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La era de los excesos tiene un coste económico. El gasto en horas extras de los policías locales alcanza los veinte millones de euros, lo que pone en jaque cualquier economía municipal. El Ayuntamiento tendría que hacer como en tiempos se planteaba en la sanidad: la factura sombra. Esto es, entregarle a cada hermandad, a cada asociación cultural y a cada entidad que saca una cruz de mayo cuál es el coste de poner un cortejo en la calle. Estamos quizás demasiado acostumbrados a lo gratuito. Damos por hecho que esto es Sevilla y aquí todo rodilla se debe doblar en cuanto suena una corneta. La información precisa y rigurosa del compañero Fernando Pérez Ávila sobre este asunto apuntaba a que Sevilla ha de plantearse ya si debe cobrar unas tarifas por acontecimientos que requieran presencia policial, como así está especificado en las ordenanzas fiscales. ¿Pero quién es capaz de cobrarle a las cofradías? No hay valentía política para eso ni ahora ni antes. ¿Cómo han gestionado los ayuntamientos los asuntos de los dineros y las hermandades? Muchos lo han considerado un tema tabú por el exceso de respeto que generan las cofradías cuando no se conoce el mundillo. El mejor ejemplo fue el del primer alcalde de la democracia, Luis Uruñuela. El andalucista se encontró un Ayuntamiento en una situación deprimente en los económico. Las cofradías estaban subvencionadas directamente por el Consistorio, que organizaba la carrera oficial. Bien es verdad que las cofradías generaban los ingresos, pero el poder de gestión y reparto residía en la Plaza Nueva. ¿Qué hizo Uruñela? Quitarse de encima la responsabilidad de la carrera oficial, ceder su organización y explotación al Consejo y que fueran las cofradías las que establecieran los criterios del reparto de las subvenciones. Una gestión tan magistral que no solo ha funcionado desde entonces, sino que se ha ido perfeccionando. Siempre hemos mantenido que Uruñuela hizo virtud de la necesidad. Y le dio la caña de pescar a las cofradías en lugar de los peces.
La segunda gran gestión económica fue del alcalde de Monteseirín en los tiempos de Gómez de Celis y Marchena en la Gerencia de Urbanismo. Fue cuando se dedicaron partidas económicas a subvencionar obras de restauración a cargo de las cofradías, un programa que se denominó el urbanismo morado. Fue posible en los tiempos de fuerte boyantía del organismo autónomo municipal, cuando entraba dinero por los convenios, los intereses financieros y las miles de licencias otorgadas en la etapa del boom del ladrillo.
Unos dieron los caña, otro repartieron peces. ¿Pero alguien ha sido capaz de cobrarle a las cofradías? El caso más parecido es el del propio Gómez de Celis, cuando se subió el precio de la tasa de ocupación de la vía pública en el itinerario de la carrera oficial. La cantidad que pagaban las hermandades era poco menos que simbólica. Celis optó por regular la carrera oficial en todos los sentidos y hacer una cesión ajustada a la normativa. Fue entonces cuando se actualizaron las tasas. No es que sean especialmente gravosas, pero se puede decir que son, al menos, decentes y ajustadas. La carrera oficial era y sigue siendo el negocio redondo soñado por cualquier empresario. Se cobra el 100% de los asientos a mitad de enero, hay demanda para duplicar el aforo si fuera posible y no se devuelve el dinero en caso de lluvia.
No nos cabe duda de que el actual gobierno tampoco pasará la factura ni real ni la sombra a las cofradías, como tampoco se la enviará a los clubes de fútbol por los costosos planes de seguridad a que obligan los partidos en los respectivos estadios. También las cofradías (como la propia Iglesia) podrían alegar el coste que ahorran a las arcas públicas por los servicios sociales que asumen como propios. Fíjense en la obra social del Congreso de Hermandades: un centro de noche para personas sin hogar a los pies de la Giralda. Todo debate debe tener en cuenta todas las perspectivas. El alcalde y su equipo están condenados a la gestión de la era de los excesos, como Uruñuela se las tuvo que apañar con las arañas empadronadas en las arcas. Tiró de imaginación. Y acertó. No tuvo miedo en retirarle las subvenciones directas a las cofradías. Ofreció una alternativa a cambio que por aquel entonces no se sabía si podía salir bien o no. Se asumió un riesgo y el resultado fue... extraordinario. Corresponde hoy al gobierno municipal lograr los fondos necesarios (20 millones de euros) para asegurar que Sevilla siga teniendo tantas procesiones fuera de temporada, siempre que sean justificadas como una seña de identidad de la ciudad, al margen de la libertad de culto y otros derechos. A muchos nos parecen un verdadero exceso, pero doctores tiene la Iglesia. Busquen Sanz y sus concejales la solución para que la seguridad y el funcionamiento de la ciudad no se resientan. Se nos viene encima un calendario con más de 50 procesiones. ¡Un exceso en toda regla! Pero es nuestro exceso. También es excesivo el número de partidos de fútbol. Otra solución sería negar la autorización a ciertas procesiones, pero eso sería un verdadero lío. Y no vemos al gobierno local en condiciones de abrirse un frente. Una cosa es negar un traslado de la Catedral a la Plaza Nueva (como ocurrió con el de Valme) y otra poner un tope a las procesiones en la capital. Gobernar es imaginar soluciones a los problemas de cada momento, no acomodarse en las inercias pasadas. El mundo evoluciona muy deprisa. El Plan Trabajadera sería hoy insuficiente. Y el Cecop está a un cuarto de hora de parecer analógico.
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