, los procedimientos que rigen en estos órganos son similares en todo el Estado.

Los protocolos judiciales se activan cuando se produce un fallecimiento por razones violentas o existen indicios de actuación criminal, pero también en los casos de muertes naturales ocurridas de manera inesperada o cuando el médico actuante no certifica la defunción, como ha ocurrido en este caso. De acuerdo con la normativa legal de policía mortuoria:

1. La investigación se inicia con la diligencia del levantamiento de cadáver en el lugar de los hechos ordenada por el Juzgado de Guardia. En este acto están presentes el médico forense y la Policía Judicial.
2. La persona es trasladada por el servicio funerario de guardia a un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El cuerpo es etiquetado con un número único de identificación que facilita su seguimiento durante el proceso forense.
3. En el traslado a la morgue, se mantiene la cadena de custodia, es decir, debe registrarse cada movimiento y persona involucrada en el proceso para evitar cualquier alteración o confusión.
4. Los servicios de patología forense se encargan de realizar, generalmente, una autopsia completa y pruebas complementarias. Por ejemplo, una histopatología consiste en examinar muestras de tejido bajo el microscopio para descartar o confirmar la presencia de enfermedades no visibles a simple vista, como los problemas cardiovasculares.
5. Finalizada la autopsia, en ocasiones la familia podrá solicitar que el médico responsable les ofrezca las explicaciones médicas y legales. Una vez elaborado el informe, se remitirá al Juez responsable, que cerrará el caso si se trata de una muerte natural. En este caso, emitirá un oficio que ordene la entrega del cuerpo a los familiares.
6. Una empresa funeraria contratada por la familia recogerá este documento, que presentará en el Instituo de medicina Legal para la entrega del cadáver para proceder al sepelio.

Según un documento de información para familiares publicado por el Insituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba, en algunas ocasiones se aconseja prohibir la incineración del cadáver. No obstante, el servicio de patología forense puede comunicar al Juzgado Instructor la autorización médico forense para proceder a la incineración del cuerpo, si fuera este el deseo de sus familiares.

En un comunicado, la Consejería de Justicia asegura que se firmará con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) un convenio para que los casos de muerte natural se certifiquen por los médicos sin necesidad de tener que realizar una autopsia judicial.