UNA patada en la puerta, y unas familias en riesgo de exclusión social, apoyadas por el movimiento 15-M, entraban en un edificio vacío en Sevilla el 16 de mayo del año 2012. La constructora Maexpa había quebrado, y la entidad financiera que la había financiado, Ibercaja, se quedó con el inmueble. A las pocas horas, los nuevos vecinos ya tenían nombre: Corrala Utopía. Clavado, una acción meditada. Eran 11 familias. Con el tiempo, esta ocupación se convirtió en un símbolo de la lucha contra un sistema; el líder jornalero Diego Cañamero les regaló el material escolar que había obtenido en un asalto a un supermercado; llegaron más familias, y sumaron hasta 36 viviendas ocupadas, aunque el domingo pasado, cuando la Policía Nacional desalojó el edificio, sólo había nueve pisos con personas en su interior. La corrala vive ideológicamente de militantes anarquistas, es una bandera contra los desahucios que traspasa las fronteras nacionales, su historia se cuenta en The New York Times, aunque su portavoz, Irma Blanco, trabaja en el Ayuntamiento de Villaverde, gobernado por IU, el socio de coalición del PSOE en el Gobierno andaluz. Fue en las listas electorales de IU en Sevilla en el año 2003, y viajó y Cuba y Venezuela con cargo a un programa de la Concejalía de Juventud, entonces en manos de la federación de izquierdas. El viernes tuvo que desistir en su empeño de conseguir un piso.

El edificio queda vacío el mismo domingo después de la acción policial. Desde la Corrala y desde IU, se mantiene que los afectados son 22, pero no todas son familias. Hay activistas, solteros, personas realmente en riesgo, gentes que llegaron después, incluso algunos con otra vivienda habitual... constituyen una utopía, una mezcla de necesidad y denuncia antisistema. El Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, mantiene que sólo dos familias están en situación de urgencia, aunque su baremación en el registro de demandantes les da el puesto 100 y el 122. En la lista hispalense hay más de 12.000 personas. El Ayuntamiento también tiene 350 pisos vacíos en trámite de adjudicación, pero eso va lento, demasiado lento.

Ésa fue la patada. Ahora, un puñetazo en la mesa. Es miércoles 9 de abril de 2014, casi dos años después de que el edificio fuera ocupado. Susana Díaz, la presidenta de la Junta, y sus más estrechos colaboradores, como Máximo Díaz Cano, su secretario general de Presidencia, o el portavoz Miguel Ángel Vázquez, no dan crédito a lo que está ocurriendo en esos momentos de la noche en la Plaza Nueva de Sevilla. No es que no den crédito, es que no se lo creen hasta que son informados por los propios periodistas. Los okupas de Utopía muestran las llaves de los pisos que les ha dado la Consejería de Fomento, dirigida por Elena Cortés. Ella no está. Durante toda la crisis, la consejera más radical del Gobierno andaluz se encuentra entre Medellín (Colombia) y Ciudad de Panamá en una conferencia de Naciones Unidas, precisamente, sobre vivienda.

Susana Díaz, una mujer de mucho carácter, da el puñetazo. Llevaba días negociando con IU y los vecinos para buscarles un lugar donde realojarlos: pensiones, hoteles, algo transitorio mientras la Junta acaba en seis meses unos pisos en el barrio de San Bernardo. Ibercaja, además, había ofrecido pisos de alquiler a los afectados, algunos en las cercanías de Sevilla, otros en la misma ciudad, en Bami.

El puñetazo adquiere el eco de un megatón cuando Susana Díaz conoce que el líder de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, está abrazando a los familiares, allí en la Plaza Nueva. Susana Díaz y Maíllo -ya sin paños calientes- no se tragan.

El dirigente de IU entiende que la presidenta tiene un ataque de celos, sostiene que a ella le hubiese gustado vender la solución, hacerse la foto, quitarse la espinita del eco nacional del decreto antidesahucios de Elena Cortés.

A Díaz, sin embargo, no le han hecho caso, es la presidenta, eso lo repite muchas veces, y a ella no se la desobedece. Además, tiene serias dudas sobre la legalidad de la acción. Un día antes, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, le había escrito una carta en la que explicaba que no podía alterar el orden de entrega a los demandantes de pisos. Díaz debe sustanciar su firmeza, y firma un decreto en el que le quita las competencias de adjudicación de viviendas públicas a la Consejería de Fomento. Además, abre una investigación interna sobre la legalidad de la medida. El pacto entre el PSOE e IU salta por los aires, aunque uno de esos consejeros se esperaba que, incluso, la presidenta los hubiera destituido a él y a sus compañeros esa misma noche. Se pensó.

Esa tarde del miércoles, Susana Díaz y Antonio Maíllo hicieron dos lecturas políticas diferentes. Acertó Díaz: había oído a ciudadanos de la calle, a un camarero del Parlamento, a periodistas que le decían que estaban indignados porque el reparto de llaves legalizaba la patada en la puerta para conseguir una vivienda. Maí-llo, sin embargo, cree que la opinión pública se pondría de parte de IU y de una Consejería que daba soluciones a los ciudadanos. En contra de la opinión de la presidenta, Maíllo sostiene que la entrega es legal: es una situación excepcional, son personas en riesgo de exclusión y van a estar en viviendas de la Junta y en algunas privadas sólo de modo transitorio. Según la ley antidesahucios de la Junta, la de la Consejería de Fomento, a estas personas se las puede alojar, es legal. Sin embargo, el reparto de llaves es caótico: son diez. Los vecinos las enseñan como si obtuvieran un piso para siempre, y quedan para acomodarse entre ellos en esa decena de viviendas. Después, Hacienda, que tomó las competencias, explicaría que son ocho los que corren riesgo, no los 22. De hecho, sólo había 17 expedientes.

Estos son los hechos. A Susana Díaz la han puesto a prueba; si algo no temía la presidenta es que le pasara como al ex alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, que tuvo que soportar las salidas antisistemas de IU, los viajes pagados a Cuba y Venezuela financiados por Juventud, las cesiones: la tormenta perfecta para el PP, el caos de la izquierda, de la que Juan Ignacio Zoido obtuvo la mayoría absoluta.

Una persona muy cercana a la presidenta lo relata así: "Lleva meses en un empeño de mejorar la imagen de Andalucía, con firma de convenios con las grandes empresas, y nota que todo el trabajo se le puede venir abajo por unos okupas". La indignación de la presidenta llegó en momentos a grado de "cabreo", relata esta misma persona.

Pero no sólo es eso: Susana Díaz tiene una personalidad fuerte, carácter, poco dada a transigir, es enérgica, a veces sólo mira por ella, tiene un magnífico olfato y sabe mandar. Y, además, en el fondo, no le importa que el pacto se rompa, está dispuesta a gobernar en solitario hasta otoño, cuando convocaría unas elecciones andaluzas anticipadas que le podrían dar la victoria sobre el PP. Si el problema de los que querían adelantar las elecciones es que no encontraban un motivo con el que explicarlo a la opinión pública, IU acababa de servírselo en bandeja. Ni el más osado de sus asesores políticos hubiese pensado en un escenario tan favorable: la presidenta, Susana Díaz, la mujer que critica a Zapatero, que reconduce al PSC, que habla de Españas, que se proclama de izquierdas y nacida y criada en un barrio pobre, rompe con IU por negarse a dar unas llaves a unos okupas. El gesto la catapulta otra vez a un nivel que a ella también le gusta: el nacional. Si Díaz llega un día a ser jefa de la oposición en el Congreso, o líder del PSOE federal o presidenta en La Moncloa, le deberá mucho a la torpeza de IU. Sus palabras en el Parlamento son intachables: "Con la bandera de la igualdad dentro de la legalidad". El viernes por la mañana, durante un desayuno informativo con Elena Valenciano, cabeza de cartel del PSOE en las europeas, proclamó: "No puede tener más derecho quien ocupa una vivienda que quien espera pacientemente".

En el PSOE andaluz hay muchos que desean que Susana Díaz adelante las elecciones. Ella misma reconoció en el Parlamento que, personalmente, le convenía, pero no iba a firmar la disolución de la Cámara. Durante estos días lo ha vuelto a repetir, aunque de momento están descartada. Ahora bien, si antes de la crisis de los okupas, en Presidencia no contemplaban convocarlas durante el año 2014, 2015 era otra cuestión, las posibilidades se han ido llenando como un vaso a punto de rebosar. "Es difícil que la presidenta aguante alguna más como ésta", explica uno de sus colaboradores.

La noche del jueves al viernes, después de que durante 12 horas el comité de enlace entre el PSOE e IU no lograse alcanzar un acuerdo -el problema, al final, resultó ser la publicación del decreto-, a Susana Díaz le trasmiten varias opciones para restituir la legalidad, varios de los que estaban en los pisos iban a salir, otros irían a Asuntos Sociales. Pero, nada, los negociadores socialistas llegaron a la conclusión de que IU no sabía a quiénes habían realojado, ni cuántos eran ni el porqué de ello.

La crisis de los desalojados tiene un punto de inflexión en el viernes, cuando Maíllo, en unas desafortunadas declaraciones, anuncia que el acuerdo queda en suspenso "momentáneamente". ¿El pacto? ¿La coalición? ¿Salen los consejeros de IU del Gobierno? Después matizaría esta afirmación, Maíllo mantendría que era el acuerdo entre ambos partidos lo que se había roto, su pacto programático en el reparto de consejerías, con sus funciones, dentro del Gobierno.

El viernes ya tarde, cercano a la madrugada del sábado, el comité de enlace entre ambos partidos llega a un acuerdo. Ocho unidades familiares de las 22 supuestas que había son las que están en riesgo de exclusión social. Con las competencias retiradas en la Consejería de Fomento, los afectados, entre los que hay seis niños y tres discapacitados, se ponen en manos de los servicios sociales para que éstos encuentren una solución.

La crisis acaba con un acuerdo de última hora, al borde de las dos de la madrugada. Izquierda Unida logra salvar los muebles, pero Susana Díaz gana esta batalla por la jerarquía en la coalición de Gobierno. Si la federación de izquierda se hubiese ido, la presidente se habría marchado a su casa con un 10, quizás ahora es un ocho, un notable alto. La semana deja algunos vencedores y muchos perdedores; quizás ahora no se vea, pero Diego Valderas, un moderado de izquierda, ya sin poder, tiene algo en la reserva para seguir tirando; la puesta de largo de Maíllo le puede pasar factura, porque al fin y al cabo, es el PCE, el partido, el que logra seguir con el acuerdo. Pero con pronóstico reservado queda esta coalición de Gobierno, que no aguantará muchas crisis más. En Fomento, Elena Cortés, la consejera ausente que ha dirigido con puño de hierro esta estrategia, se configura como la única que puede hacer frente a la presidenta, que es la vencedora absoluta.