Un funcionario de la Jefatura Provincial de Tráfico en Sevilla y dos profesores de distintas autoescuelas han sido condenados a penas de entre uno y dos años de cárcel por facilitar varios carnets de conducir falseando los exámenes teóricos de alumnos que ni siquiera se presentaron a la prueba. 

En una sentencia firme, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla impone dos años de prisión a José María C.P. como autor de una falsedad continuada de documento oficial y un año a los profesores Luis Miguel L.P. y David O.R. como cooperadores necesarios para la comisión del mismo delito. 

Cada acusado deberá pagar una multa de 1.080 euros y el funcionario estará inhabilitado para ejercer cualquier empleo o cargo público durante dos años, mientras que los otros dos procesados lo estarán durante un año y medio. 

En los tres casos, fruto de un acuerdo de conformidad alcanzado antes del juicio entre la Fiscalía y las defensas, el tribunal aplica las atenuantes de confesión, ya que los encausados reconocieron los hechos, y de dilaciones indebidas por los retrasos que sufrió la causa. 

Hubo un tercer profesor que también participó en los hechos pero ya ha fallecido, lo cual implica la extinción de su responsabilidad criminal. 

La Sala establece como probado que José María C.P. era examinador en las pruebas de conocimiento y destreza para la obtención del permiso de conducir y al menos desde mediados de 2014, aprovechando su posición como funcionario de Tráfico, "urdió una trama" para facilitar el carnet a varios aspirantes "sin pasar por la prueba teórica". 

Para ello actuó "en connivencia" con los profesores, todos amigos suyos, que le entregaban la documentación personal de los alumnos para inscribirlos en los exámenes en la modalidad de libre. 

El funcionario registraba los datos en la aplicación informática de la Dirección General de Tráfico (DGT) "pese a no estar autorizado para ello", según destaca la sentencia, facilitada por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). 

Así, lo hacía fuera de las horas de registro o empleando la clave de acceso de una funcionaria que sí tenía la autorización pero "sin su conocimiento". 

Los acusados procuraban que el día del examen coincidiera con el que ellos tenían asignado como examinadores. 

Cuando la fecha se acercaba, el funcionario se hacía con el examen correspondiente a cada aspirante, al que tenía acceso porque "se guardaba en un armario de su departamento", y lo cumplimentaba con las respuestas correctas. 

El día del examen, el alumno no se presentaba y José María C.P. llevaba consigo el test "fraudulentamente confeccionado" para luego, "aprovechando algún descuido del resto de examinadores", introducirlo en el "flujo" de exámenes que después se guardaban en un sobre y se enviaban a la Jefatura. 

El principal acusado llevó a cabo esta actuación, de la que se beneficiaron cinco alumnos, en las jornadas de exámenes del 23 de septiembre, el 1 y el 21 de octubre y el 12 de noviembre de 2014. 

El funcionario fue detenido ese último día y, entre otras pertenencias, se le intervino la documentación original de otros ocho alumnos, así como fotocopias de nueve exámenes rellenados por otros aspirantes. 

La Audiencia considera que no se ha probado que los estudiantes "conocieran de dicha trama" ni que, para obtener el aprobado a través de ese "ardid", pagasen a los condenados "precio o recompensa económica alguna" al margen de las tasas oficiales.