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Crisis del coronavirus El Gobierno prepara un colchón de seguridad para inquilinos vulnerables y empleadas de hogar

  • Aprobará en los próximos días ayudas a las personas que trabajan en las casas y prevé condonar dos meses de mensualidades de los arrendatarios

  • Los sindicatos piden a la Junta que pague el paro a los fijos discontinuos y eventuales de la hostelería que no estaban trabajando cuando se decretó el Estado de Alarma y que aumente la renta mínima de inserción

Una empleada de hogar limpia una ventana Una empleada de hogar limpia una ventana

Una empleada de hogar limpia una ventana

Previsiblemente, el Gobierno aprobará en los próximos Consejos de Ministros medidas para apoyar a algunos de los colectivos más vulnerables de la crisis, entre los que están las empleadas de hogar y los inquilinos con rentas bajas que no pueden beneficiarse de la demora en el pago de las hipotecas.

Empleadas de hogar

En el próximo consejo se aprobará -previsiblemente, aunque aún sin confirmación oficial- una ayuda económica, similar a un subsidio, para aquellas empleadas de hogar que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, se hayan quedado en paro o temporalmente sin empleo, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Los detalles de esta ayuda (duración, cuantía y fecha de aprobación en el Consejo de Ministros) aún no están cerrados, aunque varios medios adelantan que la prestación duraría un mes y consistiría en un subsidio equivalente al 70% de la base de cotización.  Esta ayuda sería gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, como máximo, alcanzaría al SMI, es decir 950 euros.

Con la creación de este subsidio se da respuesta a una demanda que vienen formulando los sindicatos en los últimos días. En España hay aproximadamente unos 400.000 empleados de hogar, la mayoría mujeres y muchas de nacionalidad extranjera. Dentro de la Seguridad Social, están encuadradas en un sistema especial en el que no cotizan por desempleo.

Ayudas a los inquilinos vulnerables

El Gobierno estudia además aprobar en un próximo Consejo de Ministros suspender el pago del alquiler durante al menos dos meses a todas las personas que han quedado en situación vulnerable por la crisis.

La medida, según fuentes del Ejecutivo, supondría una condonación de esa deuda, no un retraso o moratoria en el pago de la renta, e iría acompañada de una compensación económica por parte del Estado de hasta el 100% para los propietarios de los inmuebles en alquiler.

Esta propuesta a la que ha tenido acceso EFE, podría sufrir alguna modificación en el transcurso del debate interno en el Ejecutivo. De salir adelante, se podrían acoger a esta iniciativa cualquier persona que a raíz de esta crisis no pueda hacer frente al pago del alquiler por pérdida de empleo, reducción de jornada o ERTE.

En el caso de autónomos y pymes,  se podrían liberar además del pago del alquiler de su local y oficina durante dos meses o lo que dure el estado de alarma.

Además, el Gobierno acordaría que los contratos de arrendamiento de inmuebles que finalicen durante el estado de alarma sean prorrogados automáticamente por tres meses y establecería que en los seis meses siguientes a la aprobación de esta propuesta no se puedan dar subidas "abusivas" de los alquileres.

En cuanto a los arrendadores, la idea del Ejecutivo pasa por ofrecerles una compensación económica por la renta de sus inquilinos que dejarían de percibir, que será progresiva en función de la cantidad de inmuebles en propiedad que tenga en alquiler. En el caso de quienes tengan hasta dos inmuebles en alquiler la compensación sería del 100% de la renta, pero a partir de ahí, si el propietario tiene más viviendas en alquiler la cuantía se va reduciendo y quedaría en el 5% para quienes tengan más de ocho propiedades arrendadas, según la propuesta que defiende Unidas Podemos.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, admitió ayer que el Gobierno está "estudiando distintas alternativas" para ayudar a los colectivos más vulnerables en el pago del alquiler.

La vicepresidenta es de las más recelosas en el Ejecutivo con la propuesta de Podemos, ya que, recuerda, hay pequeños propietarios que tienen su vivienda en alquiler y que dependen de estos pagos para vivir, una situación que no es comparable a la moratoria hipotecaria, donde el afectado es un banco.

Eventuales y fijos discontinuos

El Gobierno ya ha aprobado que los trabajadores fijos discontinuos y eventuales, habituales en el sector de la hostelería, puedan beneficiarse de los ERTE y la prestación correspondiente de desempleo. El problema está, según denuncian los sindicatos, en que la temporada turística estaba empezando cuando estalló el coronavirus y muchos trabajadores aún no habían sido llamados por las empresas, que suelen esperar -se afirma desde UGT- a que los hoteles estén llenos para proceder a las contrataciones.

Por eso, la organización sindical pide a la Junta que haga como Baleares y pague el desempleo a los afectados por esta situación. En Andalucía, según una estimación del sindicato, hay unos 200.000 trabajadores en la hostelería, de los cuales un 60% o 70% son fijos discontinuos o eventuales. La diferencia entre ambos es que los fijos discontinuos tienen asegurado su puesto cuando llega la temporada y los eventuales encadenan contratos temporales. UGT afirma que estos últimos, cuando cumplen el tiempo máximo para que sean considerados fijos dejan de trabajar en una empresa y pasan a hacerlo en otra diferente.

Renta mínima

Por ahora, no hay noticias de que el Gobierno vaya a aplicar una general, aunque hasta el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, se mostró partidario, aunque sólo para esta emergencia. Lo que sí parece más probable es una ayuda para los que se queden sin empleo durante la crisis, por despido o por acabar su contrato temporal. Así lo ha pedido líder de CCOO, Unai Sordo, ha urgido al Gobierno a aprobar una renta para el colectivo que se queda desempleado no tienen derecho a subsidios o prestaciones.

UGT y CCOO piden también a la Junta elevar la renta mínima de inserción para colectivos en la pobreza, fijada en 419 euros ahora

En Andalucía, los dos principales sindicatos, UGT y CCOO han reclamado que la Junta eleve la cuantía de la renta mínima de inserción, una prestación autonómico para las personas en situación de pobreza y exclusión social o en riesgo de estarlo. Actualmente, ituación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, y cumplan los requisitos. Actualmente, se sitúa en el 78% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Actualmente esta cifra se sitúa en 419,5 euros.

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