El PP cree que el informe sobre la supuesta financiación ilegal está instigado por Interior

El PP valenciano ha denunciado que el informe policial sobre la supuesta financiación ilegal del partido es "un claro montaje instigado desde el Ministerio del Interior".

Un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía, publicado por El País y El Mundo y rechazado en su día por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, asegura que la dirección regional del PP organizó una financiación ilegal del partido a través de la firma Orange Market, vinculada a la trama empresarial del caso Gürtel.

Según la Policía, el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Ricardo Costa, el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular.

La contabilidad de Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, ha puesto de manifiesto que había dos contabilidades para facturar al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra "en negro", según lo publicado.

Ricardo Costa ha asegurado que el informe policial es un "claro montaje instigado desde el Ministerio del Interior", y ha anunciado la presentación de una denuncia contra sus autores, al tiempo que ha dicho que no ha pensado dimitir. Costa, quien ha admitido que el PPCV se equivocó al trabajar con Orange Market, ha explicado que la denuncia se plantea en principio contra la persona que encarga el informe y la que lo firma, "no contra la Policía".

El president de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, ha recibido el apoyo telefónico del líder del PP, Mariano Rajoy, quien ha respaldado todas las acciones que se adopten desde el PP valenciano, según fuentes del partido. Camps no ha querido pronunciarse directamente sobre el informe y se ha remitido ante los periodistas a las declaraciones efectuadas por Costa.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho desconocer por qué y quién ha encargado el informe policial, y ha agregado que "la contabilidad del partido es auditada todos los años por el Tribunal de Cuentas y es una contabilidad legal y en toda regla".

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, a través de un comunicado de prensa, ha calificado de "falsas, irracionales y ridículas" las conclusiones del informe y ha anunciado que presentará una querella por injurias por las informaciones difundidas. Rambla ha mostrado su perplejidad por la publicación de unas conversaciones entre responsables de la trama, en las que se le cita, al considerarlas "carentes de base probatoria alguna", aunque ha señalado que en ellas, se constata su "negativa a aceptar las pretensiones de la empresa implicada".

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha dicho desconocer la supuestas financiación ilegal del PPCV, y ha asegurado que "jamás ha tenido relación con nadie de los personajes de la trama Gürtel", al tiempo que ha negado recibir regalos de Álvaro Pérez El Bigotes.

Trillo lo considera un "montaje" urdido por la "Policía gubernativa"

El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, considera "un montaje" urdido por "la Policía gubernativa" además de "una chapuza" el informe de la Brigada Policial de Blanqueo. A su juicio, el PSOE ha pretendido presentar desde el primer momento la trama Gürtel "estrictamente" como "una Filesa del PP". Así, Trillo denunció la "indefensión y opresión política" que sufre su partido.

"Ellos tienen clavada la espina de que han sido condenados por el TS como un partido que ha tenido una trama de financiación corrupta", destacó Trillo en declaraciones a la cadena Cope, recordando el caso Filesa donde una trama de empresas pagó los gastos del PSOE originados por la campaña electoral de 1989. El diputado del PP y ex ministro denunció así que el Ejecutivo socialista "se empeña a toda costa" en presentar la trama liderada por Francisco Correa como un caso de "financiación irregular del PP nacional o ahora regional".

"La cosa es tan chusca que ya se cayó en la versión Garzón, en la versión traje de Camps, en el Tribunal Supremo (TS) se ha acotado muy bien a dos parlamentarios, un diputado y un senador con un marco de responsabilidad eventual que el propio TS ha dejado claro que afectaría solamente a título personal", prosiguió, para sentenciar: "Pero ellos erre que erre quieren presentar la Filesa del PP". A su juicio, el informe derivado de la investigación del caso Gürtel da opción a interpretarlo como "un asunto gravísimo" o "un montaje urdido por la Policía gubernativa". "Por la Policía de confianza política del Ministerio del Interior", agregó.

En este sentido, recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) rechazó investigar una posible financiación irregular del PP valenciano a cargo de empresas relacionadas con la trama corrupta. A su juicio, este asunto se ha "intentado alargar" con la actuación del juez Baltasar Garzón, "el tema de los trajes", y ahora "descaradamente con la Policía".

"Ya que es público, debía publicarse completo el informe", planteó Trillo, quien afirmó que, según recogen los medios de comunicación, en la primera página del documento "aparece muy claramente que es el Ministerio del Interior el que lo ordena". "En este país la Policía gubernativa por sí y ante sí acota una serie de actuaciones algunas ordenadas judicialmente, para otros aspectos, y otras que nadie sabe quién ha ordenado", añadió. El dirigente popular acusó a la Policía de "filtrar" el informe. "Es un montaje y además una filtración", insistió Trillo, quien considera "curioso" este documento ya que las empresas a las que alude son las "más importantes" del sector en la Comunidad Valenciana.

"Llevan 40, 60 y 70 años actuando, faltaría más que ahora necesitaran al Bigotes ese, al Álvaro Pérez, para conseguir adjudicaciones en la Generalitat Valenciana", alegó en alusión al presidente de Orange Market. "Es además de un montaje, una auténtica chapuza", remachó. Por todo ello, Trillo denunció la "indefensión y opresión política" que sufre su partido. "Esto no ocurre en un Estado de Derecho, tiene que actuar la Policía judicial y cumpliendo milimétricamente las órdenes de un juez o tribunal", expuso, para añadir que Anticorrupción depende "directamente de ese instrumento político incalificable que es Cándido Conde-Pumpido -fiscal general del Estado-". Finalizó que una Policía que "no se ajusta a la legalidad y a las órdenes judiciales" es propia de los regímenes totalitarios.