Emilio de Llera atiende a este periódico tan sólo unos días después de que la juez Mercedes Alaya haya revolucionado la investigación de los ERE con una importante operación que se ha saldado con la detención de 22 personas y que ha revelado el desvío de al menos más de 50 millones de fondos públicos que se han pagado en las pólizas vinculadas a estos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Fiscal en excedencia y experto en delincuencia económica, De Llera lleva casi un año en el Gobierno andaluz. En esta entrevista defiende la actuación del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y de su antecesor, Manuel Chaves. El consejero limita el fraude a la actuación de unos pocos "garbanzos negros" y se congratula de que por fin la investigación judicial se oriente en la dirección adecuada: la búsqueda de los flujos financieros y del dinero defraudado.

-La investigación del fraude de los ERE ha dado un giro espectacular con la operación de la Guardia Civil, dirigida por la juez Alaya. ¿Cómo se ve esta operación desde el Gobierno andaluz?

-Con satisfacción por el buen funcionamiento, la celeridad y la contundencia con la que está actuando la Justicia en un caso que ha despertado un gran interés social por la gravedad de los hechos. Creo que estas últimas actuaciones han sido fundamentales para evitar que pudieran prescribir algunos delitos o se invalidaran pruebas y que, en definitiva, los culpables pudieran eludir sus responsabilidades y no se recuperara el dinero defraudado, preocupaciones éstas puestas de manifiesto desde hace tiempo por la Junta y la propia Fiscalía. Desde el Gobierno mostramos nuestra satisfacción por el avance en la investigación y ratificamos nuestro pleno apoyo y colaboración con la Justicia para llegar hasta el final en la búsqueda de los responsables y del destino del dinero defraudado, con el objetivo de que paguen los culpables y se permita recuperar el dinero que ha salido indebidamente de las arcas públicas.

-La juez Alaya habla en sus autos de un cambio radical y, entre otras cosas, dice que se ha pasado del clientelismo político a un sistema en el que se busca un "verdadero negocio" con las sobrecomisiones. ¿Cómo es posible que la Junta no se percatara de esta situación? ¿Qué es lo que ha fallado?

-No se detectó fraude alguno por ninguno de los órganos de control competentes, tanto internos como externos, y no hubo ninguna advertencia de las irregularidades en la concesión de estas ayudas y esa es la realidad. Por tanto, no se pudo actuar hasta que el Ejecutivo andaluz no tuvo conocimiento real de estas irregularidades y fue entonces, de forma inmediata e impulsado por el propio presidente José Antonio Griñán, cuando se procedió a denunciar lo detectado ante la Justicia y a colaborar al máximo con ella para que la investigación llegue al fondo de todo y se determinen quiénes son sus responsables. Es indudable que si se hubiese detectado con anterioridad algún tipo de fraude, el Gobierno andaluz habría activado instantáneamente los mecanismos necesarios para paralizar esos procedimientos y para reintegrar los fondos que se estaban utilizando irregularmente, como así ocurrió en el mismo momento que se detectó. Ahora la investigación está poniendo de manifiesto la habilidad y sofisticación con la que actuaron estas personas para burlar todos los controles y buscar un beneficio fraudulento, aprovechándose de un fondo absolutamente legal y legítimo destinado a ayudar a empresas y trabajadores que estaban atravesando situaciones angustiosas. Hay que reconocer que cuando existe la firme decisión de delinquir, la ley y los controles pueden resultar insuficientes y ser vulnerados por la pericia del delincuente, máxime cuando en esa tarea se cuenta con la participación de un cómplice privilegiado, cuya responsabilidad es precisamente la de velar por esa legalidad y control. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en este caso, algo que desgraciadamente también ha ocurrido en otros ámbitos de lo público como, por ejemplo, los robos continuados de los alijos de droga en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, unas instituciones de cuya profesionalidad nadie duda. Gente indeseable y garbanzos negros hay en todas partes, lo importante es que sean perseguidos y también, como ha hecho el Gobierno andaluz, la reacción y actitud que se adopte contra esa grave irregularidad. La Junta ha demostrado una tolerancia cero con este tipo de conductas.

