Economía

El Gobierno quiere acabar con la práctica de dar de baja al trabajador para volver a darlo de alta

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, en el Congreso de los diputados el pasado mes de noviembre. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, en el Congreso de los diputados el pasado mes de noviembre.

El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, en el Congreso de los diputados el pasado mes de noviembre.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció este lunes que el Gobierno está estudiando introducir una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

Durante su intervención en un desayuno on line de Nueva Economía Fórum, Escrivá subrayó que se trata de una práctica “intolerable”, que también se realiza en los meses de verano, “que no debe aceptarse y que claramente se va a penalizar”. “Vamos a establecer una tasa por las bajas de contratos. Estamos estudiando cómo hacerlo”, señaló el ministro, que explicó que el sistema actual, que permite dar de alta y de baja contratos de manera ágil, está posibilitando estos usos “no aceptables”, que llevan asociada una pérdida de protección a los trabajadores al no pagarse las cotizaciones correspondientes a los fines de semana o en vacaciones.

El ministro denunció que esta práctica “se ha convertido en algo cultural en España”, que no sucede en otros países del entorno español y que no puede aceptarse como válida, por lo que se penalizará, de forma que también se contribuirá a luchar contra la temporalidad y el alto grado de rotación de contratos que existe en España. También para combatir la temporalidad ha instado a revisar el “nicho de contratos temporales” que existe en los sectores de Educación y Sanidad.

Los ERTE costarán 30.000 millones

Por otro lado, el ministro Escrivá afirmó que todo el esquema de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puesto en marcha para paliar los efectos de la pandemia tendrá un coste este año de 30.000 millones de euros, y no ha querido cifrar el gasto que este mecanismo supondrá en 2021 porque dependerá de muchos factores, entre ellos por cuánto tiempo se prolongan los ERTE una vez finaliza su actual vigencia, que alcanza hasta el próximo 31 de enero.

En todo caso, señaló que en enero se volverá a discutir con los agentes sociales sobre el marco de los ERTE y su posible extensión, momento en el que ya se podrán tener en cuenta además algunos datos sobre las vacunas contra el coronavirus.

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