La aldaba
Carlos Navarro Antolín
La alegría de Fito
El precio de la luz ha sufrido picos históricos en España después de que se iniciara la guerra en Ucrania en 2021, debido a este incremento en las facturas de los españoles, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas para que los precios no se vuelvan a disparar y afecten de nuevo al bolsillo de los ciudadanos. La nueva medida aprobada ha sido la reforma de la tarifa eléctrica regulada, el denominado precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), para que sea menos volátil en 2024.
La nueva fórmula de cálculo entra en vigor a partir del 1 de enero de 2024, y su indexación a los mercados a plazo reducirá la volatilidad, aportando más estabilidad a las facturas finales de los consumidores y manteniendo las señales de ahorro y consumo eficiente.
Esta tarifa regulada dejará de estar vinculada a la cotización horaria del mercado mayorista de la luz, está reservado a los suministros con hasta 10 kilovatios de potencia y a partir de enero sólo podrán acogerse a esta opción los hogares y micropymes, que tendrán que certificar su condición a través de una declaración responsable.
No obstante, se establece un periodo transitorio hasta final de año para los cambios y se respetan los contratos vigentes y firmados antes de esa fecha, de manera que cuando vayan venciendo los afectados deberán acudir al mercado libre. Si no lo hacen, se les seguirá suministrando electricidad con la tarifa PVPC más un recargo del 20 %.
La reforma aspira a reforzar la protección de los pequeños consumidores de electricidad frente a la creciente volatilidad de los mercados energéticos, un fenómeno nuevo para este sector, dicen fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que creen que la época de precios estables se ha terminado y hay que estar listos.
Otras dos metas, éstas secundarias, son mantener los incentivos a la eficiencia energética y la gestión de la demanda, y adaptar la regulación a la vigente directiva del mercado interior en lo relativo a las tarifas reguladas.
Como consecuencia de ello, la nueva PVPC incorporará parcialmente las señales de precio a largo plazo, lo que supondrá un impulso a la contratación de electricidad en estos mercados.
También permitirá una reducción de la volatilidad en las facturas de hogares y micropymes españoles, especialmente acusada desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. De este modo, se lleva a cabo una desindexación parcial de los mercados al contado, al incorporar referencias de los de futuro de forma gradual.
En concreto, fija un marco transitorio por el cual el peso de la señal a plazo se incrementará progresivamente entre 2024 y 2026, de modo que para el primer año representará un 25 % e irá subiendo hasta alcanzar un 55 % en 2026, dejando el porcentaje restante (45 %) a la diaria e intradiaria.
A su vez, las referencias de precios de los mercados de futuro estarán integradas por una cesta de productos a plazo con distinto horizonte temporal. Así pues, el 10 % corresponderá al producto mensual; el 36 %, al trimestral, y el 54 %, al anual.
Desde el Ministerio aseveran que, en cualquier caso, la nueva metodología preservará la señal de precios horarios al mantener el diferencial resultante de la casación del mercado diario, lo que contribuirá a fomentar patrones de consumo eficientes para aprovechar las horas más baratas.
Tal como ya avanzó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la reforma, que se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), concede un margen para que todos los actores del sistema eléctrico vayan incorporando las novedades.
Para las comercializadoras de referencia, el texto entra en vigor el próximo 1 de julio, fecha en la que ya se empiezan a tener en cuenta las cotizaciones de la cesta de futuros, en tanto que la aplicación respecto a la factura de los consumidores comenzará el 1 de enero de 2024.
La fórmula prevé garantizar además que estas comercializadoras no concurran en un desequilibrio económico que les pueda llevar a la quiebra, al tener que asumir ahora unos riesgos que, hasta el momento, no tenían ya que no compraban por anticipado.
La reforma del PVPC es uno de los compromisos que España adquirió con la Comisión Europea para que se aprobara el tope al gas destinado a la generación eléctrica, y tendría que haber entrado en vigor a comienzos de año. Desde su creación en 2014, este precio regulado se ha configurado como una de las ofertas más competitivas del mercado.
Pero se ha logrado "a costa de una elevada exposición de los agentes al mercado diario, socavando los incentivos a aprovisionarse por medio de instrumentos de cobertura a plazo", advertía el Ministerio en el documento remitido al Consejo de Estado. La PVPC es necesaria para poder tener el bono social eléctrico, un descuento en la factura de la electricidad para los consumidores calificados de vulnerables.
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