El Gobierno cambiará la ley para renovar el TC frente al bloqueo del PP

El PSOE y Unidas Podemos han dado este viernes un golpe de efecto con una reforma legal que desarmaría la estrategia de bloqueo del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que está impidiendo la renovación del Tribunal Constitucional (TC) y acabar así con el "secuestro" de la instituciones por parte del PP. El partido de Alberto Sánchez Feijóo considera la reforma de los partidos del Gobierno un "asalto" al TC.

Los partidos que sustentan el Ejecutivo han introducido unas enmiendas a la reforma del Código Penal que establecer un mandato imperativo con un calendario para la renovación de los dos magistrados del TC que competen al CGPJ y que abre la puerta a responsabilidades penales a aquellos vocales que incumplan la ley, como ocurre actualmente.

Se trata de una maniobra legislativa que los socialistas justifican para poner fin al "secuestro" del órgano de gobierno de los jueces por parte de un partido, a decir del PSOE. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado al PP de un partido "antisistema" tras acusarlo del "secuestro" del Poder Judicial, mientras que el presidente parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, lo ha responsabilizado de lo que considera "otro golpe a la democracia desde el 23-F".

PP y Vox recurrirán la reforma del Código Penal

Como era de esperar, este paso ha agudizado aun más si cabe las malas relaciones de los partidos del Gobierno con el PP, cuyo líder se ha comprometido a batallar ante la Justicia con recursos de inconstitucionalidad y ante la Unión Europea por el "asalto al estado de derecho" para "mantenerse en el poder" que supone la reforma legal y por pretender controlar el TC. Vox ha anunciado igualmente que acudirá al tribunal de garantías.

La oposición también mira a Bruselas, pero la Comisión Europea ha dicho este viernes que la reforma legal es, por el momento, sólo "un anuncio", por lo que ha rehusado valorar si están en línea con las recomendaciones de las instituciones europeas al respecto.

Dicha reforma plantea una alternativa al modelo actual, que implica un acuerdo de tres quintos de los vocales del CGPJ si no se alcanza el consenso en tres meses desde que finalice el mandato de los magistrados salientes del TC. A partir de ahí, con el cambio, habría un sistema de votación individual en el que resultarían elegidos los candidatos con más apoyos. No sería necesario un quórum mínimo, habría una única votación y en caso de empate la última palabra la tendría el presidente, ahora el presidente suplente, Rafael Mozo, del sector progresista.

Eliminación de la renovación por tercios

La otra pata de la reforma evidencia los problemas en el TC, ya que el texto permite que, aunque la Constitución prevé que sus magistrados se renueven por tercios, en el caso de que un poder no cumpla los plazos (como ocurre ahora con el judicial), se realice la renovación del poder que sí los cumple (en este caso el Ejecutivo)

Además, plantea suprimir su potestad de verificar previamente la idoneidad de los magistrados, que es el trámite que, por el momento, una mayoría conservadora del tribunal se resiste a abordar, frente a la opinión minoritaria de algunos magistrados progresistas, que quieren convocar un pleno para estudiar esta cuestión.

Desde el tribunal de garantías se desvinculan de la reforma y consideran que este movimiento responde al bloqueo de una parte del CGPJ y que es un cambio que el legislador está habilitado para hacer.