Sólo falta ponerle fecha. Manuel Ruiz de Lopera tendrá que acudir al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para declarar en calidad de imputado por un presunto delito societario de apropiación indebida contra el Betis. 

La titular de ese juzgado, Mercedes Alaya, dio a conocer ayer pasado el mediodía un auto, con fecha 13 de mayo de 2010, por el que accedía a las peticiones de la acusación particular, que ejercen las asociaciones Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos, las cuales solicitaron, entre otras cosas, la declaración de los imputados, el propio Lopera y seis personas más que trabajan en su entramado empresarial y entre las que no figura ningún consejero de la entidad ni empleado del Betis.

La juez, una vez tuvo el jueves perfilada la citación, hizo público un auto, de fecha 5 de mayo, por el que desestimaba íntegramente la solicitud del Ministerio Fiscal de que se archivara parte de la causa instruida por haber prescrito los hechos, en referencia a los acaecidos con anterioridad al 19 de marzo de 1998. Así, con sólo un día de margen dio traslado a las partes de este nuevo auto, en el que dice, textualmente, en sus razonamientos jurídicos: "Respecto de las declaraciones de los imputados solicitada por las acusaciones particulares, es obvio la procedencia de las mismas, si bien se practicará cuando se concluya el estudio de los informes periciales recientemente aportados a la causa, el examen del informe aportado por la defensa del sr. Ruiz de Lopera y cuando la agenda de señalamientos se lo permita".

La juez, que ya estudió el informe pericial del período 93-98 que concluía que Lopera se podría haber beneficiado en 12,4 millones de euros, se refiere ahora al que presentó el auditor Miguel Ángel Garrido, en nombre de Lopera, el 30 de marzo, en el que decía que la gestión de éste había reportado al Betis 19 millones de euros, y también al escrito de alegaciones sobre este informe de la defensa que le entregaron los peritos el pasado 28 de abril.

Una vez que Alaya conozca al dedillo estos dos documentos, sostienen fuentes próximas a la investigación, comenzará a citar a los inculpados. El motivo principal de tanto celo es que la juez está decidida a llevar todo el peso de los interrogatorios y quiere saberse casi de memoria todos los informes presentados. Con todo, las mismas fuentes aseguran que es cuestión de semanas que Lopera acuda al juzgado y, por supuesto, que Alaya no va a esperar a que concluya la segunda parte del informe pericial, que abarca la década 98-08. De hecho, es éste un procedimiento sui géneris y lo normal es que, tras dos años, ya hubiesen declarado los imputados.

En el mismo auto hecho público ayer, la juez dice que no ha lugar por ahora a las declaraciones de los apoderados del Banco Hispano Americano de la urbana María Auxiliadora, 20, "sin perjuicio de que cuando se lleven a cabo las diligencias pendientes se consideren las mismas necesarias", a solicitud de Por Nuestro Betis.

También añade que "respecto de ampliar la investigación de los hechos al año 1992 se analizará dicha cuestión si alcanza firmeza el auto de 5 de mayo de 2010", el hecho público el jueves y contra el que, al igual que con éste, se puede interponer recurso de reforma en el plazo de tres días.