Los independentistas aceleran

Junts pel Sí (JxSí) y la CUP registraron ayer en el Parlament la Ley de Transitoriedad Jurídica, la más importante de las llamadas leyes de desconexión y que ambos grupos han pactado aprobar antes del referéndum del 1 de octubre, pese a que ha recibido el rechazo frontal de Gobierno y oposición.

Bautizada finalmente como Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, la futura proposición de ley entrará en vigor únicamente en caso de que ganara el sí a la independencia en el referéndum previsto por el Govern para el 1-O, con el objetivo de crear un marco legal alternativo al español.

Presentada ante la prensa por Lluís Corominas y Jordi Orobitg, de JxSí (PDecAT y ERC), y Benet Salellas y Gabriela Serra, de la CUP, la ley pretende dar la cobertura jurídica al periodo posterior a un eventual triunfo del sí, por lo que entraría en vigor entre el 2 de octubre y la aprobación de una hipotética "constitución catalana", según la planificación de los soberanistas.

Con 89 artículos y tres disposiciones finales, la proposición de ley se convertiría en la "norma suprema" hasta la aprobación de la nueva "constitución catalana" y las elecciones posteriores, una "transición" que tendría un plazo aproximado de un año.

El articulado prevé aspectos como amnistiar a los condenados o investigados por el proceso soberanista -no por corrupción, según la CUP-, que el presidente de la Generalitat sea el jefe de Estado o permitir a los ciudadanos mantener la doble nacionalidad española.

El Ejército español debería abandonar Cataluña, cuyas aduanas pasarían a ser controladas por la Generalitat y el personal del Estado se integraría en la administración pública catalana. Además, la Generalitat sería la única "autoridad" tributaria y ; y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convertiría en Tribunal Supremo de Cataluña.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, conversaron ayer telefónicamente y se comprometieron a "instrumentalizar una posición conjunta de respuesta a este desafío del soberanismo", según explicaron ayer los socialistas.

Desde La Moncloa, según fuentes consultadas por Efe, alertaron de que dicha ley "nunca entrará en vigor", ya que seguirán respondiendo a los "intentos" del independentismo de "vulnerar" la Constitución, y acusaron al Govern de no tener "ningún mínimo resto de sensatez, moderación o responsabilidad institucional".