La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha propuesto al PSOE un calendario de tramitación de la ley trans hasta el 18 de noviembre para que pueda ser aprobada antes de que acabe el año y ha lanzado el mensaje a las organizaciones LGTBI y de personas trans de que sus derechos van a ser ley.

Montero ha lamentado el nuevo retraso en el plazo de presentación de enmiendas a la ley trans anunciado por el PSOE -y que ha sido ratificado este miércoles por la Mesa del Congreso-, al que ha pedido acordar un calendario de tramitación que incluya la finalización de la ponencia de la norma el 18 de noviembre.

"Es incomprensible que se vuelva a ampliar, solo perjudica a las personas trans que ven en riesgo la ley", ha dicho la ministra, a las que les ha lanzado un mensaje contundente: "Sus derechos van a ser ley y no les vamos a soltar la mano", afirmó la responsable de Igualdad participa en la reunión ministerial sobre el fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad de la Unión por el Mediterráneo.

"Vamos a proponerle un calendario de tramitación para que finalice la ponencia el 18 de noviembre y para garantizar que no haya más retrasos y la ley pueda ser aprobada antes de final de año; espero que el PSOE rectifique y nos acompañe en el camino", ha asegurado la ministra antes de entrar a la reunión.

Por su parte portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha afirmado este miércoles que la intención del PSOE es aprobar la ley trans "cuanto antes" y no descarta que sea antes de fin de año. Y ha insistido en que el retraso solicitado en la presentación de enmiendas es para dar "seguridad jurídica" a la norma.

"Si nos empeñamos todos, seguramente sí (será aprobada antes de final de año). Estamos retrasando una semana para blindar esta ley ante los recursos que pueda plantear la derecha, que ya los ha anunciado, para que tenga todas las garantías jurídicas para que sea la mejor ley para este colectivo. Y a partir de ahí nos pondremos las pilas para que salga cuanto antes", ha dicho.

De esta posición se ha desmarcado el responsable de justicia en la dirección federal de IU, Enrique Santiago, que ha indicado que el veto del PP a Victoria Rosell es una "zancadilla" a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero que prefieren no caer en ella y dar prioridad a que fructifique un acuerdo.

Santiago, diputado de Unidas Podemos, secretario general del PCE y en la comisión colegiada de IU responsable del área de Modelo de Estado, Justicia e Interior, ha señalado que "puede que ya esté cerca" el pacto que negocian el Gobierno y el PP para que se renueve el CGPJ "tras varios años de secuestro del poder judicial por el PP".