Los teléfonos móviles del resto de implicados en el asesinato y desaparición de Marta del Castillo no se analizarán definitivamente. El Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite el recurso de amparo que presentaron los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, contra la decisión del juez de analizar los teléfonos móviles de las personas que estuvieron implicadas y fueron finalmente absueltas.

La abogada de la familia, Inmaculada Torres, recurrió al tribunal de garantías al considerar que se produjo una modificación del auto del juez de Instrucción número 4 de Sevilla, que inicialmente había permitido el análisis de todos los teléfonos -incluidos los de Javier Delgado, hermano de Miguel, su novia, Samuel Benítez y Javier García Marín, el Cuco- y después aclaró que sólo se podían examinar los terminales de Miguel Carcaño y de Marta del Castillo, todo ello en relación con el informe pericial que ha elaborado Manuel Huerta, CEO de la empresa Lazarus, tras clonar el teléfono de Miguel Carcaño, y que acaba de ser entregado en el juzgado. 

Según han confirmado a este periódico fuentes judiciales, el Tribunal Constitucional ha inadmitido la demanda de la familia de Marta porque entiende que "no se ha agotado la vía judicial" para acudir en amparo, por lo que ni siquiera entra en el fondo de la cuestión ni analiza los argumentos presentados por la letrada de los padres. Y todo ello a pesar de que la familia había recurrido la decisión del juez ante la Audiencia de Sevilla e incluso presentó un incidente de nulidad con carácter previo a acudir al tribunal de garantías.

La demanda de amparo alegaba que se había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la negativa a examinar los teléfonos de los otros implicados, algo que la tecnología actual permite analizar con una "precisión diferente" y que podría llevar a encontrar el paradero de Marta, por lo que consideraba que se estaba dejando a la familia en una situación de "manifiesta indefensión" al limitar la investigación para encontrar los restos de la joven a "los teléfonos titularidad de una sola persona, pues lo cierto es que el de Marta del Castillo ni siquiera fue encontrado, y ello después de haberse dictado diez meses antes una resolución que accedía a investigar los datos crudos de los teléfonos de todas las personas que estuvieron investigadas por su participación en los hechos".

La familia argumentaba asimismo que no se estaba intentando "volver a instruir" el caso del asesinato de Marta, sino que sólo se trataba de encontrar los restos de la joven, y para ello consideraba que era posible el análisis de los teléfonos de los otros implicados, incluido el del Cuco, que fue condenado por encubrimiento y falso testimonio en relación con este caso.

Tras este nuevo varapalo judicial, la familia tiene todas las esperanzas puestas en el informe pericial entregado esta misma semana en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla por el perito Manuel Huerta, CEO de la empresa Lazarus, quien aseguró en su día que gracias a este análisis se han descubierto nuevos "posicionamientos" de Miguel Carcaño. Según el perito, el informe pericial es "bastante denso" e incluye diversos apartados como la información que se ha podido extraer del terminal, cómo se han contrastado los datos y las conclusiones a las que se ha podido llegar.

El perito considera que se trata de una información "útil", si bien señaló que será finalmente la Policía y el juzgado los que deben valorar que se trata de hechos "relevantes o fundamentales" para la investigación. Según el experto, se trata de una información que "no figuraba antes".

El teléfono móvil intervenido a Carcaño es el Motorola U9, de los antiguos de concha, y ha permanecido todos estos años retenido en la cárcel de Sevilla-II hasta mayo de 2021, cuando la dirección de la prisión se lo entregó a la Policía Nacional una vez autorizada la práctica de esta prueba por el juez. Fue el propio Miguel Carcaño, quien en una carta remitida a la abogada de la familia de Marta el 2 de agosto de 2020, Inmaculada Torres, ofrecía su colaboración para esclarecer la “verdad de lo ocurrido” y para ello autorizaba incluso la “revisión de su móvil”.

Lo normal es que una vez que el juzgado y la Fiscalía examinen el informe pericial de Lazarus pueda encargarse la práctica de alguna diligencia al grupo de Homicidios de la Policía Nacional, la unidad que ha llevado a cabo las últimas actuaciones relacionadas con la búsqueda del cuerpo en una zanja y un pozo de la carretera de la Rinconada.

Miguel Carcaño sigue pidiendo salir de prisión

Mientras tanto, el único condenado por el asesinato de Marta sigue intentando salir de prisión. Miguel Carcaño, que cumple una condena de 21 años y tres meses de prisión en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), ha vuelto a solicitar que se le conceda un permiso de salida, algo que hasta ahora la junta de tratamiento de la cárcel ha rechazado cada vez que lo ha solicitado. Y son ya más de una treintena de veces las que el joven, que ahora tiene 34 años, ha pedido uno de estos permisos.

La última vez que pidió que se le conceda uno de estos permisos fue en verano pasado, siéndole igualmente rechazado, motivo por el que el joven ha presentado incluso un recurso ante la Audiencia de Ciudad Real contra dicha denegación. 

Miguel Carcaño lleva desde 2009 privado de libertad, primero como preso preventivo tras su detención y posteriormente cumpliendo su condena. Inicialmente estuvo en las cárceles sevillanas, mientras tenía que estar a disposición del juzgado que investigaba el caso y luego de la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento, y una vez que fue condenado pasó a cumplir la pena en el centro penitenciario manchego.

Para la concesión de un permiso es necesario un previo “informe preceptivo” del equipo técnico de la prisión, y ese informe será desfavorable cuando, “por la peculiar trayectoria delictiva, la personalidad anómala del interno o por la existencia de variables cualitativas desfavorables, resulte probable el quebrantamiento de la condena, la comisión de nuevos delitos o una repercusión negativa de la salida sobre el interno desde la perspectiva de su preparación para la vida en libertad o de su programa individualizado de tratamiento”, según recoge el artículo 156 del reglamento penitenciario.

En el caso de Carcaño, la junta de tratamiento ha considerado hasta el momento que no reúne los requisitos para acceder a estos beneficios, tratándose de un caso en el que además sigue sin aparecer el cuerpo de Marta. El joven acabará de cumplir su condena en mayo de 2030. Ésta es la fecha de su hipotética salida de prisión, en caso de que no reciba ningún beneficio penitenciario –como el tercer grado– durante el cumplimiento de la condena de 21 años y tres meses de cárcel.