Alaya es humana y también se queja, a pesar de esa apariencia de juez incansable e incombustible. En las últimas providencias y autos que ha dictado recientemente la instructora de casos tan voluminosos como el de los ERE fraudulentos o el de las facturas falsas de la UGT -de este proceso todavía se sabe muy poco porque la investigación está bajo secreto de sumario desde septiembre pasado-, Alaya ha ido deslizando sus quejas por el exceso de trabajo que tiene que soportar.

La magistrada que se autodefinió en un auto como "incansable", parece que ahora se está agotando. Cierto es y nadie lo niega, la extraordinaria labor que está realizando la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la instrucción de las macrocausas citadas y en otras cuya investigación tiene encomendada, como el delito societario del ex máximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera o la investigación de la adjudicación presuntamente fraudulenta del concurso público de los suelos de la sociedad pública mixta Mercasevilla. También es cierta la complejidad y extensión de las diligencias judiciales, que sólo en el caso de los ERE acumulan más de 200.000 folios y más de un centenar de imputados, pero lo que la magistrada no puede hacer ahora es lamentarse de la carga de trabajo que soporta y de la falta de medios cuando hace tan sólo unos meses rechazó con vehemencia los refuerzos de jueces que le ofreció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El presidente del Alto Tribunal, Lorenzo del Río, estaba dispuesto incluso a dotar de forma excepcional al juzgado de Alaya con otros dos jueces de refuerzo, lo que convertiría a este juzgado de Instrucción en el único de España que contaría con tres magistrados.

Alaya se negó entonces a los refuerzos porque no quería ceder la instrucción de ninguna de las macrocausas a sus compañeros, lo que motivó primero la marcha de la juez Ana Rosa Curra y, posteriormente, de Rogelio Reyes, que obtuvo su plaza de magistrado en un juzgado de Dos Hermanas. La convivencia con estos jueces, a su regreso de la baja por enfermedad, no fue fácil, porque Alaya entendía que le habían okupado su despacho, y si a eso se suma que la instructora no estaba dispuesta a ceder en lo más mínimo, la situación se complicaba todavía más.

En estos momentos, Alaya cuenta con el refuerzo del juez Alvaro Martín, un magistrado que procede de un juzgado de lo Penal y que está en el juzgado de Instrucción número 6 en comisión de servicio desde septiembre pasado. Mientras Alaya se centra en el estudio de las macrocausas, Alvaro Martín -con quien la convivencia parece más normal- se encarga del resto de la llevanza del juzgado, celebrando los juicios de faltas y haciendo las guardias, además de auxiliar a Alaya en una de las variantes de la investigación de los delitos relacionados con el Real Betis, en concreto la que se indaga la gestión de Luis Oliver en el club verdiblanco.

Salvo esta causa menor, Alaya no ha cedido al juez Álvaro Martín la instrucción de ninguno de los grandes procesos, a pesar de que la magistrada tiene actualmente dos investigaciones declaradas secretas y que están prácticamente al inicio de la instrucción, como son la causa mencionada de las facturas falsas de la UGT y la investigación de la denominada operación Madeja, en la que se trata de averiguar el presunto enriquecimiento ilícito de Domingo Enrique Castaño, un ex asesor del ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, y la supuesta financiación ilegal del PSOE, después de que un empresario reconociera a la juez que entregó 30.000 euros para el partido socialista a través de ese antiguo responsable municipal.

La primera queja de Alaya sobre su situación aparece en un auto del pasado 25 de noviembre, donde a la hora de incoporar un escrito de un imputado en el caso de los ERE, la juez explica que el retraso en la incorporación se ha producido porque la situación no es ideal, sino la que "deriva de una carga de trabajo que excede en muchos momentos de las capacidades personales".

Tan sólo unos días después de dar esta respuesta, la juez dictó una providencia, que tiene fecha del 29 de noviembre, en la que vuelve a insistir en el excesivo volumen de las actuaciones. En este caso, Alaya explica al abogado del ex viceconsejero de la Presidencia de la Junta Antonio Lozano que está tardando en remitir un recurso a la Audiencia de Sevilla por el "volumen de la presente causa que con sus piezas y anexos superan los 200.000 folios, habida cuenta de la escasez de medios materiales y personales", se queja la instructora.