Los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, serán exhumados a primera hora de este lunes de su emplazamiento junto al altar mayor de la basílica del Valle de los Caídos, donde han permanecido desde la inauguración del recinto hace 64 años, para su traslado al cementerio de San Isidro.

La extracción del féretro se consumará discretamente, con el templo cerrado al público, únicamente en presencia de los familiares y los trabajadores encargados de levantar la gran losa que cubre su tumba y sin periodistas, en una operación que dará cumplimiento a uno de los apartados de la Ley de Memoria Democrática de 2022.

El prior de la abadía benedictina, Santiago Cantera, rezará un responso antes de que el ataúd salga del mausoleo rumbo al cementerio madrileño de San Isidro, donde tras su incineración los restos serán depositados junto a los de otros familiares, como su hermanos Miguel y Pilar.

Discreto y sin polémica

Todo el proceso se ha acometido de acuerdo con la familia y ha estado exento de la enorme expectación mediática y polémica política que en 2019 acompañó la exhumación y posterior traslado en helicóptero del dictador Francisco Franco, también enterrado junto al altar mayor de la basílica desde 1975.

La nueva Ley de Memoria Democrática establece en su artículo 54 que en el rebautizado Valle de Cuelgamuros "solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas".

Y añade: "Se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto". Este es el caso de José Antonio Primo de Rivera y antes lo era el de Franco.

Tumba de Primo de Rivera en el Valle de los Caídos.

Aunque existía la posibilidad legal de mantener sus restos en alguna de las criptas anexas al templo, retirándolos así de su emplazamiento destacado, la familia optó por llevarlos a un cementerio católico, dado que la normativa considera todos los enterramientos del enclave como cementerio civil.

Es más, los descendientes se adelantaron a cualquier actuación gubernamental para la reubicación y en cuanto se aprobó la norma comunicaron su pretensión de exhumarlo, tanto al prior del Valle de los Caídos como a la Comunidad de Madrid, al tiempo que solicitaron el permiso de obras al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

El importe presupuestado para la retirada de la lápida de granito de 3.500 kilos que cubre la fosa y su reposición por seis losas de mármol negro semejantes al del suelo que la circunda asciende a 8.630 euros.

Los restos de José Antonio Primo de Rivera, fusilado por la República al comienzo de la Guerra Civil, en 1936, han pasado por varias ubicaciones a lo largo de la historia.

El fundador de la Falange fue primero enterrado en Alicante, pero en 1939 su féretro se trasladó al Escorial en una procesión a pie que duró diez días hasta su destino final en la capilla de los reyes del monasterio.

Veinte años más tarde, en 1959, los restos se movieron nuevamente, esta vez a la basílica de Cuelgamuros, coincidiendo con la inauguración del recinto mandado construir por Franco para perpetuar la memoria de los que cayeron "en nuestra gloriosa cruzada" bajo una enorme cruz de piedra de 150 metros.

El dictador había pedido permiso a sus familiares para llevarlos hasta el nuevo emplazamiento, del que ahora saldrán por cuarta vez.

La "resignificación" del Valle de los Caídos

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró el jueves que este traslado supone "un paso más en la resignificación" del Valle de los Caídos para que allí "no se enaltezca a ninguna persona, a ninguna ideología que evoque a la dictadura".

Se trata de un proceso complejo, previsto en la Ley de Memoria Democrática, que comprende diversos ámbitos, desde el nuevo estatus de la comunidad benedictina del monasterio, hasta la transformación del recinto en un centro de interpretación sobre el franquismo.

Todo ello sin olvidar que en Valle de Cuelgamuros yacen los restos de 33.833 personas, combatientes de ambos bandos de la Guerra Civil, un tercio sin identificar, y que hay descendientes que quieren hacerse cargo de sus familiares; pero las exhumaciones han estado sometidas a numerosos obstáculos en las últimas décadas, tanto de índole política como judiciales.

El pasado mes de diciembre el Gobierno reanudó por fin los trabajos para recuperar los restos de 118 víctimas reclamados por sus familias, tras una paralización de varios meses ordenada por un juzgado de Madrid.