Señalamientos tardíos

El Colegio de Abogados de Sevilla apoya al letrado que lucha contra los señalamientos tardíos ante el Constitucional

La fachada del Colegio de Abogados de Sevilla, en Chapineros 6.

La fachada del Colegio de Abogados de Sevilla, en Chapineros 6. / JUAN CARLOS MUÑOZ

El Colegio de Abogados de Sevilla ha comunicado al abogado sevillano que ha llevado hasta el Tribunal Constitucional su lucha contra los señalamientos tardíos que apoya esta causa. En un escrito remitido al letrado, La institución colegial, tras recordar a Sánchez Bernal que tuvo conocimiento de la admiisión del recurso de amparo "por la prensa", manifiesta que "oficialmente" el Colegio "no tiene constancia escriita de la interposición del recurso de amparo ni de la resolución del Tribunal Constitucional".

 Aún así, el ICAS explica que  Sánchez Bernal "no ha de tener duda en que  esta institución siempre ha compartido y siempre fomentará cuantaas iniciativas se ejerciten en pro de derechos constitucionales vulnerados". Respecto a la razón por la que el Colegio no se ha pronunciado antes, cuando la primera petición de apoyo fue enviada por Sánchez Bernal el pasado 29 de diciembre, el decano de los abogados sevillanos expone que "tal y como estaba redactada la petición", entendió que pedían el apoyo para los trámites ante el Constitucional, "de lo que no tienen constancia por escrito" en la institución.

El Constitucional acordó el pasado 10 de mayo admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Sánchez Bernal "apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional". Considera, además, que la doctrina del tribunal sobre el derecho fundamental alegado (la tutela judicial efectiva), "podría estar siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdiccion ordinaria".

Hace casi un año, el pasado 24 de junio de 2021, Sánchez Bernal presentó una demanda laboral ante el Juzgado de lo Social Número 11 de Sevilla donde reclamaba a la Hispalense una indemnización por daños y perjuicios para su cliente por "incumplimiento de la formalización del contrato postdoctoral". El juzgado admitió la demanda y, en un decreto de 13 de julio, señaló que el acto de conciliación y el juicio quedaron fijados para el 7 de noviembre de 2024.

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