Nunca había ocurrido: las asociaciones de jueces y fiscales, incluidas las que se consideraban cercanas al PSOE, han suscrito un comunicado en el que se considera que el acuerdo firmado por el PSOE y Junts echa abajo el Estado de Derecho. Lo han hecho sin conocer el texto de la ley de amnistía que preparan conjuntamente el PSOE y los independentistas catalanes, pero se augura que se moverá en la misma tónica que el pacto del jueves, que ha creado una alarma generalizada.

Como ha provocado alarma generalizada la noticia de que en el plazo de dos años se transferirá al gobierno vasco la gestión de la Seguridad Social, una exigencia del PNV desde hace décadas. Nueva decepción, similar a la preocupación y decepción que se vivió la mañana del jueves cuando se conoció el texto del acuerdo al que habían llegado PSOE y Junts: no es el PSOE el que impone sus reglas, su criterio, sino que Pedro Sánchez, su gobierno, se ha entregado con armas y bagajes al chantaje al que le someten Junts y ERC desde que en las elecciones del 23 de julio la suma del PP y Vox no era suficiente para gobernar conjuntamente y se abría la puerta para que Sánchez se mantuviera Moncloa. Con socios que consideran indeseables la mayor parte de los votantes socialistas no adscritos a lo que se ha convertido en una acepción política ya aceptada, el sanchismo.

Un sanchismo que ha convertido a España en un país en situación de derribo, con un presidente que primero se ocupó de ocupar con afines las instituciones del Estado cuando advirtió que el PSOE perdía peso electoral, después pretendió imponer su mayoría en el CGPJ y no lo consiguió porque le plantó cara el PP, al que por supuesto considera responsable de la no renovación del órgano que se ocupa de la buena administración de la Justicia y, tercero, promovió un partido en torno a Yolanda Diaz, que utiliza las artes más ridículas para sumar siglas, entre ellos un insufrible comportamiento zalamero. Y no es un comentario machista, sino la constatación de un hecho perfectamente comprobado. También hay varones que utilizan la seducción personal para conseguir adhesiones, entre ellos el propio Sánchez, a quien en Bruselas llaman “el bello Sánchez”.

Frivolidades aparte, los acuerdos a los que ha llegado Sánchez tienen consecuencias inmediatas, y no son buenas.

La primera, para humillación de los españoles, que el acuerdo con Puigdemont no se ha podido firmar en nuestro país porque Puigdemont es prófugo de la Justicia, y la han firmado en Bruselas un alto cargo de su partido y un alto cargo del gobierno. Insólito. Pero mucho más grave es que esa humillación de los españoles viene dada también porque, desde el momento mismo de la firma de la vergüenza, dejamos de ser un país de primera categoría en la Unión Europea. Pertenecemos al grupo de los proscritos, países que no respetan el Estado de Derecho, sus gobiernos manipulan los órganos judiciales y han sido llamados a capítulo: ya pueden variar de posición si pretenden seguir recibiendo fondos europeos, y no se descarta su expulsión de la UE.

España, igual que Hungría

Capitanea ese grupo Hungría, acompañada de Polonia hasta que se celebraron las últimas elecciones hace unas semanas, porque se ha abierto al posibilidad de que el nuevo primer ministro polaco sea Donald Tusk, que ya ocupó ese cargo. Después fue presidente del Consejo Europeo, y se trata de un dirigente profundamente demócrata y profundamente europeísta. Si se concreta su elección como jefe de gobierno, el presidente español formará parte del club de disidentes junto a Orban, el más desprestigiado de los líderes europeos. Con lo que eso conlleva: menos influencia para negociar en Bruselas … empezando por los fondos europeos que, si no recibimos, la economía española difícilmente podrá sobrevivir. Por no mencionar que no se podrán cumplir las promesas de Pedro Sánchez en las que se le fue la mano con subvenciones a los sectores menos favorecidos... porque interesaban sus votos.

No es la economía y el descrédito del gobierno lo más grave para los españoles. La Justicia, la administración de la Justicia, será la piedra de toque de un gobierno en el que no mandará Pedro Sánchez sino… un prófugo de la Justicia.

