"Nos quedamos con lo puesto; aquello se convirtió en una zona de guerra"

Varios guardias civiles que sufrieron el atentado de ETA en la casa cuartel de Burgos en 2009 declararon ayer en el juicio que los tres terroristas acusados buscaron el mayor número de víctimas entre las 90 viviendas familiares del recinto, incluidas numerosos niños.

Los acusados, del comando Otazua, Daniel Pastor, Íñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria, se negaron a declarar en la vista, que comenzó en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) y que seguirá hoy con los informes de las partes. La fiscal pide para cada uno de ellos 3.498 años de cárcel por cometer este atentado en la madrugada del 29 de julio de 2009 con una furgoneta bomba cargada con más de 700 kilos de amonal, que causó 145 heridos, de ellos 41 niños, 38 mujeres y 22 hombres.

El guardia civil que instruyó el atestado del atentado relató en el juicio que la acción iba destinada a causar el mayor número de víctimas. Otros agentes que participaron en las investigaciones destacaron que la explosión causó un cráter de seis metros de diámetro y 1,80 de profundidad y que se encontraron restos a 600 metros de distancia.

Además, calificaron el escenario que se encontraron de "devastador" y de "zona de guerra", con edificios destruidos y coches calcinados y ardiendo, y dijeron que la mayoría de los afectados "se quedaron con lo puesto" sin poder recuperar sus enseres.

Uno de los agentes que estaba de guardia la noche del atentado explicó que él vivía en el recinto, en el que había cinco portales de viviendas, y que su casa quedó "reventada".

Varios médicos forenses recordaron que atendieron a las víctimas y que entre las mismas había bastantes niños, "algunos pequeñitos", que sufrieron lesiones de todo tipo como erosiones, golpes y cortes producidos sobre todo por cristales desperdigados por la rotura de las ventanas, así como que algunos afectados sufrieron trastornos psicológicos posteriores, incluidas depresiones.

"Salimos como pudimos, todo estaba oscuro y solo se veía el fuego por detrás", relató un guardia civil que vivía en la planta 13 de uno de los inmuebles afectados y que está retirado como consecuencia del atentado.

Los acusados cumplen condena actualmente por los últimos atentados cometidos por la banda terrorista ETA antes de su alto el fuego y la mayor pena que se les ha impuesto, 45 años de prisión, fue por el asesinato con una bomba-lapa del inspector jefe de la Policía Eduardo Puelles el 19 de junio de 2009 en Arrigorriaga (Vizcaya).