El esperado informe ampliatorio al del 14 de julio sobre la compraventa de las acciones de Farusa por parte de Bitton Sport se hizo público ayer. En 244 páginas, un teniente de la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica de la Guardia Civil analiza, principalmente, la composición accionarial de Bitton Sport S.L. y el contrato de compraventa de ésta de las acciones de Farusa.

Pero, curiosamente, la Guardia Civil ha descubiero otro contrato no aportado a la causa y que se registra justo después del de compraventa por el cual se elevó a público la pignoración de las acciones de Farusa de manera que ésta, como acreedora, queda en posesión, como garantía de pago en calidad de pignoradas, de las acciones adquiridas por Bitton Sport.

Aunque en el contrato de compraventa existe una cláusula resolutoria por la que cualquier incumplimiento conllevaría la restitución de las acciones a Farusa y Bitton Sport del dinero que hubiere desembolsado -innecesaria porque lo prevé el propio Código Civil en su artículo 1.504-, no existen garantías personales ante poca "capacidad financiera" de Bitton y de las empresas fiadoras y que están vinculadas a Luis Oliver, Ángel Vergara y Eduardo Peña, entre otros.

Es decir, como ni en Bitton Sport ni detrás de ella se observan garantías personales, Lopera y Oliver firmaron una segunda escritura con la pignoración como garantía real. La pignoración no es más que una prenda sobre bienes muebles como lo es la hipoteca sobre un piso, por ejemplo. Así, la garantía que ofrece Oliver a Lopera no es más que las propias acciones al pignorarlas. Además, en este caso un juzgado actuaría de inmediato, no así de remitirse a la cláusula resolutoria, que dilataría el proceso.

El hecho, además, de que se escriture en otro contrato y no en el de compraventa es evidencia de que se pretendía mantener oculto. Además, en este caso el secretario del Betis y hoy presidente, Jaime Rodríguez Sacristán, podría haber ido en contra de la Ley de Sociedades Anónimas, que obliga a hacer pública la pignoración.

"Es un mecanismo para la vuelta de Lopera al Betis. Un contrato de compraventa sin garantía es sospechoso. El informe acredita que la venta es ficticia y que se hizo para evadir la acción de la Justicia", asegura Cayetano García de la Borbolla, de Por Nuestro Betis. No en vano, los contratos se firman el 6 de julio, días antes de que Lopera declare ante la juez Mercedes Alaya.

Hay incluso quien sospecha que Lopera y Oliver, cuyas firmas curiosamente no están entre las cinco que rubrican la compraventa, podrían haber llegado a más acuerdos escritos. "Hay unos tres mil folios de documentación anexa a este informe de Bitton y no sería de extrañar que la Guardia Civil haya podido pasar algo por alto", apunta García de la Borbolla.

Sobre Bitton Sport, su capital social es hoy de Desarrollos Empresariales Elvas (84,92%), Financiación Desarrollo y Gestión (5%), Eduardo Peña Rodríguez (10%), José Julio Antón Vicente (0,04%) y Luis Oliver Albesa (0,04%). De la primera se desconocen las personas que componen su accionariado, pero se sabe que su administrador es Luis Oliver Sierra, hijo del consejero deportivo del Betis y que su capital social es de 3.006 euros. De la segunda, fiadora del contrato al igual que Dinaqua S.L., es admnistrador el también consejero del Betis Ángel Vergara. Todas estas sociedades y muchas otras que las participan están imbricadas entre sí y carecen de soporte financiero para una compra de 16.173.000 euros, en la que fueron cifradas las acciones de Farusa, ni para comprometerse, como reza en el contrato, a satisfacer las cantidades que pudieran afectar a los más de 27 millones de euros en que Lopera cifra sus avales en el Betis.

Ítem más, el contrato de compraventa deja claro que la venta no será tal sin el visto bueno del Consejo Superior de Deportes. Es decir, se coja por donde se coja, las embargadas acciones de Farusa siguen siendo propiedad de Lopera. 

El informe también destapa que una de las empresas del entramado recibe 36.000 euros mensuales del Betis por llevarle la contabilidad.

Además, el trabajo de la Guardia Civil detalla irregularidades en la adquisición de nueve acciones por parte de Oliver y Vergara, a través de José León, para ser nombrados consejeros por cooptación, ya que hay falsedad en las actas y que se cambiaron fechas en los contratos.