Los presos de ETA, obligados a mover ficha tras las advertencias de Sortu

La advertencia de la izquierda abertzale a los presos de ETA obliga a este colectivo a aclarar cuál será su estrategia en los próximos años. La respuesta de los internos de la banda, incluso el tiempo que dure su debate interno, servirá de termómetro para calibrar el grado de aceptación de la propuesta de su brazo político. La resolución de esta nueva reflexión también medirá la sintonía entre las cárceles y el exterior, dos mundos en los que asoma una corriente crítica antaño inexistente.

El histórico dirigente abertzale Rufino Exteberria, actualmente en Sortu, fue el primero en introducir la discusión el pasado martes durante una conferencia en Pamplona. Para ello, más que una hoja de ruta sobre qué hacer, emitió un diagnóstico: "La caracterización actual de EPPK corresponde a otra época política". Es decir, la estrategia del "frente de cárceles" ya está "superada" y los presos deben asumir que son una "consecuencia del conflicto".

Hace tan sólo cuatro años las promesas que les llegaban a los presos del exterior eran muy diferentes. Se les dijo que el cese de la violencia de ETA abriría una negociación sobre su situación. El propio Rufino Etxeberria se justificó el martes diciendo que esa era su creencia porque, según desveló, fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quien se comprometió en 2011 a un acercamiento de los presos a las cárceles del País Vasco y Navarra.

En cambio el mensaje que les transmite ahora Sortu a los reclusos es distinto: "la salida de los presos no va a venir de la mano de un acuerdo alcanzado en torno a una mesa". Por ello se les pide aportaciones con "audacia" y se aboga por una "reintegración por medio de cauces legales y con una aplicación individualizada". Además Etxeberria introdujo exigencias a Madrid como la transferencia de las competencias penitenciarias al País Vasco y Navarra o un plan de "excarcelación condicional anticipada" para los presos.

Comunicado de 2013

No sería la primera vez que el Colectivo de Presos de ETA (EPPK por sus siglas en euskera) admitiese la legalidad. Ya en diciembre de 2013 anunciaron por primera vez su disposición a aceptar la legislación penitenciaria a cambio de beneficios y reconocían el "sufrimiento y daño multilateral generados".

No obstante, aquel anuncio nunca se transformó en medidas concretas. Para acceder a beneficios penitenciarios, la Ley les exige cuatro requisitos: romper con la banda, pedir perdón a sus víctimas, colaborar con la Justicia y pagar la responsabilidad civil de sus atentados en caso de haberlos cometido.

Por ello el margen de maniobra para los presos no es muy amplio, sobre todo si se tiene en cuenta que el propio Etxeberria se mantuvo firme en el rechazo al "arrepentimiento y la delación", que es su forma de referirse a la colaboración con las autoridades. Sortu trata así de marcar distancias con los presos de la 'Vía Nanclares' que, de manera individual, rompieron con ETA y a cambio fueron acercados al País Vasco o se suavizó su régimen penitenciario.

Debilidad de ETA

Ante la debilidad sin precedentes de ETA, la izquierda abertzale ha vuelto a marcar el paso al Colectivo de Presos como ya hizo en aquel 2013. Seis meses antes del comunicado del EPPK se había celebrado el Foro Social. Aquella iniciativa tuvo lugar entre junio y julio y sirvió a varios dirigentes de peso de la histórica Batasuna para instar a los presos a que aceptasen la legalidad penitenciaria.

Esta vez el mensaje de Sortu no llega sólo. Al día siguiente de la conferencia ofrecida por Rufino Etxeberria, 35 miembros de Batasuna, PCTV y ANV llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones por el que aceptaban sus condenas que no superaban los dos años de cárcel y evitaban la cárcel.

En ese acuerdo se comprometieron a firmar un texto en el que reconocían "su participación en los hechos asumiendo que su conducta fue contraria a la legalidad vigente". Es decir, admitían que actuaron siguiendo las órdenes de la banda, un hecho sin precedentes en el discurso histórico de la izquierda abertzale, siempre contraria a la tésis de "todo es ETA" por la que se ilegalizó a Batasuna.

Además renunciaban "a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado". Tampoco es habitual que desde la izquierda abertzale usen la palabra "terrorismo" para definir los crímenes de ETA.

El portavoz de Sortu Pernando Barrena, uno de los firmantes de ese texto, fue el encargado de marcar el camino: "el acuerdo alcanzado plantea una nueva manera de actuar en la que todas las partes hacen un esfuerzo para buscar soluciones y consideramos que puede ser útil para comenzar a dar por finalizada la aplicación de las legislaciones y políticas de excepción". Este mensaje se puede leer en clave en interna como una invitación a los presos a tomar nota. También como un mensaje al futuro Gobierno que surja de las negociaciones después del 20D. Asimismo en 2016 se celebrarán elecciones autonómicas en el País Vasco, una cita a la que la izquierda abertzale llegará con el deseo de recuperar protagonismo tras haber cosechado un mal resultado en las generales.