A la espera de la juez

La reunión mantenida el pasado viernes entre Rafael Gordillo y Mercedes Alaya en el despacho de la última mantiene en vilo al beticismo. Y es que se espera que la juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla realice esta semana un nuevo auto para aclarar el presente más inmediato de la entidad, que pasaría por nombrar a Gordillo interventor de las acciones de Farusa. Pero incluso la juez podría tomar medidas más contundentes después de los acontecimientos de los últimos días, lo que llevaría a la intervención judicial del club.

Para empezar, la juez quiere tener constancia oficial de que el consejo de administración celebrado el pasado jueves decidió la anulación de la Junta General Extraordinaria de accionistas prevista para el pasado 20 de agosto y para la que ya se habían empezado a acreditar algunos accionistas. De hecho, los últimos que se han acercado al estadio con la intención de poder acudir a la misma se han encontrado con una respuesta negativa, en consonancia con lo publicado por el club el pasado jueves en su página web, donde informaba de ese mismo asunto.

"Según lo que sabemos, ahora pueden pasar dos cosas. Que la juez nombre a Gordillo únicamente como interventor de las acciones de Farusa y que se solicite una junta de accionistas para que pueda ejercer el voto por esas acciones, lo que cambiaría el consejo. La otra opción es que habiéndose incumplido de forma flagrante y vergonzosa el auto del día 16 de julio, se justificaría una intervención judicial y no sólo de las acciones. No quedaría más remedio, después del desgobierno brutal que existe y la situación de tremendo malestar que existe incluso en el propio consejo. Es una situación de alarma que nos llega del propio Betis. Hay un procedimiento penal, con unas resoluciones judiciales que hay que cumplir y que no se están haciendo", comenta Adolfo Cuéllar, de la Liga de Juristas Béticos, que tampoco cree que Gordillo deba entrar en el consejo: "Sería un despropósito entrar en ese consejo después del bochorno que se vivió el jueves pasado".

Lo único claro es que la juez, una vez que cuente con el sí de Gordillo, o así al menos se asegura desde el entorno más cercano del ex jugador, debe realizar el auto donde se notifique a las partes las nuevas medidas que se toman desde el Juzgado para hacer cumplir sus resoluciones. Las partes implicadas en el caso confían en que entre hoy y mañana la juez las dé a conocer, aunque incluso podría apurar hasta el jueves, día en el que se marchará de vacaciones.

De momento, la juez emitió una providencia el pasado 29 de julio donde respondía a una anterior realizada por Bitton Sport. Esta empresa, la que en teoría intentaba comprar las acciones de Farusa y que no llegó a concretarse por decisión de la juez, solicitó que se anulasen las medidas cautelares decretadas desde el Juzgado para no verse perjudicada, pero la respuesta de la juez no pudo ser más contundente. Así, Alaya aseguró a Bitton Sport que no es nadie en este proceso y que no está legitimada para realizar una reclamación, ya que en el propio contrato de compra de las acciones de Farusa se indicaba que la misma no sería efectiva hasta que el Consejo Superior de Deportes la autorizase, algo que la propia juez se encargó de frenar.

Oliver, mientras tanto, aprovecha los medios oficiales para defender su gestión. "En apenas tres semanas hemos hecho muchas cosas y tomado medidas que han gustado a los aficionados. Tenemos muchos proyectos encima de la mesa para ponerlos en práctica en un plazo corto de tiempo. Queremos seguir demostrando que los hechos nos van dando la razón", apuntó el navarro. Pero, de momento, lo único que se espera es el nuevo auto de la juez, que deberá poner orden en el actual (des)gobierno del Betis.