La juez manda a Junqueras y siete ex 'consellers' a prisión sin fianza

Golpe judicial al desafío independentista. La juez Carmen Lamela decidió enviar a prisión al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y a siete de los ex consellers que acudieron a declarar a la Audiencia Nacional. La magistrada ordenó prisión incondicional por riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva. El único ex miembro del Ejecutivo catalán que podrá eludir la cárcel es el ex titular de Empresa Santi Vila, que dimitió en desacuerdo con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), a quien la juez le impuso fianza de 50.000 euros, que podría hacer efectiva este viernes.

Sólo faltaron a la citación judicial el ex presidente Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros huidos a Bruselas, sobre quienes pesa una petición de arresto internacional que aún no ha resuelto la magistrada. Todos ellos están acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación en el proceso independentista. La no comparecencia de Puigdemont y cuatro de sus ex consellers llevó a la Fiscalía a pedir a la magistrada que ordene su detención a las autoridades belgas.

Los ocho ex consejeros que ingresaron en dos prisiones de la Comunidad de Madrid -Alcalá Meco y Estremera- son Junqueras, Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo) y Joaquim Forn (Interior). En el caso de Vila, Lamela considera que, como dimitió un día antes de la declaración de la independencia en el Parlament, "desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista". El ex conseller de Empresa fue el único que respondió a todas las preguntas, a diferencia del resto de investigados, que sólo contestaron a sus abogados.

Los defensores ven "desproporcionada" la decisión de la juez y advierten una situación de "indefensión", dado que la citación se conoció el martes y algunos de los acusados la recibieron el miércoles por la mañana sin tiempo para preparar la estrategia.

Sin embargo, la juez aprecia riesgo de fuga, reforzado por la huida de Puigdemont y cuatro ex consellers a Bruselas. "Basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido", destaca la magistrada en el auto de prisión. El escrito relata que los encarcelados cometieron violencia con sus actuaciones, al urdir una "estrategia perfectamente organizada" para lograr la independencia, alentando "movilizaciones tumultuarias contra los funcionarios de Guardia Civil y Policía" y auspiciando al "brazo civil del levantamiento", en referencia a las organizaciones soberanistas ANC y Òmnium. Precisamente, el empleo de la violencia es uno de los requisitos que prevé el Código Penal en la comisión del delito de rebelión.

La juez recuerda que los encarcelados formaban parte del Gobierno catalán, donde los acuerdos se tomaban "de forma conjunta", en "reuniones periódicas" y todos ellos eran "conocedores" de las distintas actividades llevadas a cabo para llegar a la independencia, que "consentían y apoyaban".

El auto recoge el llamamiento que realizó Puigdemont, durante un mitin organizado por la ANC en Sant Joan Despí, en el que estaba acompañado de Jordi Sánchez, ya en prisión por orden de la misma magistrada. El ex presidente de la Generalitat alentó ese día el "enfrentamiento" de los asistentes con los alcaldes que no querían ceder locales para el 1-O, según la juez, que recuerda las palabras del expresidente: "Miradles a los ojos y que os digan si os dejarán votar o no. Vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas".

También cita la concentración que lograron llevar a cabo el 1 de octubre las asociaciones civiles soberanistas, que "ofrecieron resistencia" y trataron de "impedir el acceso de la fuerza policial" a los centros de votación del referéndum ilegal. A ello, la juez añade la actitud "pasiva" de los Mossos d'Esquadra "manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil, evitando intervenir cuando los agentes de la Benemérita eran agredidos e incluso llegando a increparles". La magistrada afirma que los Mossos "llegaron a espiar las acciones de la Guardia Civil y de la Policía alertando a los congregados en los colegios" electorales de que se dirigían a determinados lugares.

Según la magistrada, desde las instituciones catalanas se impulsaron acciones de "rechazo" contra la Guardia Civil y la Policía, "alentadas por los propios querellados". En este contexto sitúa los comentarios del Consejero de Territorio, Josep Rull, en la red social twitter. El 21 de septiembre escribió: "En efecto, no les hemos dejado atacar". Y sobre los agentes alojados en los puertos de Barcelona y Tarragona, publicó el 22 de septiembre, tras estimar que costaban mantenerlos allí 300.000 euros al día: "Para reprimir no hay congelación de cuentas, ni límites al déficit público".

La magistrada precisa también que los querellados tenían "en exclusiva" el mando de los Mossos d'Esquadra, integrado por más de 17.000 efectivos armados, "con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representaban".

Asimismo, el auto recoge el comunicado de la ex consejera de Trabajo, Dolors Bassa, "alentando la convocatoria de huelga general": "El Gobierno se ha adherido a la huelga general prevista para mañana 3 de octubre. El personal que se sume al paro no se le computará esta ausencia".