El Tribunal Supremo ha confirmado la prohibición que la Junta Electoral Central impuso a la asociación Som lo que Sembrem, que pretendía celebrar un multirreferéndum para interrogar a los catalanes sobre cuestiones como la deuda pública o el control del sector energético, en fechas coincidentes con los comicios europeos del próximo domingo. La JEC prohibió el pasado 20 de mayo la realización de esta iniciativa ciudadana, que pretendía establecer más de 300 mesas de votación sobre distintos temas sociales, desde el día 27 de abril y hasta el 25 de mayo y en varios municipios catalanes. 

Contra aquella decisión los promotores del referéndum acudieron al Supremo y ahora la sala de lo Contencioso Administrativo se ha negado a levantar la prohibición de la Junta, en un auto en el que recuerda el necesario respeto a la jornada de reflexión. "La debida observancia del período de reflexión representa un interés de suma importancia para la defensa de la democracia" y exige "un contexto de serenidad y neutralidad para que el elector pueda formar libre y espontáneamente su definitiva convicción política", dice en su auto el Supremo. Además, "la iniciativa de la asociación recurrente", añade el tribunal en referencia a la instalación de mesas de consulta en Cataluña, "aun en el hipotético caso" de que "no fuera ilícita", "podría realizarse en circunstancias y momentos distintos sin que por ello perdiera su utilidad como elemento de formación del pluralismo político". 

Entre las entidades de la comisión promotora del multireferéndum figuran la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Som el que sembrem (Somos lo que cultivamos), Parlament Ciutadà, Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda y varias comisiones promotoras de Iniciativas Legislativas Populares (ILP), entre otras. Además, cuenta con el apoyo de la Candidatura d'Urillat Popular. 

Som lo que Sembrem acudió al Supremo en representación de esta plataforma ciudadana y para solicitar que, de manera cautelarísima (sin audiencia de la Administración recurrida), dada la urgencia del asunto, el alto tribunal levantara la prohibición acordada por la JEC. La Junta respondió que las mesas que pretendía montar la plataforma en las proximidades de colegios electorales en distintos municipios de Cataluña constituyen una actividad de naturaleza política susceptible de ejercer influencia en los electores. El Supremo confirma ese criterio. 

Las preguntas que la plataforma pretendía dirigir a los ciudadanos eran: "¿Qué tipo de agricultura quiere que haya en Cataluña?" (Con o sin transgénicos); "Desea que el Gobierno de la Generalitat deje de pagar la deuda y los intereses que la ciudadanía declare ilegítimos?"; "Desea que la ciudadanía de Cataluña establezca un control democrático directo sobre el sector energético?". Además, preguntaban sobre una iniciativa legislativa popular para someter su propuesta a un referéndum vinculante; sobre el proyecto BCN Word en Tarragona; sobre el servicio de abastecimiento de agua en Lérida y sobre una línea de Muy Alta Tensión en diversas comarcas catalanas.