-El ex presidente de la Junta Manuel Chaves dijo al inicio de esta investigación, hace dos años, que lo ocurrido es obra de "cuatro golfos", pero Alaya ya ha imputado casi a un centenar de personas y todo apunta a que seguirán las imputaciones. A su juicio, ¿qué ha demostrado esta nueva operación de Alaya?

-Aludir a cuatro golfos es simplemente una expresión que pretende definir que el caso afecta a personas concretas. De hecho, yo mismo recientemente he comentado en el mismo sentido que no se trata de un fondo de reptiles, sino de unos cuantos reptiles que se han aprovechado de un fondo completamente legal, tanto en su origen, ya que está expresamente previsto en las leyes de presupuestos, como en todas las ampliaciones posteriores que siguieron todos los trámites establecidos y los informes preceptivos. Estas nuevas actuaciones revelan que por fin la investigación judicial va en la dirección que desde el principio había reclamado la Junta, es decir, buscar los flujos financieros y el destino del dinero obtenido fraudulentamente y descubrir a las personas responsables de esos movimientos y de quiénes se habían lucrado con ello. Las actuaciones de la juez se centran ahora, precisamente, en los mismos personajes y en el mismo camino que ya apuntó la Policía Judicial en los primeros momentos de esta investigación hace más de dos años.

-La Junta no sale bien parada en los autos de la instructora, que habla de que las piezas del puzle "comienzan a encajar" y critica el presunto "empecinamiento" de la Junta por disponer de esos fondos públicos al margen del procedimiento establecido en la ley de subvenciones...

-Esa es la postura de la juez y hay que respetarla aunque, evidentemente y como es habitual en el mundo jurídico, es legítimo discrepar y en este caso no comparto sus tesis en absoluto. Estamos ante un fondo legal y ante una política de ayudas laborales y empresariales que ha tenido unos incuestionables efectos positivos durante muchos años para muchas empresas y trabajadores que se merecían este apoyo público. Además, la elección del procedimiento utilizado la hizo el Parlamento y no el Gobierno, pues eran las sucesivas leyes de presupuestos las que establecían ese procedimiento y el Gobierno, como es lógico, cumple la ley. No se trata de un fraude generalizado sino de una parte de este fondo, sin ánimo de restar un ápice de gravedad a este asunto. Por tanto, no se ha hecho un mal uso de los más de 1.000 millones de euros de este fondo, ni son tampoco unos defraudadores las más de 6.000 personas que justa y legalmente se han beneficiado de estas ayudas que realmente necesitaban. No podemos cuestionar por este fraude toda una política destinada a atender conflictos muy importantes en los últimos años y que han ayudado a los trabajadores de empresas como Fertiberia, Astilleros, Pickman, Minas de Alquife o las grandes empresas textiles de Sevilla y Málaga, por citar algunas, y que ha servido al mismo tiempo para aliviar el drama de miles de familias en Andalucía que se encontraban en una situación límite. Estamos, pues, ante una política y una partida presupuestaria que ha sido utilizada por personas concretas, con nombres y apellidos, de forma criminal para enriquecerse abusando de los procedimientos, burlando los controles y traicionando la confianza depositada en ellos.

-Las afirmaciones de la instructora son incluso más contundentes, por cuanto afirma que las entidades mediadoras tenían los medios suficientes para presuntamente "corromper de manera continuada a cargos de la Administración autonómica", entre los que cita al ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, de nuevo en prisión. ¿Qué opinión le merecen estos argumentos de la juez?

-Para que se produzca un acto de corrupción sólo hace falta un corruptor y un corruptible, además de la pericia para sortear la legalidad y los controles, con mayor o menor grado de sofisticación. Y precisamente es eso lo que pone de manifiesto la juez. Confío plenamente en la profesionalidad y capacidad de trabajo de la juez y de los fiscales, a los que conozco sobradamente, y sé que con su esfuerzo y tenacidad lograrán esclarecer el asunto, determinarán quiénes son los culpables y darán con el dinero público defraudado, para posibilitar a la Administración autonómica su futura recuperación.

