El abogado del PP en el caso de los ERE, Luis García Navarro, consideró demostrado este miércoles que "las más altas instancias de la Junta de Andalucía" utilizaron las ayudas investigadas "para lograr la paz social y rédito político".

García Navarro ha empezado a exponer su informe final ante el tribunal de los ERE destacando la responsabilidad de los dos ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en cuyas manos estaba "haber puesto fin al dispendio arbitrario de caudales públicos".

Como presidentes de la Junta, les correspondía fijar las directrices del gobierno y aprobar sus planes de actuación, con la dependencia jerárquica de todos los demás altos cargos procesados.

Al frente de sus equipos de confianza, según el PP, fueron responsables de la "vulneración de los más elementales principios constitucionales e infracción del principio de legalidad", en unas ayudas que se concedieron "sin sometimiento alguno a la ley y el Derecho". La consecuencia: su "nulidad de pleno derecho".

García Navarro remató su informe ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla con una cita del propio José Antonio Griñán ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz, donde dijo que la sola mención de este hecho "le dolía como socialista": "Se han producido actuaciones ilícitas en la utilización de fondos públicos, que hemos de asumir en toda su extensión, pidiendo disculpas a la ciudadanía, corrigiéndolas y tratando de impedir con los medios a nuestro alcance que vuelvan a producirse en el futuro. No voy a negar que estamos ante hechos muy graves que en algunos casos, incluso, pueden ser constitutivos de delito". 

García Navarro destacó que el llamado "procedimiento específico" para conceder las subvenciones investigadas fue denominado así eufemísticamente pues precisamente su principal característica era la ausencia total de cualquier proceso administrativo.

Con ese procedimiento "se institucionalizó un plan opaco a la Intervención que lo que pretendía precisamente era prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", expuso el abogado.

El representante del PP citó las sucesivas sentencias del Tribunal de Cuentas que concluyeron que en las subvenciones analizadas "no hubo procedimiento administrativo sino un mero artificio para intentar dar una apariencia de legalidad".

Los 21 ex altos cargos de la Junta juzgados "sabían que se estaban dando un uso inadecuado a las transferencias de financiación", que según las leyes vigentes solo podían ascender a la cuantía necesaria para equilibrar las cuentas de pérdidas y ganancias de las agencias IFA e IDEA. Todos los informes sucesivos de la Intervención de la Junta advertía del uso inadecuado de estas transferencias de financiación y el Consejo de Gobierno "tenía perfecto conocimiento" y aprobada los presupuestos de IFA/IDEA a sabiendas del "uso inadecuado que se iba a dar a esas transferencias", según García Navarro.

En concreto, aseguró que durante todo el periodo investigado estuvo plenamente vigente la ley 15/01 de la Junta que limitaba las transferencias de financiación a empresas públicas al equilibrio de sus cuentas y no al pago de subvenciones.