España

La Fiscalía recurrirá la absolución de los 19 acusados de asediar el 'Parlament'

  • El departamento de la Audiencia Nacional entiende que la Sala de lo Penal no ha valorado debidamente las pruebas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá ante el Supremo la absolución de los 19 acusados de un delito contra las instituciones del Estado por el asedio al Parlament catalán en 2011, al entender que fueron hechos "muy graves que afectan a la soberanía democrática" de la cámara catalana. Así lo ha anunciado este martes el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, antes del inicio de la reunión del Consejo Fiscal en Barcelona, tras manifestar su "absoluto desacuerdo" con la sentencia de la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha considerado que la protesta estaba amparada por el derecho de manifestación.

Para Torres Dulce algunas afirmaciones que figuran en la sentencia "merecen una revisión por el más alto tribunal" para que establezca doctrina de cara a otros "casos similares". "A mí personalmente este asunto me parece grave y me preocupa", ha confesado Torres-Dulce, que ha emplazado al Supremo a "debatir y decidir quién tiene la razón jurídica" en este caso.

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que pedía cinco años y medio de cárcel para los 19 acusados, han informado de que este martes o miércoles presentarán el anuncio del recurso de casación por infracción de ley y por infracción del artículo 24 de la Constitución, que se refiere a la tutela efectiva judicial. En el recurso, según las fuentes, la Fiscalía alegará que los magistrados no han valorado debidamente la prueba sobre estos hechos que se encontraba recogida en un vídeo con las imágenes del asedio.

Además de la Fiscalía, el Parlament de Cataluña también ha anunciado que recurrirá la sentencia por considerar que "menosprecia" a la institución, aunque ha aplazado 24 horas la presentación del recurso para ampliar la mayoría favorable. La Mesa de la Cámara ha estudiado la sentencia absolutoria de los indignados y todos los miembros menos uno están de acuerdo en que el Parlament presente un recurso de casación contra la sentencia, y aunque la decisión de recurrir ya podía haberse adoptado, se ha decidido posponer la votación 24 horas para dar más tiempo a estudiar la resolución judicial y, al mismo tiempo, tratar de convencer al único miembro que rechaza el recurso.

Según la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, una de las víctimas de ese asedio, la cámara no sólo no está de acuerdo con la sentencia absolutoria, sino que incluso se considera "más próxima" y "comparte" el texto del voto particular discrepante del juez Fernando Grande Marlaska, que propuso condenar a diez de los 19 acusados.

El sindicato Manos Limpias, que ejercía la acusación popular en esta causa, también ha anunciado que recurrirá la sentencia, al considerarla "manifiestamente injusta", rozando "el límite de la prevaricación". A juicio de Manos Limpias, que tilda la resolución de "una burla al Estado de Derecho", la decisión de los magistrados "supone una licencia sin límite para el derecho a la libertad de expresión" porque permite "coacciones, amenazas y agresiones a las Instituciones del Estado y a sus representantes". Además observa que el voto particular discrepante del presidente de la Sala de lo Penal Fernando Grande-Marlaska, en el que con toda probabilidad se apoyaran los recursos, "pone en evidencia a sus compañeros".

Los magistrados que suscriben la sentencia, Manuela Fernández de Prado y Ramón Sáez Valcárcel (ponente), no han encontrado suficientes pruebas para condenar a los acusados y además han considerado que resulta "obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica". "Cuando los cauces de expresión y acceso al espacio público -indican- se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica", se apunta en la sentencia.

Los incidentes se produjeron el 15 de junio de 2011 durante una concentración contra los recortes sociales convocada por el movimiento 15M ante el Parlament, que derivó en situaciones de asedio a parlamentarios, entre ellos los presidentes de la Cámara, Núria de Gispert, y de la Generalitat, Artur Mas, que tuvo que ser conducido en helicóptero.

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