El fiscal reclama al exconcejal prófugo de Marbella para juzgarlo por el caso Malaya
El Ministerio Público pide al juez que inste al Gobierno la extradición desde Argentina
La Fiscalía de Málaga quiere que el Gobierno solicite a Argentina la extradición Carlos Fernández, el concejal de Marbella prófugo del caso Malaya, para juzgarlo por recibir 150.000 euros en sobornos durante los años en los que formó parte del último gobierno del GIL, así como por otras dos causas derivadas del urbanismo ilegal en la ciudad de la Costa del Sol.
El auto de procesamiento de Malaya, firmado por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella en julio de 2007, atribuía a Fernández un delito del artículo 419 del Código Penal vigente en aquel momento. El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, argumenta en el escrito que ha remitido al juez pidiendo que inste al Gobierno la extradición que este delito no prescribe hasta los 15 años, puesto que en su modalidad más agravada puede ser castigado con entre dos y seis años de cárcel, y de siete a 12 de inhabilitación para ejercer cargo público. Los hechos, de acuerdo con la versión del Ministerio Público, no han prescrito porque cualquier fecha que se adopte para calcular la caducidad no tiene 15 años de antigüedad. Por ejemplo, los supuestos cohechos ocurrieron entre 2004 y 2005, y su busca y captura con alcance internacional se decretó en octubre de 2006.
La Fiscalía pretende que se solicite la extradición por otras dos causas urbanísticas
La única debilidad que podría objetarse al argumento del fiscal reside en que otros procesados en el caso Malaya por hechos muy similares, como es el caso de Isabel García Marcos, fueron condenados a tres años y medio de prisión.
El juez de instrucción apuntó en el auto de procesamiento que Fernández había entrado en el círculo de la corrupción de Marbella organizado por el asesor de urbanismo Juan Antonio Roca que consistía, a grandes rasgos, en distribuir diferentes cantidades económicas entre los concejales, que variaban en función del rol que desempeñaban en el equipo de gobierno, para que dieran luz verde al urbanismo a la carta que se implantó aquellos años en Marbella. El magistrado detallaba que el concejal prófugo, dada su condición de portavoz municipal del grupo andalucista y del protagonismo que jugó en la moción de censura que condujo a Marisol Yagüe a la alcaldía, tenía una posición prominente.
La documentación física y digital que se le intervino a Juan Antonio Roca y que permitió en el juicio por el caso Malaya poner al descubierto la contabilidad oculta de Roca, recogen indicios de cohecho. En los conocidos como papeles de Maras (oficina central desde la que Roca manejaba sus negocios) aparecía una persona identificada con las siglas CF como destinataria de sobres de dinero.
Prescrita una condena por malversación
El delito de malversación de 80.000 euros por el que Fernández fue condenado a dos años de prisión y tres de inhabilitación en 2005 ha prescrito. El ex concejal no tendrá que cumplir esta sentencia, firme desde 2007, si es extraditado desde Argentina. Esta causa se remonta a los años 1997 y 1998, cuando Fernández, entonces concejal del GIL, estaba al frente del área de deportes y presidía la Unión Deportiva San Pedro. Un jurado popular lo condenó y la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga le impuso dos años de prisión por apropiarse de parte de las subvenciones que el Ayuntamiento de Marbella había entregado al club. El fiscal precisa que este delito de malversación de fondos públicos prescribe a los cinco años y establece en el 13 de junio de 2012 la fecha exacta en la que sobrevino la caducidad del fallo judicial.
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