La Audiencia de Sevilla ha ordenado reabrir la investigación por la muerte en mayo de 2017 de un interno de la prisión de Sevilla-II, ubicada en Morón de la Frontera, que había denunciado que recibió una paliza presuntamente por cinco funcionarios de este centro penitenciario, al considera que el cierre de la instrucción ha sido "prematuro" y que deben practicarse nuevas pruebas, como que el forense emita un informe sobre las circunstancias de la muerte y que se tome declaración al que fuera compañero de celda del fallecido, así como a los funcionarios de la cárcel y al médico que lo atendió.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha celebrado la reapertura del caso y entiende que un asunto de esta naturaleza requiere una "investigación seria y pormenorizada" que esclarezca con detalle los acontecimientos que llevaron a la muerte a esta persona, según precisa la APDHA en un comunicado.

El suceso se remonta a mayo de 2017 cuando, según consta en las actuaciones que ha llevado a cabo el juzgado, la familia del preso interpuso una denuncia en la que describen que cinco funcionarios le propinaron una paliza que le causó diversas lesiones, como la “fractura del labio, el pómulo golpeado, la nariz fracturada, derrame en el ojo, bultos en la cabeza, imposibilidad de mover ambos brazos, dolor en la clavícula y dolor en el estómago”.

Ante el empeoramiento de salud del interno, la familia solicita al subdirector de la prisión de Morón de la Frontera que vaya a visitarlo un médico, pues tiene graves problemas respiratorios. Tras varios intentos sin éxito por parte del interno y de la familia para que acuda el médico, el 8 de junio amanece muerto en su celda.

A pesar de las denuncias interpuestas en comisaría y en el juzgado, y sin realizar la correspondiente investigación de los hechos, el Juzgado de Instrucción número 2 de Morón de la Frontera dictó auto de sobreseimiento “al considerar que no se encontraba justificada la perpetración de algún delito”, recuerdad la APDHA.

Sin embargo, tras la interposición de un recurso por parte de la familia, la Audiencia Provincial de Sevilla ha estimado que “el cierre de la fase de instrucción ha sido prematuro”, ya que considera necesario examinar, entre otras cuestiones, que por parte del forense, con los datos obrantes en la causa, el examen de la historia clínica del interno, los resultados del informe de la autopsia y las manifestaciones de los médicos del centro penitenciario sobre las dolencias del interno, explique "si el relato contenido en el informe del centro penitenciario sobre el actuar del interno el 20 de mayo resulta compatible con las lesiones que refiere la denuncia, y caso de no corresponderse, explique la forma de causación de las mismas".

La Audiencia también ha ordenado que si las lesiones que dice la denuncia que pudo tener el preso el día 20, la evolución de las mismas "llevaría a ser detectada el día de su fallecimiento", así como "cualquier otro tipo de informe que esclarezca el hecho denunciado que con libertad de criterio considere el instructor o las partes".

El tribunal considera asimismo que "pudiera ser de interés para el esclarecimiento de los hechos que se le tomara declaración al compañero de celda/módulo del interno, si lo tuvo, por si pudiera haber presenciado algún tipo de episodio como el que refiere la madre en la denuncia".

La madre del preso denunció el 23 de mayo de 2017 que su hijo le había llamado por teléfono y le había comunicado que el 20 de mayo, sobre las nueve de la noche, cinco funcionarios le habían propinado una paliza provocándole las lesiones mencionadas, y así afirmó que "su hijo le decía que estaba muy aquejado a raíz de la paliza, por lo que sabe que su hijo ha fallecido por la brutal paliza que ha recibido".