En el acuerdo con Junts se recoge que se tomarán medidas para que no se produzca lo que el documento define como lowfare, que en castellano se traduce por “judicialización de la política”, término que, en su sentido más amplio significa que a los jueces no se les permitirá entrar en determinados asuntos protagonizados por personajes políticos. Es más, se recoge también la creación de comisiones parlamentarias que decidirán sobre cuestiones judiciales e impedir actuaciones contra algunos políticos, lo que significa que serán los parlamentarios los que tomen decisiones que forman parte del trabajo de jueces y fiscales.

Ha sido empeño de Puigdemont incluir esa cláusula, porque tiene un par de colaboradores -entre ellos su propio abogado pero también Laura Borràs, ex portavoz de Junts en el Congreso de los Diputaos y ex presidenta del parlamento catalán- que han sido condenados por delitos comunes y a los que Puigdemont no solo va a incluir en la amnistía sino que sus delitos serán considerados producto de la judicialización de la política. Es uno de los puntos del acuerdo que ha provocado mayor movilización de los profesionales de la Justicia para oponerse al pacto entre PSOE y Junts.

Otra de las consecuencias del pacto del PSOE con partidos que apoyarán incondicionalmente a Sánchez es que han logrado representación en los organismos que determinan el calendario parlamentario, la creación o no de comisiones parlamentarias y quiénes las componen.

No se respeta la representación de las mayorías, y por primera vez la Mesa no la preside el partido que ganó las elecciones. El apoyo de los independentistas a Francina Armengol para presidir el Congreso es clave para los objetivos de Sánchez de conseguir mantenerse en el gobierno a pesar de su situación de precariedad. Armengol marcará fechas, cursará iniciativas del Gobierno y de oposición, y dará carácter de urgencia y permitirá comisiones de investigación … a conveniencia del gobierno. No andan desencaminados los que acusan a Pedro Sánchez y sus socios de romper con el Estado de Derecho.

Uno de ellos ha sido Felipe González, cuyo importante discurso del miércoles pasado tuvo una repercusión menor al coincidir con la publicación del acuerdo entre Junts y el PSOE. Acuerdo que estaba previsto que se conociera el viernes. Quizá tuvo algo que ver el discurso del ex presidente socialista, demoledor sobre la deriva que impone gobierno al socialismo desde Moncloa.

Se han hecho realidad los peores pronósticos y la situación de España y los españoles entra en un ámbito en el que no se advierte, a priori, la posibilidad de que se anulen algunos de los artículos y pactos firmados por el gobierno, que defienden un modelo muy alejado de los principios de la Constitución, aunque la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional.

En el llamado “asalto” a las instituciones se incluye la elección de Cándido Conde Pumpido como presidente del TC y aunque le indigna que se cuestione su profesionalidad como magistrado, existen motivos de duda entre algunos de sus compañeros y amigos, que están convencidos de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, cuyo texto definitivo se conocerá la semana próxima. Pero hay información sobrada sobe esa ley porque la ofrecen independentistas. Hay polémica en el círculo de Conde Pumpido: hay quien piensa que se moverá para conseguir que el TC no se pronuncie por una inconstitucionalidad que sería demoledora para Pedro Sánchez. También está en cuestión el papel del Fiscal General del Estado, que bloqueando iniciativas de diferentes fiscales, incluso del Supremo, que afectarían a las relaciones del gobierno con sus socios independentistas, que pretenden someter a la Justicia sin que el presidente de gobierno exija respeto a su independencia.

Llegan días complicados el socialismo auténtico, no el de Pedro Sánchez, que se siente seguro porque ni se plantea debatir con sus socios sobre aspectos discordantes de los acuerdos. Acepta todo lo que ponen delante.

Hoy por hoy, no se ven signos de que Sánchez pueda encontrarse con sorpresas desagradables, por ejemplo que en la investidura se produzcan ausencias injustificadas o que algunos diputados de partidos afines muestren su indignación con los acuerdos firmados y decidan no apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Difícil, pero en política es difícil decir “eso no ocurrirá”.

Situaciones impensables se cuentan por docenas.