El Gobierno aprobó ayer la anunciada rebaja del IVA del 21% al 5 % en la factura del gas natural para todos los consumidores, incluidas las comunidades de vecinos, desde el 1 de octubre hasta el final de año. Esta medida, que supondrá un coste de 210 millones de euros hasta el 31 de diciembre, puede continuar en 2023.

Según detalló la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto de medidas urgentes en el ámbito de la energía que, entre otras medidas, incluye esa reducción del IVA, que afecta también a la compra de astillas, pélets y leña.

"Cumplimos nuestro compromiso con la mayoría social, reduciendo hasta en un 80% los impuestos eléctricos para ayudar a las familias y empresas ante esta crisis energética", ha dicho en Twitter el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya adelantó esta medida al comienzo de septiembre.

Según los cálculos del Ejecutivo, la rebaja impositiva supondrá un ahorro de 210 millones de euros para los consumidores hasta el 31 de diciembre, aunque Ribera no ha descartado que la medida se prolongue más allá de esa fecha en función de cómo evolucione la situación, marcada por la crisis energética que sufre Europa tras la invasión rusa de Ucrania.

En este sentido, la rebaja también se aplicará en todos los suministros de gas natural destinados a las calderas de las comunidades de vecinos que, por los volúmenes que manejan, no pueden acogerse a la tarifa regulada, cuya subida está limitada por el Gobierno a un 5 % por trimestre.

El Gobierno lleva tiempo apuntando que es necesario ofrecer una solución a las comunidades de propietarios con caldera de gas centralizada, probablemente a través de "una solución específica para ese tipo de consumo" para que, mientras el gas esté tan alto, puedan tener también un sistema de contención del precio de la energía, en palabras de Ribera.

"Lo tenemos que acabar de definir y queremos que llegue antes de que los ciudadanos empiecen a recibir las facturas de calefacción", dijo la prima ministra la semana pasada.

Otra medida aprobada este martes es la creación del llamado "servicio de respuesta rápida de la demanda", un mecanismo que se encargará de aplicar Red Eléctrica y que permitirá otorgar mayor flexibilidad al sistema para reducir la demanda en horas puntas.

Este mecanismo garantiza la disponibilidad de las plantas industriales para que, con una antelación de quince minutos, paren en caso de necesidad y reduzcan así su demanda eléctrica en un plazo máximo de tres horas, a cambio de ser compensadas económicamente.

Red Eléctrica, en tanto que operador del sistema, gestionará el nuevo servicio y lanzará la subasta anual, en la que podrán participar las comercializadoras y los consumidores directos de más de un megavatio.

El Gobierno prevé que la primera subasta se celebrará "muy próximamente", porque el nuevo servicio "debe estar operativo antes del próximo 1 de noviembre, con vistas a la temporada invernal".

Por otra parte, este martes también se ha dado luz verde a que las instalaciones de cogeneración queden cubiertas de manera temporal por el mecanismo ibérico que limita el precio del gas empleado para la generación eléctrica, tal y como venía reclamando el sector y como adelantó también Sánchez hace dos semanas en el Senado.

Esta medida afecta a unas 600 instalaciones que suman el 20 % del consumo de gas en España y aportan el 20 % del PIB industrial, y según Ribera, permitirá que la mitad del parque que hoy ha detenido su actividad por el encarecimiento de la energía retome su negocio y pueda volver a aportar electricidad al sistema.

"Hemos aprobado que estas instalaciones puedan renunciar temporalmente a su retribución regulada de modo que operen en el mercado eléctrico bajo las reglas del mecanismo ibérico y percibiendo el ajuste que cobran hoy por hoy las centrales de ciclo combinado", ha explicado Ribera.

La renuncia de las plantas de cogeneración a su régimen retributivo actual podrá producirse en cualquier momento mientras siga en vigor el mecanismo ibérico, que se aplica desde el pasado 15 de junio por un período de un año.

Asimismo, se han aprobado diferentes medidas para impulsar el desarrollo de generación renovable, estableciendo, entre otros aspectos, nuevos criterios para agilizar y simplificar los trámites administrativos para los proyectos de generación.

Además, también se fijan nuevos criterios para determinar la capacidad de las redes de transporte, mejorando la eficiencia, y se recortan los informes necesarios en el proceso de autorización para desarrollar nuevos proyectos.

Ribera ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Senado que, con todas las medidas implementadas para hacer frente a la inflación energética, las familias más vulnerables están pagando en sus facturas alrededor de 26 euros frente a los 88 o 100 euros que les correspondería sin las ayudas del Ejecutivo.

También ha subrayado que están beneficiando al conjunto de la ciudadanía, incluidos los consumidores de PVPC, que, aunque siguen pagando una factura alta, es un "30 o 40 % menos" que lo que abonarían sin las citadas ayudas.