Las claves
Pilar Cernuda
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid remitió ayer al Tribunal Supremo, el único órgano competente para investigar a aforados, una exposición razonada en la que pide que cite a declarar, con carácter urgente, al senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, al diputado, Jesús Merino y al ex eurodiputado Gerardo Galeote tras encontrar indicios que apuntan a que los tres dirigentes del Partido Popular podrían ser imputados en el caso Gürtel.
El juez instructor del caso en el TSJM , Antonio Pedreira, en un escrito dirigido al Alto Tribunal, explica que en su investigación del caso ha descubierto "hechos nuevos" que podrían servir de base para imputar al senador Luis Bárcenas por un delito de delito fiscal y otro de cohecho en la trama de corrupción supuestamente vinculada al PP.
Por su parte, el diputado por Segovia Jesús Merino también podría ser responsable de otro delito de cohecho. En cuanto al ex eurodiputado Gerardo Galeote, el juez Pedreira no especifica el delito por el cual podría ser juzgado, sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que destapó el caso en el mes de febrero, consideró que Galeote habría percibido 652.310 euros de la trama supuestamente liderada por el empresario Francisco Correa.
A partir de este momento, el Tribunal Supremo tiene que dictar una providencia para nombrar a un ponente para este caso y además tendrá que trasladar el caso a la Fiscalía para que se manifieste sobre si es competente o no para juzgar el caso.
Además, una vez que reciba la exposición razonada del juez Pedreira, el Tribunal Supremo tendrá que comprobar que las personas inculpadas son aforadas, lo que, según fuentes del Alto Tribunal, podría venir acreditado ya por el Tribunal Superior de Justicia madrileño. En caso contrario, es el secretario de gobierno del TS, Julián Pedro González, quien tiene que informar sobre tal aforamiento a la sala de admisión de causas especiales de la sala de lo penal del Supremo.
El siguiente paso jurídico será que el Tribunal Supremo emita un auto en el que anuncie si admite o no la causa y entonces tendrá que nombrar a un magistrado instructor que se encargaría de practicar las diligencias que estime oportunas.
Pedreira, en su escrito, argumenta que remite el caso al TS en base a las últimas declaraciones y los últimos informes recibidos tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la Agencia Tributaria. Además pide que el Tribunal Supremo se pronuncie con urgencia ya que el delito fiscal que podría imputarse a Bárcenas prescribe a finales de este mes.
Pedreira también pidió al Alto Tribunal que se haga cargo de todo el caso "para mantener la unidad del procedimiento y para evitar la ruptura de la causa".
A finales de la semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción cambió de criterio y aseguró que con nuevos datos de la Agencia Tributaria había suficientes datos para imputar al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado nacional Jesús Merino.
Las fiscales anticorrupción entienden que al haber estrechos vínculos entre los aforados y el resto de imputados, principalmente con el presunto cabecilla de la trama Francisco Correa, debe ser el mismo tribunal el que se encargue del proceso.
La única parte que se puede escindir es la valenciana, en la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su número dos, Ricardo Costa. En este caso, sería el Tribunal Superior de Justicia de Valencia el que seguiría con esta parte de la investigación.
Anticorrupción se basa en un informe de la Agencia Tributaria para sostener que los dos parlamentarios pudieron cometer delitos fiscales al no haber declarado a Hacienda ingresos supuestamente procedentes de la contabilidad B del entramado empresarial de Correa.
La existencia de esos ingresos no declarados son el elemento que habría permitido a las dos fiscales afirmar algo que hasta este momento no tenían claro: que las iniciales L.B. y J.M. que aparecen en la contabilidad B de la trama se corresponden con las iniciales de Luis Bárcenas y Jesús Merino.
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