La juez no se fía de la venta

Pese a que Luis Oliver y Ángel Vergara se pasaron toda la mañana de ayer en las oficinas del estadio de Heliópolis, las dudas sobre la compra del paquete accionarial de Farusa permanecen en el ambiente. Y no ya por los comentarios de gente cercana a ambos o ni siquiera por lo que puedan decir los grupos opositores, sino que la propia juez del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, que el próximo 14 de julio tomará declaración como imputado a Manuel Ruiz de Lopera, no se acaba de fiar de la operación emprendida por Bitton Sport, una empresa de nueva creación que ayer aún no aparecía en el Registro Mercantil y de la que no se conocen sus componentes.

Así, en una providencia enviada el 30 de junio al Consejo Superior de Deportes (CSD), la juez solicita que se le traslade toda la documentación sobre la compra de acciones de Farusa, aunque no paraliza la operación, al menos de momento. Hay que tener en cuenta que la propia Mercedes Alaya ha puesto en duda durante su instrucción la legitimidad de parte de ese paquete accionarial, por lo que ahora quiere conocer si esas acciones que están siendo investigadas son las que forman parte de la venta.

El CSD ya anunció el pasado miércoles por la mañana a través de su gabinete de comunicación, que el martes por la tarde había recibido una notificación donde se le pedía permiso para la venta de un paquete accionarial mayor al 25%, aunque en el fax enviado no se daba a conocer el CIF de Bitton Sport, ni las personas que componen dicha empresa, ni siquiera el número de las acciones que entrarían en la transacción. El CSD, una vez que se le remita dicha información, comprobará que los compradores no poseen el 5% de acciones de otros clubes, además de remitir la información a la juez.

No es la primera vez que Mercedes Alaya toma una decisión de este tipo, ya que hace dos años también realizó un requerimiento parecido cuando el grupo BSport, al que siempre rodearon las dudas, acometió la compra de las acciones de Farusa, con lectura de un comunicado en las puertas de las oficinas de la calle Jabugo incluido. Entonces, aquella petición de la juez sirvió para conocer el contenido del contrato firmado entre Lopera y BSport y que recogía cláusulas tan esperpénticas como el hecho de que el grupo no podía incluir a gente como Lorenzo Serra o Hugo Galera y que tampoco podía despedir a determinados empleados del club.

En la misma línea de la juez se manifestó ayer la asociación de béticos de base Por Nuestro Betis (PNB), a lo que posteriormente se sumarían el resto de asociaciones contrarias a las gestión de Lopera.

En un comunicado, PNB precisó que se hace necesario "aclarar la confusión que esta situación haya podido crear entre el beticismo de base". Así, la citada asociación destacó que "las acciones pertenecientes a Farusa siguen estando perseguidas judicialmente por la sospecha de no haber sido desembolsadas de acuerdo con lo previsto en la Ley".

De este modo, PNB adelantó que continuará empleando todos los medios a su alcance, en el seno de las diligencias previas seguidas ante el ya indicado Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, "para esclarecer la realidad sobre la verdadera titularidad de las mencionadas acciones".

Paralelamente, se destacó que "la supuesta venta de las acciones de Farusa no varía ni un milímetro la voluntad decidida" de PNB de exigir las responsabilidades penales que correspondan "de quienes han venido ocupando los órganos de administración de la sociedad, así como cualquiera otra que pudiera derivarse de la operación" anunciada.

Y es que los integrantes de este grupo consideran que "la deliberada ocultación de las cuestiones más relevantes, relativas a la presunta venta, entre ellas la identidad de los "supuestos empresarios del grupo comprador, la supuesta fijación de un precio", y la referente a la composición del futuro órgano de administración, "resta credibilidad a la compra anunciada", y provocan "la más absoluta incredulidad".