La batalla del campo cuenta

Descontada ya prácticamente la victoria del PP en las grandes ciudades, el PSOE se afana en mantener en lo que se pueda su hegemonía en el medio rural, que a día de hoy es aplastante. Al menos eso es lo que se deduce de los datos de 2007: los socialistas obtuvieron sólo 327.000 votos más que el PP, pero en concejales barrió. Logró 4.394, el 49% del total, frente a los 2.375 del PP, sólo el 26,5%. De los 770 municipios andaluces, sólo 29 tienen más de 50.000 habitantes, y en estos es precisamente donde el PSOE parece tener la batalla prácticamente perdida. Por eso sus esfuerzos se dirigen en esta campaña especialmente al ámbito rural.

En eso la maquinaria institucional tiene mucho que decir. La Junta está abonando desde enero anticipos de tesorería a más de 50 pequeños ayuntamientos en dificultades. Por pura lógica electoral, la mayoría, el 75%, es del PSOE. El partido gobernante rige 488 municipios, frente a 121 del PP. La medida tiene más que ver con la crisis que con las elecciones, pero aliviar la economía de un ayuntamiento juega a favor del candidato en el poder.

Algo parecido ocurre con otra disposición cuya aprobación por el Consejo de Ministros se produjo a principios de mayo. La incorporación de los jornaleros al Régimen General de la Seguridad Social es un reivindicación histórica de los sindicatos, que lograron que el Gobierno la aceptara ya en 2004. Sin embargo, su plasmación se ha producido ahora, al ser introducida esta medida en el pacto de las pensiones. El Gobierno, además, ha tenido el mérito de hacerlo sin ruido, a través de un pacto entre sindicatos y patronal, y sin traumas, de forma gradual. El resultado es que mientras la mayoría de los españoles tienen la percepción de que sus pensiones serán recortadas, a los trabajadores del campo les pasa lo contrario: al cotizar más elevarán una pensión que ahora, de media, está en 580 euros, muy lejos de los 1.130 euros del Régimen General. En Andalucía, las personas en esta situación rondan el medio millón, y con la crisis han ido en aumento por el regreso al campo de los trabajadores de la construcción.

Seguramente el mayor riesgo para el PSOE en la contienda rural sea precisamente ese. La agricultura, principal medio de vida de cientos de pueblos, no da para absorber la demanda de empleo, y consecuentemente el paro ha crecido de forma importante. En este contexto, el PP trata de presentarse como salvador, sobre todo en los municipios de más de 10.000 habitantes. Arenas está obsesionado con el avance paulatino en los pueblos del interior, y es en la visita a los pueblos -ocho por semana- donde concentra sus esfuerzos.

Además del aumento del paro, el campo andaluz tiene otro problema: la crisis de precios en la agricultura. A mediados de marzo, Asaja sacó los tractores y cortó diez carreteras andaluzas en protesta por el incumplimiento de los planes de choque de Junta y Gobierno. La consejera de Agricultura, Clara Aguilera, vio en esa marcha una motivación política. La hubiera o no, lo cierto es que el Gobierno y la Junta se ha esforzado en los últimos tiempos por atender algunas reivindicaciones. Por ejemplo, Interior ha lanzado un plan para prevenir robos en el campo que está movilizando a 1.170 agentes de las Unidades de Reserva de la Guardia Civil. Es loable, aunque la multiplicación de hurtos en las explotaciones agrarias no es un tema nuevo y se produce al menos desde 2008.

Desde el BOE también se han rebajado los módulos del IRPF para muchos agricultores y ganaderos, que ya en la declaración de este año -que se tramita ahora- percibirán importantes deducciones. En el caso de Andalucía, la reducción es de entre un 40 y 50% de media en los índices de rendimiento neto, con el argumento de los daños por las lluvias y los bajos precios.

En el caso del olivar, el cultivo estrella en la región, Medio Ambiente calcula que la deducción será de 240 millones en la base imponible. Tanto Junta como Gobierno se han puesto al frente de la manifestación para resolver la crisis de un sector que, calcula COAG, ha perdido 1.500 millones en tres años. Quizás el guiño más electoralista fue el de José Antonio Griñán la pasada semana en Expoliva, en Jaén. Dijo que la Junta va a impulsar una línea de crédito para resolver el problema de circulante de las cooperativas y almazaras olivareras, y lo justificó afirmando que es necesario que tengan liquidez para que así no se vean obligadas a vender a tan bajo precio. Tiene toda la lógica, si no fuera porque sólo unos días antes la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, anunció que en las próximas líneas de financiación sólo habría dinero para los proyectos de concentración de empresas. Y el argumento es tan lógico como el de Griñán: la Administración tiene recursos limitados y hay que priorizar.

Mientras, la ministra Rosa Aguilar ha buscado alternativas ante el revés que ha supuesto la negativa europea a activar el almacenamiento privado. Y esta ha sido una reunión de la interprofesional -livareros, industria y distribución- que se presume clave para sentar las bases de una nueva etapa. El encuentro quedó fijado hace tiempo para mañana, es decir, sólo dos días antes de las elecciones municipales.