El campo andaluz -en concreto Asaja, COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias (y también UPA hasta hace unos meses)- lleva un año posicionado en contra de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que prepara el Gobierno, con manifestaciones incluso en plena pandemia. Y, según las asociaciones agrarias, el Ministerio de Agricultura, que dirige el andaluz Luis Planas, no ha variado su postura un ápice y sus movimientos siempre han ido en la dirección contraria a los intereses de los productores del sur.

A pocas fechas de que los documentos de trabajo del Ministerio se conviertan en decreto-ley, Asaja Andalucía y Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía han hecho este miércoles un último intento de forzar a Planas a variar su postura. El plazo de alegaciones al borrador del Plan Estratégico de la nueva PAC concluye el 15 de junio y las dos organizaciones han decidido alzar la voz para hacer notar el perjuicio que supondría que no hubiera rectificación.

Según explicó Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía, en esta batalla también está COAG Andalucía, pero la organización decidió hace unos días "no intervenir ahora" con el argumento del momento electoral que vive Andalucía. UPA Andalucía, por su lado, se ha desmarcado de la unidad de acción y mantiene una postura más cercana al Gobierno (aun con críticas) desde que Cristóbal Cano asumiera la secretaría general hace ahora un año.

Cooperativas y Asaja inciden en que el 52% de los agricultores andaluces (unos 122.000) perderá con la nueva PAC entre el 15 y el 50% de sus fondos y que Andalucía en su conjunto recibirá 100 millones menos al año en ayudas directas, 500 en todo el periodo 2023-2027. Según sus cálculos 750.000 hectáreas de secano perderán el 30% de sus ayudas actuales, 700.000 hectáreas de olivar sufrirán una merma de más del 25% y todo el regadío andaluz verá reducido el importe entre un 30 y un 40%.

La cuestiones que se dirimen son muy técnicas pero con efectos económicos que se verán en los balances anuales de la PAC de los próximos años. Así, el Gobierno baja las 50 regiones productivas actuales (que suavizaban la convergencia entre los agricultores que más reciben y los que menos) a 20, lo que provoca una mayor distorsión y perjudica a los que tienen derechos más altos, más numerosos en Andalucía por su potencial productivo. Pero lo más denunciable, según las organizaciones agrarias, es la forma en la que se han configurado las regiones, uniendo algunas con derechos altos (y por tanto mayor potencial productivo) con otras con derechos más bajos (menos productivas). Según Serra, no hay una homogeneidad en el agrupamiento de regiones, con lo que salen mal paradas zonas como la Vega de Granada, el Condado de Huelva, la Vega de Antequera, la Loma de Jaén y la Campiña de Sevilla, "la más perjudicada de todo el territorio".

Las dos organizaciones también claman contra el modelo de ecoesquemas, ocho en total en función de los tipos tipos de cultivo y no uno por cada región productiva, como pide Andalucía, para acomodar mejor los pagos al tipo de agricultor.

Recordemos que esta figura sustituye al antiguo pago verde. Es voluntaria, pero si el productor no lo aplica pierde el 23% de la ayuda que tiene asignada. Y si lo aplica tampoco tiene garantizado que reciba ese 23%, ya que la ayuda ambiental es lineal según el tipo de ecoesquema. Puede pasar que un productor reciba el 10% y no el 23%, o incluso menos. Según Jaime Martínez-Conradi, director de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, "los ecoesquemas se van a convertir en la famosa tasa plana" y para muchos "el coste va a ser tan alto que les va a interesar abandonar esa práctica ambiental".