-Alaya parece que tiene pensado seguir escalando en las posibles responsabilidades penales y, de hecho, en una de sus últimas resoluciones ya establece que estas abultadas sobrecomisiones se concedían con el "conocimiento y autorización" de los superiores jerárquicos de las mediadoras y de la propia Consejería de Empleo, entre los que cita al consejero, que en aquella época era Antonio Fernández, también imputado. ¿Teme que haya nuevas implicaciones de mayor nivel?

-Esa es una pregunta cuya respuesta debe y va ofrecer sin duda la Justicia, en la que tenemos que tener depositada nuestra plena confianza para aclarar todo sobre este asunto. Pero tengo la plena seguridad de que no existe absolutamente nada que apunte en el sentido que usted plantea.

-Se lo digo porque hay incluso una defensa que ya ha pedido a la juez que cite a declarar como imputados al ex presidente Manuel Chaves y al propio José Antonio Griñán, en su etapa anterior de consejero de Economía...

-Esa es una decisión que debe adoptar la juez, pero le reitero mi absoluta seguridad de que no existe nada que apunte en tal sentido.

-¿Cómo ve al presidente de la Junta con respecto a este caso?

-Muy bien, tranquilo y en plena disposición de dar la cara y ofrecer en el Parlamento todas las explicaciones oportunas y que le sean requeridas, como así lo ha hecho hasta ahora, aunque también es cierto que lo veo con grandes dosis de indignación por la utilización política que se está haciendo del caso. Pero, insisto, veo a José Antonio Griñán muy sereno y con la absoluta seguridad de que no existe ninguna responsabilidad de él ni de su actual gobierno en este asunto.

-La juez también implica en el reparto de las sobrecomisiones a los sindicatos UGT y CCOO, de los que asegura que pudieron percibir más de cuatro millones por no hacer ningún trabajo en relación con las pólizas. Altos cargos, mediadoras, sindicatos, y despachos de abogados, ¿nadie se escapa de las sospechas de Alaya?

-Todo ello pone de relieve la complejidad y sofisticación en la forma de operar de estas personas y viene a situar el foco de la investigación en lo realmente importante: los flujos y movimientos financieros y las empresas y responsables implicados en este fraude de los fondos públicos, que es lo que desde el principio pidieron a la juez la representación de la Junta y el fiscal. Lo prioritario para el Gobierno andaluz es saber dónde ha ido a parar ese dinero y poder reintegrarlo a las arcas públicas y en esa dirección viene trabajando con eficacia ahora la juez y confiamos en que culmine pronto su tarea.

-Cambiando tema, está a punto de cumplir su primer año de mandato al frente de la Consejería de Justicia e Interior. ¿Qué valoración puede hacer de esta nueva etapa?

-Me ha tocado vivir una etapa muy difícil por la situación económica que vive Andalucía, España y Europa entera, que exige la gestión de mis competencias con un presupuesto muy exiguo y austero que me ha llevado a veces a tomar decisiones muy complicadas. Aún así, me alegro de estar aquí porque en lo esencial es mejor que esas decisiones difíciles las adopte desde quién conoce la Administración de Justicia desde dentro. Pese a este complejo panorama, hemos seguido avanzando en el desarrollo de las nuevas tecnologías y vamos a implantar de una vez la oficina judicial y fiscal, dos cambios estructurales necesarios para mejorar la Justicia.

-En especial, ¿qué destacaría?

-Dentro de mis competencias estoy introduciendo las reformas que hay que hacer, aunque son necesarias otras igualmente importantes y que corresponden al Gobierno del Estado, como son la implantación de los tribunales de instancia o el incremento del número de jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás personal de la Administración de Justicia. Estamos también avanzando en la mejora de las políticas de seguridad y emergencias, así como en las nuevas competencias asumidas en materia de violencia de género, para reforzar la protección y seguridad de las víctimas, y en políticas migratorias, con el objetivo de consolidar la integración de la población inmigrante e impulsar una gestión eficaz de la diversidad.