Ana Redondo, sexto miembro del Gobierno reprobado por el Parlamento en esta Legislatura

Las Cortes han pedido desde septiembre de 2014 la dimisión del ministro Óscar Puente en cinco ocasiones

El Congreso reprueba y pide el cese inmediato de Redondo por los fallos con las pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad, Ana Redondo. / Jesús Hellín / EP

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha convertido hoy en el sexto miembro del Gobierno reprobado por el Parlamento en lo que va de Legislatura, después de que el Congreso aprobara por 170 votos a favor y 162 en contra pedir su cese por la gestión de las pulseras de control telemático a los agresores machistas.

Redondo se une así a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; al titular de Exteriores, José Manuel Albares; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, cuya dimisión han pedido las Cortes hasta en cinco ocasiones desde septiembre de 2024.

Las reprobaciones, iniciativa simbólica y sin ningún efecto práctico, se han aprobado siete veces en el Senado, cámara en la que el PP tienen mayoría absoluta, y cuatro en el Congreso.

Además de Puente y sus cinco reprobaciones (tres en el Senado y dos en el Congreso), las Cortes han pedido dos veces, una en cada Cámara, el cese del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en ambos casos por su gestión del asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) arrollados por una narcolancha.

En la anterior legislatura, Marlaska ya había sido reprobado por el Congreso por su gestión de la tragedia de la valla de Melilla, donde murieron al menos 23 inmigrantes al intentar entrar en España.

Estas son las reprobaciones aprobadas esta legislatura:

Además de la reprobación de estos seis miembros del Gobierno, el 18 de junio de 2025 el Senado, con la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Vox, reprobó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por mantenerse en el cargo pese a ser investigado por el Supremo.

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