Cataluña

Torra quitará los lazos amarillos

  • El presidente de la Generalitat acepta la recomendación del defensor del pueblo catalán.

  • No especifica cómo se hará y se limita a decir que él no dará la orden. Parece que estudia una alternativa simbólica.

El Palau de la Generalitat, con la pancarta y los lazos amarillos. El Palau de la Generalitat, con la pancarta y los lazos amarillos.

El Palau de la Generalitat, con la pancarta y los lazos amarillos. / Alejandro García, EFE

El presidente catalán, Quim Torra, ha aceptado la recomendación del Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, de que los lazos amarillos sean retirados de los edificios de la Generalitat durante el periodo electoral, aunque no ha especificado cómo se hará y se ha limitado a decir que él no dará la orden.

Torra había incumplido los plazos de la Junta Electoral Central (JEC), que se volverá a reunir este jueves para decidir si activa alguno de los escenarios previstos en caso de desobediencia: remitir el caso a la Fiscalía, abrir expediente o instar a los Mossos d'Esquadra a que quiten los símbolos.

En un comunicado, el presidente de la Generalitat ha expresado su "respeto a la institución de la Sindicatura de Greuges" y ha insistido en que "no da ni dará ninguna orden como le había exigido la JEC".

Torra estudia una alternativa simbólica

Según fuentes de diversas consejerías, Torra estudia una alternativa simbólica que podría pasar por colocar, en lugar de lazos y esteladas, flores, adhesivos u otros elementos de color amarillo en las dependencias de la Generalitat.

A petición de Torra, Ribó le ha remitido un escrito en el que defiende la "plena libertad de expresión" en los edificios públicos, aunque durante "el periodo electoral" está "de acuerdo" con lo que dice la JEC.

Torra conocía el informe desde el viernes

El Síndic ha desvelado que este documento ya estaba elaborado, de oficio, el pasado viernes, con las mismas conclusiones, y que Torra conocía su contenido porque tuvieron una conversación telefónica.

Pero ese día Ribó decidió no hacerlo público porque el presidente le pidió una serie de "clarificaciones", que se han resuelto finalmente este miércoles. En concreto, las aclaraciones que pidió Torra eran dos: qué se entendía por periodo electoral y qué sucedía en el caso de edificios de la Generalitat gestionados por personal público o funcionario.

¿Qué se entiende por periodo electoral?

El Síndic ha clarificado que el periodo electoral es desde el momento de la convocatoria de los comicios hasta la finalización de la votación, y sobre los funcionarios ha indicado que, si bien tienen derecho a la libertad de expresión en su puesto de trabajo, la administración puede circunscribirlo a "determinados espacios del interior de la dependencia" para garantizar la coexistencia de este derecho y el de una "administración neutral".

La portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, explicó el martes que Torra "seguirá las recomendaciones" del Síndic "esté o no de acuerdo con su posicionamiento". Fuentes de la Generalitat han señalado que Torra ya estudia una alternativa simbólica a la simbología que la JEC exige retirar.

Este miércoles por la tarde, de la fachada del Palau de la Generalitat seguía colgando la pancarta con el lema "Libertad presos políticos y exiliados" junto a un lazo amarillo, aunque teóricamente será retirada y sustituida por otro elemento.

Arrimadas pide a Torra que no se esconda

En el pleno del Parlamento, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha exigido a Torra que "no se esconda detrás del procesista mayor del reino, que es el Síndic de Greuges", y cumpla de inmediato el requerimiento de la JEC. La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, ha aplaudido la recomendación del Síndic, pero ha subrayado que Torra debería haber obedecido a la JEC desde el principio.

De hecho, una negativa de Torra a retirar esa simbología podría acarrear su inhabilitación si se le considerase responsable del delito de desobediencia ya apuntado por la JEC. En concreto, el artículo 410 del Código Penal prevé "multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años" por el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales.

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