La UE ha avanzado considerablemente en su esfuerzo por lograr un acuerdo sobre los nuevos requisitos de capital para la banca con el fin de blindarla ante futuras crisis, pero tendrá que seguir trabajando en los detalles para cerrar el pacto en el próximo Ecofin del 15 de mayo.

"Tenemos unos resultados fuertes y los últimos aspectos pendientes tienen que ser verificados a nivel técnico para que el compromiso pueda ser confirmado el próximo día 15", señaló la ministra danesa de Economía, Margrethe Vestager, en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros del ramo, el Ecofin.

Tras casi 16 horas de negociaciones, los ministros consideraron que tendrán pronto un compromiso entre manos que sirve de base para iniciar en dos semanas las negociaciones con el Parlamento Europeo para poder adaptar, a partir del 1 de enero de 2013, el acuerdo internacional de solvencia bancaria Basilea III a la legislación europea, que es el expediente más importante desde la crisis de 2008 para prevenir rescates masivos de bancos con dinero público.

El comisario europeo del Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, recalcó que Europa va a ser la única región o continente del mundo que extenderá Basilea III a todos los bancos, a más de 8.300, y no solamente a los sistémicos. "Se ha avanzado mucho" en el Ecofin, señaló Barnier, pese a no haber podido presentar al mundo un acuerdo definitivo.

El problema más importante de todo el debate es encontrar el equilibrio entre la estabilidad financiera y el mercado interior, para poder blindar a la banca de peligros pero sin socavar el mercado único europeo, indicó Vestager. El punto más controvertido ha sido el de la flexibilidad que deben tener los países miembros para endurecer libremente los requisitos de capital. Hubo además dos posturas claramente enfrentadas entre el grupo que pedía una mayor flexibilidad sin control previo de Bruselas -encabezado por el Reino Unido, Suecia, Polonia y la República Checa- y el que exigía una "armonización máxima", liderados por Francia, Italia y la Comisión Europea.

Finalmente, el compromiso prevé que pueden imponer un requisito adicional sobre el capital del 3% en todas sus exposiciones -a nivel nacional, en terceros países y en otros socios de la UE-, más otro 2% solo para exposiciones nacionales, lo que suma un 5%. Vestager precisó que para llegar a este 5% hay que activar un "mecanismo europeo para que todo el mundo sepa hacia donde se dirige el país", y destacó que sólo dos delegaciones tenían problemas con este punto. Este colchón se sumaría a la reserva de conservación de capital del 2,5% para todos los bancos en la UE y al anticíclico, que se fijará a nivel nacional y que creará en tiempos de crecimiento económico, que puede llegar hasta el 2,5%.

Basilea III exigirá a la banca tener un coeficiente mínimo de capital ordinario del 4,5% de los activos ponderados por riesgo, un capital de máxima calidad del 6% y un capital total del 8%. Los nuevos requisitos para la calidad y la cantidad de capital se introducirá por fases a partir de 2013 hasta 2019. Otro de los puntos más controvertidos es la posibilidad de los Estados miembros de endurecer temporalmente los requisitos de capital para mitigar riesgos sistémicos y qué procedimiento deben seguir para ello, señaló Vestager.

El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró en el Ecofin que el sistema bancario español cumple los requisitos de calidad más exigentes de Basilea III. "Los bancos españoles están claramente por encima de las ratios más exigentes que se exigen en Basilea III, tanto desde el punto de vista de lo que es la calidad del capital como desde lo que son los niveles de capital", sostuvo. De Guindos explicó que las entidades españolas son de las que menos apalancadas están en Europa, lo que garantiza su solvencia y su capacidad para hacer frente a la crisis.

Mantuvo una reunión con el comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, quien "sabe que el Gobierno español va a cumplir con toda la normativa de ayudas de Estado", dijo. El ministro no descartó tampoco la creación de sociedades intermedias para aislar activos inmobiliarios, pero recalcó que esa decisión dependerá de las propias entidades, y sugirió que, en principio, no habrá ayudas públicas. "En principio, si la valoración es la correcta, son operaciones de mercado", se limitó a decir el ministro.