El Gobierno pone sobre la mesa una tasa para mantener las autovías

Los ministros de Fomento y de Hacienda en funciones, José Luis Ábalos y María Jesús Montero, pusieron sobre la mesa el debate sobre cómo financiar el mantenimiento y la conservación de las vías de alta capacidad, después de que Ábalos declarara que el Gobierno baraja la introducción de un posible "pago simbólico" por el uso de las autovías. El objetivo, según el titular de Fomento, es asegurar su viabilidad. Según El País, el Gobierno sigue perfilando un modelo para asegurar la viabilidad de la red de autovías del Estado y baraja el pago por uso de estas infraestructuras, aunque el coste para los usuarios sería "simbólico".

Según informa El País esta cantidad sería alrededor de una décima parte de lo que actualmente se paga de media en las autopistas y su recaudación se destinaría también a reducir el peaje de las autopistas privadas.

Ábalos explicó que la posibilidad de imponer un peaje en vías que son gratuitas "es una cuestión a debatir y sobre la que reflexionar", aunque "el proceso ni siquiera se ha iniciado".

El titular de Fomento recordó que en la pasada legislatura ya se planteó la creación de una subcomisión de estudio sobre la financiación de la red viaria de alta capacidad, que tiene un coste de 1.100 millones de euros para el erario público, pero ésta no llegó a constituirse.

Desde Sevilla, María Jesús Montero insistió que no hay ninguna propuesta concreta, pero sí se analizan fórmulas que "permitan una mayor y mejor conservación de las carreteras".

La apertura de este debate coincide con el inminente fin del peaje de la autopista Sevilla-Cádiz, el próximo 1 de enero. El pasado 2 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó la licitación del mantenimiento de esta infraestructura por 24,7 millones de euros, un paso clave para que termine la concesión, ya que significa que Abertis, la empresa adjudicataria, dejará de conservar la carretera porque ya no será la titular de ella.

La Junta de Andalucía manifestó su sorpresa por la apertura de este debate, justo en este momento. "Ahora, cuando estábamos a punto de lograr que no haya que pagar por circular por esta carretera vienen a decirnos que lo mismo tenemos que volver a pagar por usarla; es incomprensible", afirmaron fuentes oficiales de la Consejería de Fomento a Europa Press, que recordaron que el propio PSOE llegó a reclamar al Parlamento andaluz que se rescatara el peaje, "lo que habría costado 4,5 millones de euros a todos los andaluces".

Más allá de esta cuestión, lo cierto es que el globo sonda gubernamental ha generado un debate social, con actores a favor y en contra. A favor, por ejemplo, se sitúan los constructores, en teoría los grandes beneficiados porque, a la postre, son los que arreglan las carreteras.

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionariasde Infraestructuras (Seopan), a través de su presidente, Julián Núñez, señaló que "en prácticamente toda Europa se paga por el uso de las vías de alta capacidad" y que en España la ausencia de un modelo homologable ha provocado "ineficiencias" y desigualdades entre territorios y contribuyentes. "Tengan o no coches, están financiando con sus impuestos el pago del mantenimiento de las infraestructuras", afirma, para añadir a continuación que los usuarios de barco, ferrocarril o avión sí que pagan por su uso. También destacó que el retorno fiscal sería del 40%. "Generar recursos públicos a través de la tarificación viaria sería muy beneficioso para el conjunto de la sociedad", dijo.

En el lado contrario se situaron los transportistas. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) aseguró que el sector ya contribuye con sus impuestos -concretamente, el de hidrocarburos- al mantenimiento de las carreteras y, además, una tasa repercutiría negativamente en la exportación de productos a Europa, lo que afectaría al valor final de los productos, que perderían competitividad.

Por su lado, el director de Seguridad del Real Automóvil Club de España (RACE), Antonio Lucas, alertó de que la medida derivaría el tráfico hacia vías menos seguras. Lucas señala que esta medida supone "penalizar el uso de vías más seguras" y, por lo tanto, "puede hacer que muchos conductores, precisamente para evitar este pago por uso, se vayan a carreteras secundarias, que es donde se produce el 78% de los accidentes mortales".

La organización de consumidores Facua-Consumidores en Acción considera por su lado que plantear que todos los conductores deban pagar la misma cantidad "finalmente terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo".