"Los autos de exclusión de los altos cargos que han sido juzgados en el denominado procedimiento específico se dictaron siguiendo el criterio establecido por la Ilustrísima Audiencia Provincial, Sección Séptima, en numerosas resoluciones que desoye el Ministerio Público", asevera Bolaños, que añade que una vez que esos autos de exclusión iban siendo confirmados por la Audiencia, la Fiscalía Anticorrupción volvía a "plantear de nuevo la misma cuestión solicitando que se traiga al procedido como investigado a la persona excluida con auto firme de la Audiencia, petición que se deniega y se recurre en reforma y apelación", provocando "en términos del mismo Ministerio Público que los procedimientos estén indefinidamente en tramitación".

Además, esto provoca una "carga injustificada de trabajo que retrasa y obstaculiza el buen funcionamiento del juzgado y, por ende, obstruye el buen funcionamiento de la Justicia", denuncia.

En cuanto a la macrocausa de los avales de la agencia Idea, Bolaños asegura que la denuncia de la Fiscalía respecto a que retrasó "deliberadamente" y en contra del criterio de la Audiencia la práctica de determinadas diligencias es una afirmación "totalmente falsa y tergiversadora de la realidad de las actuaciones procesales acontecidas". De esta forma, prosigue la instructora, "no se aprecia ninguna irregularidad en esta causa, sino que vuelve a existir una diferencia de criterios entre el Ministerio Fiscal y la instructora. En todo caso, se trata de una cuestión jurisdiccional".

Hechos falsos, incompletos o no tan trascendentes

Como conclusión, Bolaños sostiene que la denuncia de los fiscales incluye un relato táctico que puede catalogarse en tres grupos: "Hechos íntegramente falsos; hechos incompletos de forma intencionada y, por ende, también falsos; y hechos que, siendo ciertos, no comportan la gravedad o trascendencia que se pretende entrever en el mencionado escrito".

De esta forma, la juez señala que la intención de la denuncia de la Fiscalía era "aperturar un expediente disciplinario sin base alguna que lo sostenga, llegando a torcer y tergiversar gravemente la realidad al antojo de sus redactores y firmantes con la finalidad de aparentar una realidad no existente, como así ha acreditado la unidad inspectora del CGPJ".

Para la instructora, las acusaciones del Ministerio Público a su actuación en las macrocausas son "completamente inveraces, infundadas, injustas y vulneran la dignidad, el honor, la consideración y el respeto debido a esta magistrada".

"El ataque frontal que llevan a cabo los citados funcionarios resulta incomprensible, atendiendo la realidad del procedimientos, más allá de disparidad de criterios puramente jurisdiccionales entre la instructora y el Ministerio Fiscal que, en ningún caso, podría justificar la acción entablada por los mismos. Pudiera inferirse que el ánimo de tal actuación sería encuadrable, bien, dentro de una suerte de pueril desquite o, en su lugar, en un intento de forzar cambio del Magistrado Instructor designado por el CGPJ o, incluso más allá, cuestionar su autoridad y legitimidad de forma pública y notoria, como así se plasmó en la Nota de Prensa que -en su momento- fue emitida a los medios de comunicación; o, incluso, pudiera ser que todo ello al mismo tiempo", añade.

En cualquier caso, la juez considera que se trata de una actuación intencionada. "Resplandece que los Fiscales responsables no yerran de forma anecdótica, sino que su relato es consistentemente inveraz y conscientemente incompleto. No cabe encuadrar tal acción como consecuencia de una negligencia o simple error, cuando la realidad es que tal queja, tal escrito -de principio a fin- resulta insostenible e inveraz".

La juez pide en su denuncia a la Fiscalía General del Estado que se acuerde la apertura de un expediente disciplinario contra los siete fiscales mencionados, de acuerdo con el decreto 437/1969 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Estatuto del Ministerio Público y otras disposiciones.

La magistrada considera que la actuación de los fiscales pueden constituir hasta faltas disciplinarias graves,  por la "grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados" o el "atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración".