El Gobierno central convocó ayer a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera con un único punto en el orden del día: la aprobación de los nuevos objetivos de déficit para 2018. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tenía algo más que comunicar: los gobiernos autonómicos dispondrán este año de 1.200 millones de euros adicionales procedentes de la liquidación definitiva del ejercicio de 2015. De esta cantidad, 253 millones corresponden a Andalucía, aunque sólo se podrán destinar a amortizar deuda en cumplimiento de la regla de gasto, según denunció la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, tras la reunión.

"El ministro ha querido dar una buena noticia, pero se le ha desmontado. No es verdad que las comunidades salgan con 1.200 millones extra, porque las que topan con la regla de gasto no van a poder disponer de ese dinero", sostuvo la consejera andaluza de Hacienda.

Junto a las entregas a cuenta, la liquidación es la principal fuente de recursos de las comunidades autónomas por su participación en los ingresos tributarios del Estado. Con los nuevos datos aportados ayer, Andalucía recibe este año 18.552 millones de euros, de los que 17.315 corresponden a las entregas a cuenta y 1.237 de la liquidación de la financiación de 2015. Esto supone un incremento de 1.088 millones respecto a 2016. Sin embargo, la regla de gasto obliga a la Junta a derivar la mayor parte de este incremento a amortización de deuda. Concretamente, 637 millones están bloqueados por esta regla, que consiste en una tasa de referencia para el incremento del gasto público que determina el Gobierno central en función de la evolución de la economía.

Para el ejercicio actual, el Ejecutivo regional sólo podrá disponer de 451 millones de ese incremento de la financiación, cifra que ya estaba consignada en los presupuestos de 2017, por lo que no tendrá ningún impacto a efectos prácticos. La Junta critica la imposición de la regla de gasto ya que insiste en que se endeudamiento se sitúa casi tres puntos por debajo de la media autonómica. Además, considera que su aplicación implica que debe ajustar su déficit este año al 0,19% del PIB y no al 0,6% en vigor en 2017.

De cara al presupuesto del año que viene, el cónclave de ayer sirvió para determinar la senda de consolidación fiscal. Extremadura rompió la unidad del bloque socialista al abstenerse en la votación de los nuevos objetivos de déficit. Cataluña no pudo votar ya que no acudió su consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras. La nueva propuesta del Gobierno salió adelante con el apoyo de las regiones gobernadas por el PP -salvo La Rioja, que no asistió- y Canarias. El Ejecutivo del archipiélago, uno de los pocos que cuenta con superávit en lo que va de año, decidió dar su apoyo después de recibir el compromiso de

Montoro para que pueda destinar su remanente positivo a inversiones productivas. Esta autorización, que será extensiva al resto de comunidades que acaben el año con un balance positivo, contrasta con la situación de las corporaciones locales, a las que se les impidió usar su superávit de casi 7.000 millones con el que cerraron 2016. La concesión al Ejecutivo canario allana el camino a la aprobación del techo de gasto la próxima semana en el Congreso de los Diputados.

Los nuevos objetivos de déficit determinan que en 2018 las comunidades autónomas deberán limitar su desfase presupuestario al 0,4% de su PIB, frente al 0,3% planteado inicialmente. Esto es posible gracias a que el Ministerio de Hacienda les ha transferido una décima de la Seguridad Social, al estimar un alza de los ingresos por la mejora del mercado laboral y el incremento salarial que negocian los agentes sociales.

El Gobierno andaluz, que votó en contra de la nueva senda de consolidación fiscal, tendrá que acometer un ajuste de 300 millones de euros en los presupuestos de 2018, 150 millones menos de lo estimado inicialmente tras el Consejo de Política Fiscal de la semana pasada. "El ministro no ha explicado por qué ha cambiado la senda y por qué el subsector Seguridad Social es el afectado", señaló Montero, quien apuntó que el cambio de criterio se debe "en realidad a una negociación política que por supuesto, es opaca". El Gobierno andaluz justificó su rechazo porque exigía una "rectificación total" y que se mantuviera para el próximo ejercicio el objetivo vigente en 2017, situado en el 0,6%.

Los gobiernos autonómicos reclamaron también infructuosamente información sobre las consecuencias de la reforma del tramo estatal del IRPF que el Gobierno ha pactado con Ciudadanos. Fuentes de la Consejería de Hacienda estiman un impacto de 183 millones para Andalucía por la merma de los recursos disponibles en la participación de los ingresos del Estado.