Prisión provisional para Raúl Bravo y Aranda

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca dictó ayer prisión provisional para los ex futbolistas Raúl Bravo y Carlos Aranda en relación a la investigación de posibles amaños de partidos de fútbol, que se lleva a cabo en el marco de la Operación Oikos. Los dos ex jugadores podrán eludir la prisión con el pago de una fianza establecida en 100.000 euros cada uno de ellos, tal y como solicitaba el fiscal.

Ambos encausados, que se negaron a declarar, están siendo investigados como posibles responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, corrupción en el deporte y estafa, y el juez les impone la obligación de comunicar cualquier posible cambio de domicilio.

A lo largo de la mañana y de la tarde salieron en libertad con cargos por corrupción y cooperación en estafa el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, con el compromiso de pago de una fianza de 50.000 euros, retirada del pasaporte y obligatoriedad de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Previamente, fue puesto en libertad con cargos por un presunto delito de corrupción el jefe de los servicios médicos del club, Juan Carlos Galindo, con la obligación también de presentarse cada quince días en el juzgado mientras dure la instrucción del caso.

Tanto el letrado del presidente del club, José María Fuster, como el del jefe médico, Bernardo del Rosal, confirmaron los cargos imputados a sus respectivos clientes, quienes, según afirmaron los abogados, defendieron su inocencia así como que no recibieron beneficios por apuestas en partidos amañados.

El primero de los jugadores en declarar fue el ex del Valladolid Borja Férnandez, quien salió una hora después en libertad con cargos por presunta corrupción y cooperación en estafa, tras el compromiso de pago de una fianza de 50.000 euros.

Más tarde declaró el jugador del Deportivo Íñigo López, quien fue puesto en libertad con cargos por corrupción y cooperación en estafa y organización criminal, con una fianza de 75.000 euros y las mismas medidas cautelares que los anteriores investigados.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la Liga de Fútbol Profesional por el presunto amaño del partido Huesca-Nàstic de la temporada 2018, que generó apuestas en torno a 1,2 millones de euros, diez veces más que las habituales para un partido de Segunda División.