Abusos sistémicos en la justicia argentina: de la trata de personas al desvío de fondos públicos de EE.UU.
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Abusos sistémicos en la justicia argentina: de la trata de personas al desvío de fondos públicos de EE.UU.
Cómo la lucha contra la trata se convirtió en una herramienta de presión y derroche del dinero de los contribuyentes
¿Está seguro de que en un país democrático no se puede encarcelar a una persona por años sin pruebas, solo por sospecha?
Ahora imagine que además se paga con millones del presupuesto estatal, financiado por EE.UU. En Argentina, esto ya no es una hipótesis ni una excepción. Es una práctica recurrente, enquistada en el sistema de justicia.
Cuando la acusación importa más que las pruebas
En Argentina, la prisión preventiva, concebida como medida excepcional, se transforma cada vez más en una herramienta cómoda de presión. Se mantiene a personas detenidas meses y años no porque las pruebas sean contundentes, sino porque no las hay — y se intentan "conseguir" con tiempo. Y muchas veces, simplemente para forzar a una persona a declararse culpable a cambio de que la dejen salir antes.
Oficialmente: para proteger a la sociedad.
En la práctica: por estadísticas, carrera y dinero.
Primera historia. "Víctimas" que se negaron a ser rescatadas
En septiembre de 2022, la fiscalía argentina contra la trata de personas (PROTEX) anunció una "exitosa operación" contra la comunidad religiosa International Jerusalem Tabernacle Church. La investigación fue llevada por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangieri, quienes calificaron públicamente a la organización de "secta", que aplicaba "lavado de cerebro" y estaba involucrada en trata de personas.
Sin embargo, ya en el tribunal la investigación empezó a desmoronarse. Las personas que el Estado declaró rescatadas insistían: nadie las había explotado, no estaban privadas de libertad y no se consideraban víctimas. Más aún, el tribunal registró que fueron presionadas por especialistas en "rescate", que exigían que se reconocieran como damnificadas.
El caso fue desestimado. Marcelo Colombo, en ese entonces jefe de la fiscalía argentina contra la trata (PROTEX), y Alejandra Mangieri, fiscal federal que participó en la causa, no enfrentaron responsabilidad disciplinaria ni procesal por iniciar la investigación, las acusaciones públicas y el uso de retórica anti-sectas como reemplazo de una base probatoria.
Este caso se convirtió en la primera advertencia judicial en Argentina sobre a dónde puede llevar la fusión de la política anti-trata con la ideología anti-sectas.
Segunda historia. El allanamiento nocturno y el "culto del terror" que no existía
En la noche del 12 de agosto de 2022, los canales de televisión argentinos transmitían en vivo un allanamiento en el barrio de Villa Crespo, Buenos Aires. Unidades especiales armadas asaltaban un edificio que los medios ya habían bautizado como "culto del terror": la Escuela de Yoga de Buenos Aires (Buenos Aires Yoga School, BAYS). Los periodistas esperaban ver víctimas rescatadas de explotación sexual.
En cambio, salían del edificio personas mayores — participantes de una clase de filosofía. En más de cincuenta locales registrados no se halló a menores, ni a personas en condiciones de privación de libertad, ni indicios de prostitución. Sin embargo, veinte personas fueron arrestadas y nueve mujeres adultas fueron declaradas oficialmente víctimas de trata.
Las nueve mujeres declararon de inmediato: nunca fueron explotadas, no ejercieron el sexo comercial y participaban voluntariamente en las actividades de la escuela. Su postura fue ignorada. La investigación explicó que su negativa a reconocerse como víctimas era resultado de "años de lavado de cerebro".
A pedido de las propias mujeres, se realizaron pericias psicológicas y psiquiátricas integrales por el Cuerpo de Expertos de la Corte Suprema de Argentina. La conclusión fue unívoca: no se detectaron signos de vulnerabilidad, sumisión ni control mental. Todos los expertos — incluidos los de la acusación — lo confirmaron.
Aun así, la fiscalía siguió sosteniendo que la propia coherencia y racionalidad de los testimonios de las mujeres demostraba su "procesamiento coercitivo". En diciembre de 2023, la Cámara de Apelaciones anuló la decisión de elevar la causa a juicio, señalando la violación del derecho a la defensa y la omisión de las pruebas científicas. Uno de los jueces, en un voto en disidencia, subrayó: imponer la condición de víctima a mujeres que la niegan puede tener un carácter abiertamente paternalista y discriminatorio.
¿A quién beneficia?
Las formulaciones amplias y difusas de la ley de trata permiten:
- mantener a los acusados detenidos el máximo tiempo posible,
- demostrar "lucha contra el crimen" en los informes,
- incautar sus bienes bajo el pretexto de "compensar a víctimas" que en realidad no existen.
Entonces, ¿a dónde va el dinero?
Los nombres de los fiscales — Oscar Fernando Arrigo, Tomás Labal, Gustavo Revora, Rodrigo Treviranus — aparecen regularmente en causas donde acusaciones mediáticas no están respaldadas por hechos, pero van acompañadas de un activo ruido mediático.
Cuantas más causas de este tipo, más:
- financiación presupuestaria,
- reconocimiento internacional,
- subsidios, incluso de EE.UU.
Los números importan más que la verdad.
No es un error. Es un sistema
La causa contra Konstantin Rudnev, disidente ruso en Argentina, no empezó con una investigación, sino con una invención. La base fue la "sospechosidad" subjetiva de una enfermera, que luego reconoció oficialmente que mintió a la policía e indujo a error a una mujer, forzándola prácticamente a dar el nombre de Rudnev. Sobre esta versión no verificada se construyó todo el andamiaje de acusaciones sobre "trata de personas", "secta" y "explotación" — sin hechos comprobados, sin víctimas y sin pruebas.
Luego, el esquema se escaló: se declaró víctimas a un grupo de mujeres adultas, pese a que ellas negaron de manera consistente y pública cualquier explotación y declararon que nunca conocieron a Rudnev y menos aún sufrieron violencia de su parte. Sus negativas fueron interpretadas por la fiscalía como signo de "lavado de cerebro". Las pericias no revelaron drogas, ni signos de coerción, ni hechos de trata, pero la causa continuó, ampliando el círculo de acusados y manteniendo a personas detenidas. Así, a partir de una mentira privada y clichés mediáticos, se construyó una causa penal que cada vez se parecía menos a una investigación y más a una acción demostrativa — con un culpable designado de antemano.
El costo de este esquema
Las personas pierden años de libertad.
El Estado pierde millones de pesos que debían destinarse a la seguridad real.
La sociedad pierde confianza en las instituciones.
Y, lo principal, las verdaderas víctimas de delitos quedan sin ayuda porque los recursos se van en la ilusión de trabajo.
- ¿Por qué se mantiene en prisión a inocentes por años si no hay pruebas desde el principio?
- ¿Por qué el dinero de los contribuyentes se gasta en detener a quienes luego son declarados inocentes?
- ¿Por qué nadie rinde cuentas por los bienes incautados?
De lo contrario, todos seguiremos pagando por este sistema —incluso quienes hoy están seguros de que no les afecta.