El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido la reforma del Reglamento del Parlament catalán con la que el Govern pretende tramitar de forma exprés el referéndum del 1 de octubre y ha apercibido a los miembros de la Mesa de que aplicarla acarrearía responsabilidades, incluso penales.

Los magistrados, reunidos hoy durante apenas 45 minutos, han acordado por unanimidad admitir a trámite el recurso presentado por Gobierno contra el artículo 135.2 de esa reforma, lo que conlleva automáticamente la suspensión de la norma mientras se pronuncian sobre el fondo del asunto, para lo que tienen un plazo de cinco meses.

El Constitucional también ha apercibido a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, a los otros seis miembros de la Mesa, al letrado mayor y al secretario general de la Cámara, a quienes expresamente prohíbe la tramitación de una proposición de ley por el procedimiento de lectura única (como establece la reforma impugnada) y les advierte de las eventuales responsabilidades, incluidas las penales, en las que pueden incurrir si desobedecen.

El Tribunal, como solicitó el Gobierno, acuerda la notificación personal de la resolución a todos ellos y les recuerda su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".