El Real Decreto 265/1993 publicado por el Ministerio de Justicia en febrero de ese año hace referencia a la excedencia voluntaria del fiscal de la plantilla de la Audiencia Provincial de Cádiz Alberto Ruiz-Gallardón, en conformidad con el artículo 47 de la Ley 50/1981. El ex ministro Gallardón, que en febrero de 1993 combatía en el Parlamento de la Comunidad de Madrid contra Joaquín Leguina y contra las extrañas maniobras de la financiación de su partido en el caso Naseiro, ha tenido que recurrir muchas veces a ese artículo y a esa ley porque, si se exceptúa su pequeño paso por la Audiencia de Málaga, con 23 años, donde fue compañero del mítico fiscal asesinado por ETA Luis Portero, nunca ha ejercido en el oficio que se ganó por oposición, con el puesto número 2 de su promoción.

En la Audiencia Provincial de Cádiz, donde obtuvo plaza definitiva a mediados de los 80, cuando ya era un concejal del Ayuntamiento de Madrid con la clara vocación de la política, nadie recuerda a Ruiz-Gallardón porque sólo la pisó una vez: el día que tomó posesiónd e la plaza. Se vino en el tren de Madrid y se fue en el tren para Madrid. José Blas Fernández, senador, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz y presidente del Colegio de Graduados Sociales, quiso honrar esa coincidencia haciendo haciéndole miembro emérito de este colegio profesional, "pero se cayó por la escalera, se rompió algo y no pudo venir. Ahora vendrá como ciudadano de a pie". De hecho, a Ruiz-Gallardón se le ha visto poco por la provincia. Vino durante algún acto de la celebración el Bicentenario de la Constitución del 12, "pero no se pasó por aquí a saludarnos", bromea un magistrado de la Audiencia Provincial. Y no se le espera en los próximos años para que venga a cubrir su plaza en Cádiz. "Ni ha ejercido ni ejercerá. No le veo cobrando 3.000 euros al mes y poniéndose a las órdenes del fiscal jefe para acusar por un trapicheo o por una reyerta".