El Gobierno anuncia que el 82% de los concejales trabajarán sin cobrar

La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno dejará al 82 por ciento de los concejales del país sin sueldo, así como a los alcaldes de municipios menores de mil habitantes. Así se fija en el informe sobre esta reforma revisado por el Consejo de Ministros. El texto fija la lista de competencias propias de los municipios y la desaparición de las llamadas impropias, aquellas de titularidad autonómica que los ayuntamientos venían ejerciendo. A partir de ahora, esto sólo podrá ocurrir cuando esa competencia vaya acompañada de financiación suficiente y si la autonomía no la paga en tiempo, Hacienda le descontará el dinero de su participación en los ingresos del Estado.

El Gobierno estima que la reforma de la Administración local podría suponer un "ahorro potencial" total de 7.628 millones de euros en el periodo comprendido entre 2013 y 2015, ha anunciado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ha precisado que esa cifra es una estimación del Gobierno que podría aumentar y que se deriva de varios aspectos de la ley como la clarificación de competencias municipales, la supresión de mancomunidades y entidades locales menores, la limitación de asesores y cargos electos y la reducción de sus retribuciones. El Gobierno pretende con esta reforma clarificar las competencias municipales y fijar las de cada administración, además de ahorrar costes a los ayuntamientos y ser más eficientes en la prestación de los servicios públicos.

El sueldo de los alcaldes de grandes ciudades, en torno a 100.000 euros

El Gobierno fijará el tope retributivo de los alcaldes de las grandes ciudades en el salario de un secretario de Estado, de entre 95.000 y 100.000 euros anuales, elevando así el límite de 68.981 euros que se incluía en el informe del anteproyecto de la reforma local aprobado en Consejo de Ministros en julio. Montoro ha aclarado que el salario que fijará la ley para los primeros ediles que más cobren -los de ciudades de más de 500.000 habitantes- se situará "en torno" a los 100.000 euros. A partir de ahí la cifra irá disminuyendo en función de la población, como reflejan las tablas publicadas en la web de La Moncloa.

Montoro ha asegurado que se trata de una "reducción importante" y ha apuntado que, para algunos alcaldes de grandes ciudades, la limitación que establecerá la legislación ya supondrá una rebaja significativa. El ministro ha defendido también que el baremo actual es "más adecuado" porque, ha dicho, va "corrigiendo" las retribuciones de todos los municipios de acuerdo con el número de habitantes. En ese sentido, solamente los alcaldes de las ciudades de más de 500.000 habitantes podrán cobrar el tope salarial de un secretario de Estado, cuantía que se reducirá en un 10% -hasta un máximo aproximado de unos 90.000 euros- para los jefes de corporaciones locales de entre 300.001 y 500.000 habitantes.

Los primeros ediles de poblaciones de entre 150.001 y 300.000 habitantes podrán cobrar un máximo de alrededor de 80.000 euros -el sueldo de un secretario de Estado menos un 20%-, mientras que el tope será de ese sueldo menos un 25% para quienes estén al mando de municipios de entre 75.001 y 150.000 censados. Podrán percibir hasta un 35% menos que un secretario de Estado los alcaldes de municipios de entre 50.001 y 75.000 habitantes, un 45% menos los de entre 20.001 y 50.000, y un 55% menos los de entre 10.001 y 20.000 habitantes. Los alcaldes de poblaciones de entre 5.001 y 10.000 habitantes podrán cobrar hasta el 40% del salario de un secretario de Estado -unos 40.000 euros-, los primeros ediles de pueblos de entre 2.001 y 5.000 habitantes hasta un 30%, y los de entre 1.001 y 2.000 hasta el 20% de ese sueldo, que se corresponde con alrededor de 20.000 euros. Asimismo, no habrá retribución para los alcaldes de poblaciones de menos de 1.000 habitantes.

El informe recoge además que los presidentes de las diputaciones tendrán un límite máximo por todos los conceptos retributivos y asistencia que "será igual al del alcalde de la corporación más poblada de su provincia", y los concejales que sean proclamados diputados provinciales tendrán que elegir entre uno de los dos sueldos.

Algunas mancomunidades y empresas municipales desaparecerán

Las mancomunidades y las entidades locales menores que no rindan cuentas en un periodo de tres meses deberán desaparecer. Cristóbal Montoro ha explicado que esta reforma incluye un control económico y financiero "muy importante" de las corporaciones locales. Por ello, se fortalece el papel de los interventores de las entidades locales y de los secretarios, que volverán al sistema de dependencia del Estado. Este proyecto establece mecanismos de garantía del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y, en caso extremo, se prevé la intervención del municipio.

Esta cláusula de la reforma es "muy importante", ha agregado el titular de Hacienda, que ha afirmado que no se puede admitir que se estén gestionando recursos públicos sin dar cuenta de sus presupuestos. "Sencillamente, el que no es capaz de rendir cuentas y remitirlas al Tribunal de Cuentas no debe existir", ha reiterado Montoro, que ha comentado que algunas de ellas no lo han hecho nunca. El 96,1% de las entidades locales incumplen la obligación de presentar el estado de sus cuentas, algo que pasa también en el 85,2% de las agrupaciones de municipios y en el 71,3% de las mancomunidades. En el caso de las diputaciones provinciales, el porcentaje es del 9,8%.

Asimismo, la reforma contempla una "racionalización" del sector público local y sus organismos dependientes. Los Ayuntamientos no podrán crear ningún organismo nuevo durante la vigencia de su plan de ajuste y deberán corregir mediante un plan de saneamiento la situación de déficit de sus empresas dependientes, o liquidarlas.