Los gobiernos españoles no protegen a sus grandes empresas

En el mes de junio del año 2007, el Banco Santander vendió su participación en el banco Intensa-San Paolo, ante la imposibilidad de tomar una posición de control por razones políticas.

Años más tarde, el BBVA vendió igualmente su participación en la Banca Nazionale del Lavoro, haciendo pública una nota en la que denunciaba la insoportable presión e intromisiones del gobierno italiano. Algo insólito en un banco.

En la década pasada, Telefónica llegó a poseer más de un 20% de Telecom Italia. Una compañía arruinada y pésimamente gestionada. Los dos accionistas de referencia -las familias Benetton y Pirelli- incluso llegaron a pedir que Telefónica se hiciera cargo de la gestión de la empresa. El veto del gobierno italiano lo impidió.

A partir de 2009, y después de varias operaciones de compra, Mediaset (cuyo principal accionista es Silvio Berlusconi) adquiere Canal+ y La Cinco, convirtiéndose en la principal operadora de TV en España. Otras operaciones importantes de compra de empresas españolas por italianas han tenido lugar en el mercado editorial y periodístico.

En 2009, la italiana Enel, una empresa semipública con una participación del Estado del 25,5%, compró Endesa, la mayor eléctrica española.

Han transcurrido ya más de dos meses desde que la italiana Atlantia anunciara una opa sobre Abertis, con sede en Barcelona. La operación aún no se ha cerrado. Pero abundando más en la absoluta asimetría en las relaciones entre España e Italia por lo que respecta a compras de empresas de un país por otro, se da la paradoja de que Abertis intentó realizar la operación opuesta a la que ahora se quiere llevar a cabo: la compra de las autopistas italianas propiedad de Atlantia (entonces llamada Autoestrade) por Abertis. La operación no se ejecutó debido al veto del Gobierno italiano.

La oferta que Atlantia realiza sobre Abertis está llena de buenas intenciones. Además de la compra de acciones en efectivo, promete que Abertis seguirá cotizando en la Bolsa de Madrid, les va a incorporar los activos que posee en América Latina, la sede continuará en Barcelona y la gestión de la empresa, para las operaciones en España y al otro lado del Atlántico, la llevarán a cabo los directivos españoles ubicados en Barcelona.

El error más grave que se cometería para la economía española con esta operación sería fiarse de la palabra de los directivos de Atlantia que negocian la compra.

Tomemos como botón de muestra el caso de Endesa, que es particularmente sangrante para Andalucía por la antigua Sevillana de Electricidad.

Los directivos de Endesa que negociaron la compra de Sevillana engañaron, en primer lugar, a Manuel Chaves, entonces presidente de la Junta de Andalucía. La promesa de dejar en la sede sevillana las operaciones de comercialización, quedaron en la nada poco tiempo después. Suprimieron, igualmente, las actividades de innovación y nuevos negocios que tenían en la sede de Sevilla.

Después de la adquisición de Endesa, Enel -y en contra de todas las promesas realizadas- ha vaciado por completo a Endesa. Todas las operaciones de América Latina se han transferido a Roma. La Endesa actual es una pequeña empresa, una sombra de lo que fue. El paquete del 25,50% que posee el Gobierno italiano le permite nombrar al consejero delegado y llevar a cabo políticas estratégicas -la expansión internacional, entre otras- sin considerar esenciales aspectos económicos o financieros. Tener la sede en Italia es más importante que retribuir al accionista y competir con las mismas armas con otras eléctricas.

Todos los países protegen a sus grandes empresas; intentan evitar que caigan en manos extranjeras. En teoría, las operaciones de adquisición intracomunitarias no pueden ser vetadas por los gobiernos. Pero Francia lo lleva practicando desde mucho antes de la fundación de la UE. Los gobiernos italianos lo han llevado a cabo con las amenazas que hemos comentado anteriormente. Los bancos españoles tuvieron que marcharse y también Telefónica.

Hasta la propia Alemania, preocupada por la adquisición de empresas tecnológicas por parte de competidores chinos, está elaborando una ley para evitar compras hostiles. Holanda también lo está haciendo.

Hay muchos más casos y en todos surgen problemas asociados a qué accionistas van a ejercer el control y, por tanto, que directivos son los que van a dirigir la nueva empresa fusionada, y donde se va a situar la sede corporativa, el centro de decisión.

Estas cuestiones son relevantes porque el accionista que ejerza el control, será el que nombre a los principales directivos y estos diseñan la estrategia global de la compañía: que áreas desarrollar, en qué países expandirse y operar, de qué nacionalidad son los directivos de la nueva empresa, etc. La ubicación es relevante porque tiene asociada fuertes externalidades positivas para la empresa y para el conjunto de la economía del país. Los directivos del centro corporativo son los que perciben los salarios más elevados y la sede central atrae la instalación de grandes bancos de inversión, empresas de consultoría estratégica, de auditoría y muchas otras de servicios especializados. Además de las mayores retribuciones, en donde se encuentre la sede corporativa, suelen ubicarse las actividades de I+D más importantes; se crea inteligencia, conocimiento, sobre el negocio global que orienta y dirige a la empresa.

Que la sede central de Enel, matriz de Endesa, se encuentre en Roma y no en Madrid ha cambiado profundamente aspectos estratégicos fundamentales de la empresa. Endesa es una empresa controlada por el gobierno italiano.

El mismo destino le depara a Abertis si no encuentra una solución -con ACS o con otra empresa- para detener la opa de Atlantia. No es legal. Pero como no lo ha sido en los restantes casos relevantes que se han dado en la UE. Retiren toda credibilidad a las promesas de los directivos italianos de Atlantia.