Un nuevo juicio de los ERE que ya tiene fecha para su celebración, aunque arrancará el año próximo. La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha fijado para el día 15 de marzo de 2022 el inicio del juicio contra el ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas que por importe de más de 8 millones de euros recibieron las empresas vinculadas al corcho.
La Audiencia ha previsto que se celebren hasta 23 sesiones de este juicio entre los meses de marzo, abril y mayo de 2022, y en el que están acusadas cinco personas por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, como presuntos responsables penales, y también las empresas Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera y una entidad bancaria como responsables civiles subsidiarios.
En enero de 2020, el juez José Ignacio Vilaplana requirió a los acusados y responsables civiles subsidiarios para que prestaran fianzas que oscilan entre 601.012 y 11.000.000 euros, todo ello con la finalidad de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, dado que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que este conglomerado de empresas del corcho percibió un total de 8.408.096,42 euros de subvenciones de la Junta.
Los cinco procesados en esta causa son Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, Rogelio Becerra Martín; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, Fernando Pedro Moreira Oliveira; el alcalde de Cazalla de la Sierra Sotero Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; y un responsable de una entidad bancaria, Gerardo de la Cruz Elías, que "facilitó mediante su firma" la obtención "fraudulenta" del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla, según señaló el instructor en el auto de procesamiento. En marzo de 2020, la Audiencia exculpó de esta pieza a un sexto investigado, el que fuera delegado provincial del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla, Manuel Enrique Rodríguez Contreras.
El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los seis investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que ha solicitado para Ángel Rodríguez de la Borbolla la pena de 7 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para Sotero Martín Barrero, Rogelio Becerra Martín, Fernando Pedro Moreira; y 4 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para el quinto acusado, Gerardo de la Cruz.
El escrito que firman las fiscales de Anticorrupción María José Sánchez Martínez y Nazaret Salguero, al que ha tenido acceso este periódico, señala que la empresa Corchos de Cazalla que, junto a Cochos y Tapones de Andalucía (Cortansa), se encontraba en dificultades financieras que llevarían a la quiebra a esta última, se constituyó en noviembre de 1995 para la fabricación de otros productos de madera, artículos de corcho, cestería y espartería. El acusado Rogelio Becerra, que "coincidió como concejal del Ayuntamiento de Cazalla" con Ángel Rodríguez de la Borbolla cuando era alcalde, era el administrador de la empresa desde 1998, mientras que Rodríguez de la Borbolla fue apoderado además de socio en más del 50% a partir de 2003.
Según la Fiscalía, ambos acusados eran "sabedores de que la Junta de Andalucía, a través de la dirección general de Trabajo y al margen de procedimiento legalmente establecidos, podía otorgarle fondos públicos para obtener liquidez inmediata", por lo que consiguieron que el director de Trabajo Javier Guerrero -ya fallecido- beneficiara a la empresa con ayudas por importe de 3.003.036,21 euros.
De estos tres millones, 1,8 se correspondían con dos subvenciones para llevar a cabo la fusión definitiva de Corchos de Cazalla y Cortanza; y 1,2 millones eran una ayuda concedida en 2007 con el único fin de "potenciar el reforzamiento del tejido industrial, el empleo de calidad y el aumento del mismo desde una empresa transformadora de recursos endógenos", por lo que el Ministerio Público considera que "ninguna de las dos ayudas a la empresa tiene un objeto concreto y definido".
Un día después del convenio marco de 2001
La Fiscalía destaca que tan sólo un día después de la firma del convenio marco de 17 de julio de 2001 por el que se concedían las ayudas de la partida 31L, el director de Trabajo Javier Guerrero y el entonces presidente del IFA Antonio Fernández -luego consejero de Empleo- suscribieron ese 18 de julio un convenio en el que se ponía de manifiesto que "con el fin de propiciar la fusión definitiva de las entidades Corchos Cazalla y Cortansa, la dirección general de Trabajo encomienda al IFA la materialización singular de una ayuda hasta la cantidad de 200 millones de pesetas a la entidad Corchos de Cazalla".
La acusación pública sostiene que la concesión de las ayudas se realizó "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". Dice la Fiscalía que otras empresas vinculadas al corcho también recibieron otras ayudas: Servicios y Mantenimiento de Cazalla de la Sierra obtuvo "indebidamente" fondos públicos por importe de 601.012 euros; Corchos Higuera otros 601.012,10 euros; Enoworld recibió una ayuda excepcional de 1,2 millones. En total y según la Fiscalía, el conglomerado de empresas del corcho recibió un total de 8.408.096,42 euros.
En el juicio declararán como testigos los ex altos cargos que han sido excluidos de esta pieza, como los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, entre otros.
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