Sentencia Llegar tarde al trabajo no es motivo para despedir

España

Luces y sombras del exilio cubano

  • La crisis económica se ha convertido en un obstáculo para los ex presos políticos y sus familiares en su integración en España un año después de su llegada

La falta de empleo por la crisis económica se ha convertido en el principal obstáculo que han encontrado los ex presos políticos cubanos y sus familiares en su integración en España, cuando se cumple un año desde la llegada del primer grupo fruto del acuerdo entre el régimen castrista y el Gobierno español.

El Gobierno ha decidido prorrogar seis meses más las ayudas de vivienda y manutención para que los excarcelados y sus allegados puedan hacer frente al día a día mientras consiguen un trabajo, según fuentes de Cruz Roja, CEAR y Accem, las tres ONG encargadas de la acogida.

Los primeros siete disidentes aterrizaron en Madrid el 13 de julio de 2010, al día siguiente de que el Gobierno de La Habana autorizara su liberación.

Desde entonces, y hasta abril, se ha acogido a un total de 115 excarcelados y 647 familiares, que se mantienen repartidos en pisos y centros de diversas ciudades españolas.

Once disidentes se han ido de España (nueve a EEUU, uno a Chile y uno a la República Checa) y otros tres lo harán esta semana, también a Miami, apuntaron fuentes de la disidencia.

El Gobierno estableció un plan de ayuda para vivienda, alimentación, sanidad, transporte, material escolar y formación laboral por un periodo de un año, canalizada a través de las ONG.

Debido a que la casi totalidad de los ex presos y familiares no tienen trabajo, se ha tomado la decisión de prorrogar los subsidios, que rondan los 1.000 euros, según el tipo de familia.

La condición que se pone es que "las personas formen parte activa de ese proceso de integración", explicó el subdirector para Migraciones de Cruz Roja, José Javier Sánchez.

Según Sánchez, algunos consiguieron trabajos esporádicos, pero ningún contrato permanente.

"La situación no es propicia", reconoció Sánchez a la vista de la situación económica y el alto desempleo en España.

La secretaria general de CEAR, Estrella Galán, convino en que, aunque el colectivo cuenta con la "simpatía" de la sociedad española, "la crisis les está creando muchas dificultades".

Galán señaló que las ocupaciones encontradas "han sido en el mercado negro" por regla general, porque "muchos, ante el temor a perder las ayudas, sopesan bastante las ofertas de trabajo".

Otro de los escollos para acceder al mercado laboral es que aún no ha sido posible homologar los títulos universitarios, "un trámite muy lento y burocratizado", afirmó un portavoz de Accem. "He tratado de buscar empleo, pero no aparece por ningún lado", se lamentó Alfredo Pulido, uno de los disidentes que llegó en la primera tanda y que sigue sin convalidar su título de odontólogo.

Pulido, residente en Jerez, aseguró no tener queja del trato brindado en España -"nada es comparable con una prisión, y menos en Cuba"-, pero añadió que un empleo le ayudaría a vivir mejor.

Blas Giraldo Reyes, otro ex preso que llegó en julio de 2010, se muestra pesimista después de dejar incompleto un curso de carnicero y otro de electricista en Cullera (Valencia).

"El día a día es un poco aburrido, pero al menos no tenemos problemas de techo, alimentación e higiene", se consoló Reyes, quien quiere irse a EEUU.

Las ONG admiten que la mayor parte de los excarcelados llegaron con unas "expectativas muy altas que no se han podido cumplir".

Este sentimiento de decepción ha llevado a algunos familiares a regresar a Cuba, aunque el régimen castrista ha negado el visado a varios de ellos.

Las mediocres condiciones del hostal madrileño adonde fueron llevados al comienzo generaron fuertes críticas, aunque la opinión mayoritaria sobre el alojamiento es ahora de agrado.

Algunos disidentes disponen de ayudas para alquilar dos pisos al tratarse de "familias muy extensas", apuntó Galán, al incluir en ocasiones a su esposa y a su anterior mujer con sus respectivos hijos y parientes.

Las quejas que también hubo en los primeros meses sobre el "limbo jurídico" de los excarcelados se han ido suavizando igualmente.

El Gobierno ha concedido hasta ahora el estatus de refugiado político a 53 disidentes o familiares, y a otras cerca de 400, el de la protección subsidiaria, un régimen más flexible que el del asilo.

Dos de los ex presidiarios han tenido hijos en España después de que sus esposas viajaran embarazadas desde Cuba.

Falta por resolverse la situación legal de los últimos excarcelados, entre los que habría presos comunes conflictivos que el Gobierno cubano aprovechó para liberar, según denunciaron algunos grupos de la disidencia.

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